Voces que piden a Corte mantener el equilibrio de poderes son mayoría

Voces que piden a Corte mantener el equilibrio de poderes son mayoría

Este miércoles es la audiencia clave sobre la reforma en la Corte Constitucional.

Voces que piden a Corte mantener el equilibrio de poderes son mayoría
30 de marzo de 2016, 01:10 am

“El nuevo esquema de investigación y juzgamiento de aforados no sustituye los principios del Estado de Derecho ni de separación de poderes. Por el contrario, los fortalece”. “La reforma quita la ‘Espada de Damocles’ que pendía sobre las Cortes permanentemente y que, si bien nunca fue usada como retaliación política, hubiese podido serlo en cualquier momento. Ahora se creó un tribunal independiente que tiene origen en el propio poder judicial”.

Con este tipo de conceptos, que piden mantener la reforma al equilibrio de poderes –aprobada por el Congreso el año pasado–, la Corte Constitucional inició el análisis de dos demandas que piden tumbar esa normativa: la del exfiscal Eduardo Montealegre, y la del ciudadano Carlos Santiago Pérez Pinto.

Aunque hoy, en una audiencia pública, la Corte escuchará los argumentos de los demandantes, y de presidentes de las altas Cortes, congresistas y académicos, al alto tribunal ya han llegado ocho conceptos a favor de esa reforma.

El Gobierno, la academia, representantes del Congreso y hasta el Procurador enviaron posiciones que defienden la legalidad de esa normativa, que modificó la administración de la justicia y la investigación y el juzgamiento de altos funcionarios, con el fin de hacer efectivo su control.

En su concepto, el procurador general Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte que se declare inhibida en esta demanda considerando que “no es competente para hacer un control de fondo” de actos reformatorios que aprueba el Legislativo. Esto porque “una reforma constitucional que fue aprobada por los representantes del pueblo o incluso con una participación directa de este, no puede ser declarada inconstitucional por una mayoría simple de jueces que son elegidos democráticamente”, dice Ordóñez en el documento.

En caso de que la Corte decida estudiar las demandas, Ordóñez pidió mantener la mayoría de sus artículos. Dice que no es cierto, como sostiene Montealegre, que la reforma haya tenido una naturaleza distinta a la que fue aprobada, ni que se hayan añadido ‘micos’ en los debates de la segunda vuelta.

Ordóñez dice que la reforma “en realidad sí da cuenta de las normas que contiene”, pues está encaminada a “regular la administración de una de las ramas del poder público y su interacción con las otras ramas, de tal forma que sí tienen como finalidad contribuir al equilibrio de poderes”.

Además, asegura que los reclamos del exfiscal frente a que la Comisión de Aforados sustituye la Constitución “no están llamados a prosperar”, pues dice que la Comisión ahora es un organismo que hace parte de la Rama Legislativa y que ahora tiene el poder que antes debía realizar la cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara.

En lo único en lo que estuvo de acuerdo con el exfiscal fue con lo relacionado al procedimiento de investigación en la Comisión de Aforados para acusar disciplinariamente a magistrados de altas cortes y al Fiscal. En estos casos, la Comisión debe acusar ante la Cámara de Representantes, y la decisión de esa corporación es apelable ante el Senado, pero contra esta decisión no procede ningún recurso ni acción.

Para la Procuraduría, el hecho de que el Senado sea el órgano de cierre “priva a los disciplinados de poder controvertir sanciones graves como la suspensión o la destitución por vicios sustanciales que podrían afectar sus derechos fundamentales”.

Sobre este punto, la Secretaría Jurídica de Presidencia tiene una opinión distinta. Dice que no se viola el debido proceso porque “el sistema jurídico debe poner fin al litigio en algún momento”.

Además, rechazó la crítica que Montealegre le hace a la reforma porque eliminó el antejuicio político. Según el concepto de la Secretaría, Montealegre desconoce que el Congreso tomó esa decisión por “considerarlo fuente de impunidad frente a violaciones de la ley por parte de los servidores públicos”.

También dice que la Comisión de Aforados no crea una excesiva concentración de poder en el Congreso. Para la Secretaría, este es un organismo independiente que tendrá “funciones de investigación y acusación de los servidores públicos, superando en materia penal el prejuicio de juez y parte que tantas veces se endilgó al sistema de la Comisión de Acusaciónes”.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el Ministerio del Interior también abogaron por la normativa. Reyes sostiene que los temas regulados fueron ampliamente discutidos en los cuatro debates y que la normativa no perdió de vista su objetivo. Incluso, citó jurisprudencia de la época de Montealegre, como magistrado de la Corte Constitucional, para defender su tesis de que el Congreso puede unir en sus reformas varios temas.

Reyes agrega que el actual sistema fortalece la separación de poderes porque “protege a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de investigaciones sobre el contenido de sus decisiones”, ya que nunca más podrá ser acusado un magistrado de prevaricato por adoptar una decisión que otra autoridad considera contraria a la ley.

El Ministerio del Interior se manifestó en el mismo sentido y dijo: “Por fin la Constitución ahora precisa que la responsabilidad de los magistrados es de naturaleza jurídica y no de naturaleza política”.

Angélica Lozano, representante a la Cámara, presentó un concepto en el que pide mantener la reforma, afirmando que la Comisión de Aforados es “idónea e imparcial para investigar a los aforados” y dijo que reemplazará a la Comisión de Acusaciones que mantenía “una sistemática y reiterada violación de los derechos fundamentales”. Anexó un concepto según el cual “en cerca de un año y cuatro meses, ese organismo solo sesionó doce veces, y únicamente en seis pudo votar algunos proyectos”.

Alfredo Beltrán Sierra, en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, dice que la reforma “mantuvo incólume el principio conforme al cual los altos funcionarios del Estado pueden ser sujetos de procesos disciplinarios y penales”.

El Observatorio de la Universidad Libre de Bogotá y la Academia Colombiana de Jurisprudencia también pidieron declarar exequible la reforma. Esta última institución dice que no es cierto que la Comisión de Aforados no tenga ningún control, contrario a lo que sostiene el exfiscal.

 

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