Arremetida de las altas cortes contra la ley de equilibrio de poderes

Arremetida de las altas cortes contra la ley de equilibrio de poderes

Corte Constitucional conoció posiciones en contra y a favor. Académicos piden control a magistrados.

Arremetida de las altas cortes contra la ley de equilibrio de poderes
31 de marzo de 2016, 01:56 am

Los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado se alinearon ayer con el exfiscal Eduardo Montealegre en contra de la reforma de equilibrio de poderes, que elimina la cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara y, en consecuencia, establece controles efectivos sobre los altos dignatarios de la justicia.

En la audiencia pública que tuvo lugar este miércoles en la Corte Constitucional sobre la demanda contra la reforma, los voceros de los otros altos tribunales pidieron declarar la inexequibilidad de los cambios aprobados por el Congreso, mientras el Gobierno, la Procuraduría y voceros de la academia se pronunciaron a favor del contenido del acto legislativo.

Los primeros arguyen que los cambios al actual modelo de control supuestamente le restan autonomía a la Rama Judicial, mientras los segundos sostienen que no hay nada en la reforma que vaya en contravía de la Constitución.
La Corte Constitucional tiene que decidir dos demandas: una, interpuesta por el ahora exfiscal Eduardo Montealegre, y otra, por un ciudadano. Ambos sostienen que el acto legislativo supuestamente tuvo vicios de fondo y de forma en su trámite el año pasado.

En la audiencia, que duró casi nueve horas, expresaron su posición altos funcionarios de la Rama Judicial, magistrados, ministros, exministros, congresistas y académicos. Aunque lejos estuvieron de un consenso, el debate se llevó en completa calma.

En la mañana, Luis Fernando Velasco, presidente del Senado, y Alejandro Ordóñez, procurador general, coincidieron en que la reforma no afectó sustancialmente a la Constitución. Ordóñez dijo que el reajuste institucional contribuye a una mejor relación entre las tres ramas del poder público “mediante un sistema de pesos y contrapesos” efectivos que, por cuenta de la inoperancia de la Comisión de Acusaciones, no ha existido en Colombia en las últimas décadas. El Procurador, quien se ausentó de la sala luego de su presentación, dijo que la duda sobre la conexidad de los temas que recogió la reforma es razonable, por la multiplicidad de conceptos que ocupó el acto legislativo, pero sostuvo que la alegada violación al principio de unidad de materia referente a tres asuntos en particular (el sistema de gobierno, la administración de la rama judicial y el control disciplinario de los funcionarios públicos) no se dio porque “estos temas tienen relación con el resto del articulado”.

Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, centró su intervención en explicar la tesis contraria. Para él, en la reforma no existió unidad de materia porque el equilibrio de poderes solo hace ajustes en el funcionamiento de un poder, por lo que considera se deberían dejar por fuera “los aspectos de la reforma que tienen que ver con ajustes internos de la rama, incluidos los nuevos requisitos para ser magistrado y los conflictos de competencias”.

Más tajante, la recién elegida presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, criticó la reforma en su totalidad y aseguró que el poder legislativo se extralimitó en sus funciones, en detrimento de la rama judicial.
Cabello argumentó que hubo una sustitución del “orden constitucional” al decidirse la supresión del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura y la creación, en su reemplazo, de un órgano “sustancialmente diferente”, el Consejo de Gobierno Judicial. También se declaró en contra de cambiar las reglas de juego al sistema de investigación y juzgamiento de altos funcionarios de la justicia. Sin embargo, es precisamente el cambio en la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios lo que más destacan los partidarios de la reforma.

Rodrigo Uprimmy, exdirector de Dejusticia, dijo en la audiencia que “al acercar el juzgamiento de altos funcionarios al del ciudadano común se avanza en el Estado de Derecho”. El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra también defendió la Comisión de Aforados y resaltó que representa un avance en administración de justicia efectiva frente al modelo que existe hoy.

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