Refutan críticas de Andrés Pastrana a acuerdo con las Farc

Refutan críticas de Andrés Pastrana a acuerdo con las Farc

Asesor del Gobierno en la negociación asegura que el narcotráfico será tratado como un delito común.

Refutan críticas de Andrés Pastrana a acuerdo con las Farc
29 de febrero de 2016, 03:29 am

El exmagistrado Manuel José Cepeda, quien hace parte del equipo jurídico que asesora al Gobierno en las negociaciones de La Habana con las Farc, salió ayer a responder los duros cuestionamientos que el expresidente Andrés Pastrana les hizo a los acuerdos en EL TIEMPO, este domingo.

El respetado jurista y expresidente de la Corte Constitucional afirma que una cosa “son las lecturas políticas del acuerdo, que son respetables en una democracia, y otra lo que el texto del acuerdo realmente dice”.

Pastrana dijo el domingo que el acuerdo sobre justicia transicional era un “leviatán” que se construyó en solo 72 horas y que con el mismo se suplantaron los elementos democráticos del actual sistema de justicia. En su opinión, se está creando una nueva institucionalidad para el país.

Cepeda, quien es uno de los arquitectos del modelo jurídico que se pactó en La Habana, responde en esta entrevista con EL TIEMPO cada uno de los cuestionamientos que hizo el expresidente conservador.

El expresidente Pastrana dice que ustedes en apenas 72 horas generaron ‘un leviatán’ que suplanta todos los elementos democráticos del sistema de justicia y destruye la institucionalidad...

Tengo el mayor aprecio por el expresidente Pastrana. Sus comentarios merecen ser analizados con total respeto.

En cuanto al tiempo, fueron por lo menos, de parte de los delegados del Gobierno, 250 horas de trabajo serio y cuidadoso a lo largo de cinco meses. Fueron cerca de 150 horas de trabajo de los miembros de la comisión técnica, 60 horas con los equipos jurídicos de Presidencia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa. A eso se le suman las reuniones internas de los tres abogados, y las periódicas con los plenipotenciarios y el jefe negociador. La comisión técnica se reunió por primera vez a finales de julio en La Habana. Luego hubo cerca de diez reuniones allá y en Bogotá. Viajamos por última vez a La Habana el 15 de diciembre, para asistir al acto formal de los dos jefes negociadores del acuerdo sobre protección de los derechos de las víctimas. El acuerdo de la JEP fue cerrado en la capital cubana a finales de noviembre por la mesa.

En cuanto al resultado, lejos de destruir la institucionalidad colombiana, el acuerdo dice exactamente lo contrario: se aplican la Constitución y las leyes colombianas. Primero, los miembros de las Farc serán investigados, juzgados y sancionados por una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es colombiana (punto 65). Esta será creada por los procedimientos previstos en la Constitución de Colombia. En otros conflictos, los tribunales han sido impuestos por la ONU, y creados por ella. Los ejemplos más conocidos son el tribunal para la ex-Yugoeslavia y para Ruanda. Segundo, la JEP en Colombia aplicará la legislación penal colombiana vigente al momento de la comisión del delito (punto 40). El país debería valorar en toda su dimensión lo que significa que un grupo armado que se rebeló contra las instituciones acepte someterse a una jurisdicción nacional para que se le apliquen las leyes penales colombianas que correspondan con graves crímenes internacionales.

Tercero, los que sean responsables de haber cometido delitos que comportan graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones del derecho internacional humanitario serán sancionados por el Tribunal para la Paz, “integrado por magistrados colombianos” (punto 65). Puede haber cuatro magistrados extranjeros, que no son permanentes, sino que ingresan a una sección del tribunal por sorteo cuando así sea solicitado para un caso específico.

¿El Tribunal para la Paz va a tener facultades supraconstitucionales? ¿Será, además, un tribunal constituyente? ¿Tendrá facultades constituyentes?

Claro que no. El acuerdo dice expresamente que la JEP se limita a administrar justicia, o sea, tan solo “ejerce funciones judiciales” (punto 9). No tendrá ni funciones constituyentes ni facultades supraconstitucionales. Las normas mediante las cuales sea creada la JEP, como es usual en Colombia, serán sujetas al control de la Corte Constitucional.

El expresidente asegura que ese tribunal podrá tomar medidas inapelables sobre las decisiones que puedan ser interpretadas como contrarias a los intereses de las Farc. ¿Eso es cierto?

El acuerdo dice expresamente lo contrario. Inclusive, las víctimas podrán interponer recursos contra las sentencias que desconozcan sus derechos fundamentales. Este recurso debe ser resuelto en 10 días (punto 52). Además, todas las resoluciones y sentencias pueden ser objeto de los recursos de reposición y apelación (punto 14). Hay una Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz especialmente prevista para decidir las apelaciones (punto 52). Ella unificará jurisprudencia y les pondrá fin en derecho a las controversias. Es importante subrayar que las salas y secciones de la JEP deben respetar el debido proceso y el derecho de defensa, así como los demás derechos fundamentales. Sus decisiones deben ser debidamente motivadas y basarse en pruebas confiables y admisibles ante tribunales de justicia.

Pastrana denuncia que ese tribunal, al ser una instancia de cierre, estará por encima de las altas cortes. ¿Es así?

Es cierto que el Tribunal para la Paz es el órgano de cierre, pero lo es solo de la Jurisdicción Especial para la Paz (punto 46). La JEP es una nueva jurisdicción, pero con una competencia restringida a los delitos relacionados con el conflicto armado. Las demás jurisdicciones seguirán funcionando normalmente. La Corte Suprema seguirá siendo la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria; el Consejo de Estado, el máximo juez de la jurisdicción contencioso administrativa y la Corte Constitucional, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Es muy importante que el Tribunal para la Paz les ponga fin a las controversias. Eso da seguridad jurídica. Nunca se consolidará la paz si los procesos en la JEP pueden ser reabiertos en cinco, diez o veinte años. De lo que se trata es de evitar la impunidad y pasar la página.

¿Qué tanto la JEP estará por encima de los compromisos del país en cuanto a DIH y derechos humanos?

De ninguna manera. El Estado (punto 12) y, por supuesto, la JEP está obligada a respetarlos. Primero, el deber de investigar, juzgar y sancionar los delitos según esos compromisos (punto 22). Segundo, los marcos jurídicos de referencia incluyen el DIH y los derechos humanos (punto 19). Tercero, las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones del DIH nunca podrán ser amnistiadas o indultadas por la JEP, sino que deben ser sancionadas (punto 40).

Dice el expresidente que el tribunal tendrá una jurisdicción prevalente, sin límite en el tiempo y por encima de la Constitución, que incluso condiciona al propio Poder Legislativo. ¿Es así?

La JEP, dentro de su órbita precisa de competencia, tiene una función prevalente. Ello es necesario para evitar el caos: si la JEP está conociendo de un delito, sería muy grave que en algún lugar del país un fiscal o un juez asumiera el conocimiento de ese mismo delito. Esto no significa que esté por encima de la Constitución, tan solo que se evitan procesos penales paralelos, lo cual generaría enorme desorden y confusión, así como inseguridad jurídica. La JEP debe terminar sus labores en un plazo razonable, ojalá corto.

¿Qué sucede si después de terminar sus funciones, alguien en Colombia decide reabrir un proceso ya juzgado por la JEP?

En el acuerdo se dice que una sección de estabilidad jurídica debe conocer de ese proceso y adoptar las decisiones del caso. Espero que nunca ocurra, pero si sucede, entonces se constituye de manera transitoria dicha sección. Una vez tomada la decisión, se desintegra.

¿Es verdad que en la JEP se queda el Congreso sin su atribución constitucional de conceder amnistías e indultos y el Presidente, sin su atribución constitucional de concederlos?

Las competencias del Congreso y del Ejecutivo son respetadas. Expresamente el acuerdo dice que debe haber una ley de amnistía (puntos 38, 40 y 41, entre otros). Esta debe precisar qué delitos son amnistiables y cuáles no lo son. Así como las reglas de transición para los que estén privados de la libertad. También debe indicar cómo se aplicará la conexidad, puesto que solo son amnistiables los delitos de rebelión, sedición, asonada y los conexos con ellos. Los delitos comunes no son amnistiables, como tampoco las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones del DIH. En la tradición colombiana hay muchas formas de aplicar la amnistía y el indulto. En este caso, una Sala de Amnistías e Indultos de la JEP aplicará la ley de amnistía e indulto, con esos límites. La figura se conoce en nuestra tradición jurídica como indulto impropio. La justicia constitucional ha respaldado esa figura en el pasado.

¿Qué tanto la unidad de investigación y acusación que se crea reemplazará a la Fiscalía?

Al contrario: el acuerdo les da pleno valor a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Por eso, uno de los momentos cruciales en el funcionamiento de la JEP es cuando la Fiscalía le presenta un informe de todas sus investigaciones, imputaciones y acusaciones atinentes, por ejemplo, a miembros de las Farc (punto 48 (b) ). Luego, la JEP puede apoyarse en la Fiscalía y pedirle que complemente el informe o ayude a esclarecer hechos, por ejemplo, mencionados por organizaciones de víctimas (punto 48 (k) ).

En la JEP habrá una Unidad de Investigación y Acusación, pero esta solo opera cuando un delito no haya sido reconocido por el presunto responsable (punto 51). Dicha unidad también partirá del informe de la Fiscalía, no iniciará una investigación de cero. La Fiscalía seguirá ejerciendo sus funciones después de presentado el informe, incluso respecto de delitos relacionados con el conflicto armado (punto 48 (j) ).

Pastrana dice que aquí puede haber un catálogo de impunidad en lo que tiene que ver con las penas. ¿Qué tanta impunidad habrá?

Este acuerdo se hizo para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. No habrá impunidad. Los graves delitos serán sancionados por el Tribunal con penas que van desde 20 años de prisión para el que no reconozca verdad y responsabilidad; y para el que sí reconozca oportunamente verdad y responsabilidad, hasta 8 años de restricción efectiva de la libertad acompañada de trabajos, obras y actividades para reparar a las víctimas (punto 60). Esas sanciones serán efectivas. Serán aplicadas en la práctica puesto que los sentenciados se habrán previamente sometido a la JEP, la cual solo entrará a funcionar cuando hayan dejado las armas (punto 38). Están sujetos a un régimen específico de vigilancia y seguridad, con monitoreo nacional o internacional (punto 62), en los lugares de habitabilidad y dignidad donde deberán residir para cumplir la sentencia. Además, habrá informes periódicos al Tribunal sobre la supervisión del cumplimiento de su sentencia. Y el Tribunal es quien certifica al final si su sentencia se cumplió (punto 53 (d) ). Para que haya impunidad se requeriría que los magistrados del Tribunal dejaran de ejercer sus funciones y responsabilidades. Eso no va a ocurrir cuando todo el país y la comunidad internacional tendrán puestos los ojos sobre el Tribunal.

Para el expresidente, el tratamiento que se le da en el acuerdo al tema del narcotráfico es un ‘mico’. ¿Cree eso?

De ninguna manera. El narcotráfico es un delito común. Por lo tanto, quienes se hayan concertado para cometer el delito de narcotráfico cometieron un delito común. Los delitos comunes no son amnistiables. Ahora bien, si un miembro de las Farc alega, por ejemplo, que cobró gramaje para financiar la rebelión, deberá cumplir varios pasos. Primero, reconocer que cometió el delito; segundo, ofrecer verdad plena, detallada y exhaustiva, y luego asumir la carga de la prueba para demostrar que no hubo lucro personal, sino que los recursos fueron destinados a financiar específicamente “el desarrollo de la rebelión” (punto 39). Las normas de desarrollo del acuerdo, en las cuales está trabajando el Gobierno, se ocuparán del tema. En caso de duda sobre la conexidad, se referirá el asunto a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz (punto 58 (c) ). Además, todo delito cometido con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo final, si tiene dimensión transnacional, puede conducir a la extradición. Es lo que llamamos el frenazo en seco.

Al ver la publicación del expresidente Pastrana, ¿cree que él está leyendo mal lo acordado hasta ahora con las Farc? ¿Está mal asesorado jurídicamente? ¿O definitivamente en La Habana se ha construido un ‘monstruo’, como él denuncia?

Una cosa son las lecturas políticas del acuerdo, que son respetables en una democracia, y otra lo que el texto del acuerdo realmente dice.

EL TIEMPO