Archivo

'Colombia no es un tema prioritario para la Corte Penal Internacional'

Experto en el funcionamiento de la CPI dice que ese tribunal no es un riesgo para los acuerdos.

JUSTICIAfebrero 21 de 2016, 10:36 P.M.

Kai Ambos, experto en derecho penal internacional y partícipe, en 1998, en la elaboración del Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional, estuvo en Colombia para hablar de justicia y de paz.

Ambos, de origen alemán, habló con EL TIEMPO sobre los desafíos que tiene Colombia en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz y sobre el papel de ‘coco’ que algunos sectores le quieren dar a la CPI frente al proceso con las Farc.

Usted conoce las reglas de la Corte Penal Internacional. ¿Comparte lo que dice el procurador Alejandro Ordóñez, en el sentido de que las condiciones bajo las que está planteada la Jurisdicción Especial, sobre todo en el tema de las penas, no pasarán el examen de la CPI?

Los documentos del proceso de paz dicen que hay una pena máxima de 20 años en casos de un no reconocimiento de los hechos y pena de 5 u 8 años para el sí reconocimiento. La pena alternativa no es invento de este acuerdo, es algo que se usó en el proceso de paz del gobierno Uribe con las autodefensas. Aquí la pregunta es si el Derecho Internacional tiene estándares concretos para crímenes internacionales. La Corte Interamericana, por ejemplo, dice que ese tipo de crímenes debe recibir una sanción adecuada. Nunca ha dicho que sean 20, 30 o 10 años. Si tomamos el Estatuto de Roma, tenemos la pena temporal de 30 años y la cadena perpetua. Pero, la diferencia es que Colombia no es una institución internacional, es un Estado.

¿Eso qué implica?

No existe una regla en Derecho Internacional que le diga a un Estado que tiene que poner una pena específica. Además, el acuerdo dice que no va a haber amnistía. La línea roja del delito político y delito conexo es el crimen internacional, y eso está claro en el acuerdo. Como teórico reconozco que todo depende de la implementación. Se puede escribir mucho en el papel, pero lo importante es cómo se va a hacer.

¿Podría decirse que las dos únicas condenas que ha interpuesto la CPI en sus 13 años de vida son una muestra de que su posible intervención es un miedo infundado?

Ese temor es totalmente exagerado. Este acuerdo tiene otros riesgos más grandes que la CPI. Tiene un gran problema en el mecanismo de legitimación; en este momento no sabemos si el 13 por ciento de la población va a estar de acuerdo con él. Y hay otros problemas en la implementación. Hay que resolver cómo va a ser acceso a la justicia, cómo se puede hacer la reforma agraria, etc. Son tantos retos que Colombia tiene que resolver que yo no me preocuparía tanto por la CPI.

¿Cuál es el reto principal de la Jurisdicción Especial para la Paz?

El gran tema del acuerdo va a ser la implementación y cómo podemos integrar a las víctimas. Yo propondría por ejemplo un estatuto de víctimas que establezca concretamente cuáles son sus derechos, que diga que pueden tener un abogado pagado por el Estado, cosas así. Las víctimas deben tener una participación muy fuerte en la Comisión de la Verdad, en la que necesitamos colombianos con una muy alta reputación, un comité de personalidades sobre cuya integridad no exista ninguna duda. También es un reto la elección de los jueces, que deben ser jueces con independencia, integridad y objetividad. Si eso no se cumple, va a ser el fracaso del tribunal. El componente internacional es importante, pero solo funcionará si tienen buenos colombianos en ese tribunal.

¿Cree entonces que lo que hay hasta ahora de la Jurisdicción Especial tiene legitimidad ante la comunidad internacional?

Claro. Ustedes los colombianos tienen una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es también muy difícil que la Corte ignore que la comunidad internacional está aquí, lista para apoyar al país. Colombia no es prioritario hoy para la CPI. Con tantos problemas en Medio Oriente y los casos africanos, Colombia no va a aparecer en primera plana. Sería algo absurdo si en un país que busca terminar un conflicto con una guerrilla como las Farc hubiera una intervención de una instancia como la CPI.

Con respecto a la aplicación de justicia, ¿cómo ve usted el proceso que se hizo con los paramilitares?

Tenemos que distinguir entre la norma y la realidad. La Ley 975 no me parece mala, si bien el gobierno de la época quería una ley sin pena. En ese entonces, solo para recordar, funcionarios de ese gobierno no querían saber nada de la CPI, y es la misma gente que hoy evoca a la Corte Penal. Pero más allá de eso, la Ley 975 tenía muchos problemas de implementación. Uno de los problemas fue que no hubo una priorización de casos. Otro gran problema es que todo se basó en la versión libre de los ex-Auc. O sea, el Estado no presentó su versión de los hechos, como en teoría va a hacerse en este proceso.

JUSTICIA

Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

JUSTICIAfebrero 21 de 2016, 10:36 P.M.