Investigan muerte de 37 niños por efectos de la minería en Chocó

Investigan muerte de 37 niños por efectos de la minería en Chocó

Comunidades denuncian que han fallecido decenas niños indígenas por el consumo de agua contaminada.

Investigan muerte de 37 niños por efectos de la minería en Chocó
4 de febrero de 2016, 02:04 am

Los conceptos que reconocidos expertos ambientalistas y toxicólogos entregarán a la Corte Constitucional sobre el real estado de los ríos en el Chocó será clave en una trascendental decisión que ese tribunal tendrá que tomar en una tutela en la que las comunidades de la región denuncian la muerte de 37 niños indígenas como consecuencia del consumo de agua contaminada.

La Sala sexta de revisión de tutelas de la Corte no solo admitió ese recurso presentado por comunidades del Chocó sino que ordenó que se practicaran unas pruebas de fondo para establecer el impacto de las grandes explotaciones de minerales que hay en la cuenca del río Atrato “y en qué medida la implementación de estos proyectos podrían llegar a amenazar la salud de las comunidades étnicas y campesinas que habitan la zona”.

La Sala, conformada por los magistrados Jorge Iván Palacios, Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas Ríos, le puso la lupa a la grave denuncia la cual señala que, como consecuencia del vertimiento de mercurio en los ríos del departamento, se desató una crisis ambiental que ya le costó la vida a tres niños de las comunidades Quiparadó y Juinduur y a 34 emberas katío. Las muertes se registraron, según la denuncia, entre el 2013 y el 2014 en zonas aledañas a Riosucio y al río Andágueda.

Los denunciantes aseguran que por cuenta de la actividad minera y la explotación forestal se está generando un grave daño en la cuenca del río Atrato cuya agua “es usada para el consumo directo, es la fuente principal para la pesca y para las actividades agrícolas de las comunidades”.

La situación, dicen los demandantes, afectaría también los ríos Quito, Andágueda, Bebará y Bebaramá, y se estaría traduciendo en “crisis ambiental, que ha tenido efectos dramáticos en la pérdida de vidas de población infantil indígena y afrodescendiente”.

La Corte fijó plazos de hasta 20 días para que las organizaciones requeridas entreguen sendos informes sobre el tema.

Las universidades de Los Andes, Rosario, Nacional, Javeriana, entre otras y el Instituto Humboldt deben explicar los efectos de la actividad minera y la tala sobre el río Atrato y qué posibilidades de recuperación tendría ese ecosistema.

A la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Acnur y el programa de ONU para el Desarrollo se pidió entre otros temas que aclaren “cuáles son los estándares internacionales y normativos de protección de áreas de gran biodiversidad”.

El grupo de investigación de toxicología de la Universidad de Cartagena tendrá que aclarar los efectos del mercurio, el cianuro y otras sustancias usadas en la extracción del oro sobre la salud humana. Y a la FAO se le pidió establecer si esa actividad representa una amenaza para “la supervivencia física, cultural y la seguridad alimentaria” de esas comunidades.

JUSTICIA