'Menores desmovilizados de bandas criminales también son víctimas'

'Menores desmovilizados de bandas criminales también son víctimas'

Así lo estableció la Corte Constitucional, quien ordenó que sean reparados y reintegrados.

'Menores desmovilizados de bandas criminales también son víctimas'
22 de febrero de 2016, 03:28 pm

La Corte Constitucional estableció que los menores que han sido reclutados por bandas criminales también tienen derecho a la reparación integral.

Además, según la Corte, una vez hayan cumplido la mayoría de edad también pueden ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración Social de las personas desmovilizadas de grupos armados.

Así lo decidió la Corte al estudiar una tutela de la Defensoría del Pueblo que buscaba que a los menores reclutados por las bandas criminales también se les repare y se les permita iniciar en el proceso de reintegración. Esa posibilidad venía siendo negada, ya que para ser reintegrados económica y socialmente se les exigía un certificado de desvinculación del grupo ilegal, documento que expide el Comité Operativo para la Dejación de Armas.

Como las bandas criminales no soy reconocidas como un actor del conflicto armado, ese certificado no se les estaba dando a los menores desvinculados de estos grupos, por lo que no podían acceder a la reintegración. Los únicos que podían acceder a ese certificado eran los menores desmovilizados de grupos guerrilleros o paramilitares.

Según el alto tribunal, "la diferencia aludida genera en efecto un trato discriminatorio, contrario a los derechos a la igualdad y a la reparación", por lo que ordenó que los menores reclutados por las 'bacrim' también sean considerados víctimas.

"La corporación sostuvo que la condición de víctima de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, no puede determinarse con base en la calidad o condición específica del sujeto que incurrió en el hecho victimizante, sino a partir de la relación existente entre la situación generadora de la violación de los derechos y el marco del conflicto armado, contexto en el cual se ha considerado que las conductas atribuidas a los grupos posdesmovilización, entre ellas, el reclutamiento ilícito, han tenido ocurrencia en el ámbito del conflicto armado, dada su relación con la complejidad real e histórica", asegura el fallo de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Luis Guillermos Guerrero.

Así, la Corte ordenó: "La certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de Armas (CODA) se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado".

De esta decisión se apartó el magistrado Alejandro Linares, quien salvó su voto, y aseguró: "Los destinatarios específicos de esta disposición no están definidos en la ley, sino en un decreto reglamentario (decreto 128 de 2003) cuyo control no compete a la Corte Constitucional".

Por su parte, los magistrados Luis Ernesto Vargas y Gloria Stella Ortiz se apartaron de la decisión de manera parcial, pues afirmaron que si bien es cierto que la norma puede dar una lectura contraria a los derechos de los niños como víctimas de reclutamiento, por parte de bandas, afirmaron que "los términos tan amplios del condicionamiento extienden demasiado el ámbito del proceso a cargo del CODA con el riesgo de que se aplique a grupos armados ilegales no sujetos a las reglas del Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado interno existente en el país".

JUSTICIA