La ola de tutelas es otro golpe al negocio petrolero en Colombia

La ola de tutelas es otro golpe al negocio petrolero en Colombia

Hay cerca de 11 procesos similares al que falló la Corte en favor de la comunidad awá en Putumayo.

La ola de tutelas es otro golpe al negocio petrolero en Colombia
19 de febrero de 2016, 12:48 am

A las continuas preocupaciones que tiene la industria petrolera por los efectos que puedan ocasionar en su actividad los bloqueos de comunidades, los cuales solo bajaron hacia el final del año pasado (en total fueron 473) se suma ahora un nuevo motivo de angustia, que puede tener un efecto mayor en el desempeño del sector.

Se trata de las acciones de tutela que cursan ante diferentes tribunales y despachos judiciales, incluidas las que estudia la Corte Constitucional, cuyo número ya llega a 11 casos, de los cuales unos siete se concentran en el departamento del Putumayo. (Lea también: Corte frena proyecto petrolero en Orito, Putumayo)

El año pasado, la producción de crudo de este departamento cayó 20,6 por ciento por factores sociales y de seguridad (bloqueos más ataques), al producirse 39.980 barriles por día en promedio, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Aunque la decisión que tomó hace dos semanas la Corte Constitucional, al fallar en favor de una comunidad indígena awá de Orito, tiene una incidencia que puede verse pequeña, porque se trata del cierre de dos pozos de un campo de producción de Ecopetrol y Pacific (antes Petrominerales) que produjo el año pasado 2.980 barriles diarios, la preocupación de las empresas del sector es más de fondo.

Fuentes conocedoras de los procesos ante los tribunales le dijeron a EL TIEMPO que las tutelas han sido presentadas entre el 2013 y el 2015, y que en todos los casos las compañías cumplieron con las normas sobre consulta previa vigentes cuando emprendieron los proyectos de exploración y luego de producción. Incluso, en varios de estos las autoridades certificaron que para el momento de solicitud de la licencia ambiental no había presencia de comunidades dentro de los límites del proyecto.

En otros casos, las petroleras involucradas hicieron la consulta previa a los grupos étnicos que fueron certificados en sus áreas de influencia, por lo que, a juicio de las firmas, no es viable la consulta con aquellos grupos étnicos que no se ven impactados en su territorio por las actividades operacionales, pues a ello se llegó tras las visitas de verificación del Ministerio del Interior.

El punto es que en las demandas se pide suspender las operaciones hasta que se hagan las consultas previas, lo que no solo frenaría la producción sino que implicaría un golpe financiero fuerte para las firmas, incluida Ecopetrol, que –como se sabe– han resultado fuertemente afectadas por el desplome en los precios del petróleo. Además, el temor es que estas acciones jurídicas se masifiquen en otras zonas de producción.

Según la ANH, además de la estatal petrolera, las otras firmas que operan en el Putumayo son Gran Tierra Energy, Petrotesting, la china Emerald Energy y Vetra, de inversionistas venezolanos, que sería otra de las demandadas.
Se prevé que la Corte Constitucional aborde y falle otros casos similares, toda vez que cuatro han surtido la primera y segunda instancia y fueron admitidos por el alto tribunal para revisión.

Freno en seco

Dentro de la industria petrolera se comenta que si crece el número de fallos que ordenan realizar las consultas previas, se frenarían inversiones que vienen de varios años atrás por un tiempo considerable.

De hecho, un estudio de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), realizado a mediados del año pasado, arrojó que llevar a cabo una consulta previa en comunidades puede tomar casi un año (359 días) en promedio, pero hay casos en los cuales los tiempos han superado los 800 días.

El análisis, fechado en mayo del 2015, se hizo con una muestra de 52 firmas afiliadas al gremio y Ecopetrol (no es afiliada), entre julio del 2013 y diciembre del año pasado.

El análisis mostró que, en promedio, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) tardaba 37 días en responder las solicitudes, mientras que las certificaciones del Ministerio del Interior, con verificación en campo, se tomaban 137 días, tiempo que sin verificación bajaba a 40 días.

Cada proceso es particular; se encontraron tanto procesos cuya duración fue de 78 días, como otros que tardaron 838 días. Desde diciembre del 2013, el desarrollo de estos ha venido reduciendo su tiempo de duración”, señala el documento.

Y si bien el Ministerio del Interior ha señalado que entre el 2010 y el 2014 el proceso ha mostrado un mejoramiento del 71 por ciento en su ejecución, al pasar de un promedio de 24 a 7 meses, para el estudio del año pasado, que abarcó 94 procesos identificados, el promedio fue de 12 meses, lo que implica un avance de solo el 5 por ciento frente al estudio anterior.

Caso atípico en Casanare

Además de los casos que cursan ante la Corte Constitucional, en las regiones se han dado polémicos fallos que incrementan la incertidumbre en el sector por la inseguridad jurídica. Uno de estos es el proceso identificado con el expediente 2013-106, el cual se tramitó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul (Casanare).

Allí, el demandante interpuso una tutela en la que in- voca su derecho fundamental a la salud por el ruido generado por un taladro. Aunque la compañía demostró que la distancia entre la máquina y la casa era la reglamentaria y los niveles de ruido estaban dentro de lo permitido por las normas vigentes, el juez falló a favor del demandante, señalando que así el ruido no excediera los topes, sí perturbaba al accionante y ordenó implementar medidas de mitigación, que llevaron a la petrolera a construir mamparas para aislarlo.

Asimismo, el año pasado, el juez Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja le ordenó a Equión, filial de Ecopetrol, entregar la copia de un contrato a una firma que prestó servicios a un contratista de la petrolera, que le había incumplido pagos. Lo anterior a pesar de estar de por medio el secreto comercial.

Las tutelas contra la industria petrolera se dan en las mismas regiones con mayor número de solicitudes de consultas previas, como Putumayo, La Guajira y Meta, en los que hubo 24, 26 y 8 solicitudes en el estudio realizado por la ACP

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios