Ordenan crear comisión para tramitar casos de objeción de conciencia

Ordenan crear comisión para tramitar casos de objeción de conciencia

En máximo 15 días deben resolverse las solicitudes para no prestar servicio militar por esta causa.

Ordenan crear comisión para tramitar casos de objeción de conciencia
3 de marzo de 2016, 06:19 pm

Al discutir una tutela de Julián Enrique Rojas y otros ciudadanos contra el Servicio de Reclutamiento y Movilización, del Distrito Militar 19 de Buga, la Corte Constitucional tomó una importante decisión sobre la objeción de conciencia.

El alto tribunal le ordenó al Ejército que conforme una comisión interdisciplinaria del más alto nivel, que opere de manera permanente, para responder las solicitudes de ciudadanos que aleguen objeción de conciencia para no prestar el servicio militar. Este recurso se puede usar por razones éticas, políticas o religiosas.

Según la decisión de la Corte, la comisión debe tramitar y responder dichas solicitudes en un término no mayor a 15 días hábiles, analizando los argumentos de los ciudadanos.

La ponencia en este sentido fue del magistrado Alberto Rojas Ríos, y recibió cinco votos a favor y cuatro en contra.

Los magistrados que votaron en contra fueron Jorge Pretelt, Guillermo Guerrero, Alejandro Linares y Gloria Ortiz.

Pasos para objetar conciencia

Las personas que quieran ser reconocidas por el Estado como objetores de conciencia deben tener claros cuáles son los motivos por los que se niegan a prestar el servicio militar por esta causa.

El primer paso consiste en escribir una declaración ante las Fuerzas Militares en la que el ciudadano se presenta como objetor de conciencia, exponiendo sus argumentos éticos, religiosos o políticos. Esa solicitud se puede presentar durante el proceso de reclutamiento o, incluso, si ya fue reclutado.

La solicitud puede ser acompañada por organizaciones como la Defensoría del Pueblo.

La solicitud puede ser aceptada o negada por el Ejército que, en todo caso, debe argumentar las razones de su decisión.

Si la petición es rechazada, el ciudadano puede hacer uso de herramientas jurídicas como el derecho de petición, habeas corpus, habeas data o la tutela.

En una última instancia, el ciudadano puede presentar una demanda ante un juez.

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