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El chavismo adopta el sabotaje como táctica en el nuevo parlamento

Con menos de una semana de labores, oficialismo ya pidió desconocer decisiones de Asamblea Nacional.

No tenía ni 48 horas de instalada la nueva Asamblea Nacional venezolana, liderada por mayoría opositora por primera vez en 17 años de ‘revolución bolivariana’, cuando ya el partido de gobierno solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la desconozca como poder constituido y que “ilegalice” sus decisiones.
La máxima vocería del oficialismo, con Diosdado Cabello a la cabeza, pidió incluso que no se le envíe presupuesto para su funcionamiento y que las leyes, acuerdos y sanciones que promueva no se publiquen en la Gaceta Oficial.
En la sesión de instalación, el 5 de enero, el “bloque de la patria” apenas duró una hora en el hemiciclo de sesiones y casi lo mismo en la primera sesión ordinaria, el miércoles, marchándose casi en desbandada acusando a la nueva junta directiva de actuar al margen de la Constitución.
En la primera señalaron que en la instalación se inició un debate “no permitido por el reglamento”, y en la sesión ordinaria lo hicieron en rechazo a la juramentación de los tres diputados opositores del estado Amazonas, suspendidos por la Sala Electoral del máximo tribunal, alegando fraude.
Una juramentación que para el chavismo es razón suficiente para mandar a pasear al nuevo legislativo, de cuyas pocas decisiones ha decidido ponerse al margen.
Se negó a integrar la comisión designada para revisar el procedimiento con el que fueron elegidos 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ por el antiguo parlamento y afirmó que no pujarán por la presidencia de alguna de las 15 comisiones permanentes, aunque la mayoría opositora estaba de acuerdo en permitirle tres.
“Lleva tanto tiempo el chavismo aplanando con su mayoría que no tiene idea de cómo es la labor parlamentaria, negociar todo, especialmente cuando se es minoría”, comenta una veterana periodista que cubre la fuente desde hace más de 20 años.
Pero esta semana, así como el oficialismo ha dejado en claro su estrategia frontal –o su dificultad para asimilar su nueva condición–, la oposición abrazó la defensa del espacio conquistado, aunque evitando aceptar que existe un “choque de poderes”.
El viernes recordó que el artículo 200 de la Constitución protege con inmunidad parlamentaria a todos los diputados desde el momento de su proclamación y mostró una decisión del TSJ que favoreció a Hugo Chávez cuando no pudo juramentarse como presidente en el 2013 por razones de salud, alegando que nada puede interponerse sobre lo decidido con votos.
“Al ejercerse el sufragio entra en juego un valor fundamental que atañe al altísimo papel que ha reconocido a la voluntad popular como manifestación del ejercicio de la democracia participativa y protagónica”, dice la decisión 1680 de la Sala Constitucional y que establece jurisprudencia: “Cualquier pretensión de anular una elección y/o desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucional expresa (…) implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una técnica operativa”.
La confrontación alcanzó otros niveles de dificultad cuando se viralizó en las redes sociales, y a través de los medios oficiales, un video del presidente de la nueva Asamblea, Henry Ramos, ordenando descolgar y sacar del Palacio Legislativo todas las imágenes alusivas a Chávez y una imagen reinterpretada del rostro de Simón Bolívar, aceptada solo por la militancia revolucionaria.
Aunque algún sector de la oposición calificó el video como una “provocación innecesaria”, toda coincidió en que era necesario despersonalizar los espacios del parlamento. El oficialismo, en cambio, lo consideró una ofensa de tal magnitud que, además de un acto cívico-militar de desagravio (con epítetos de fascista e irrespetuosa a la “Asamblea burguesa”), prometió forrar “cada esquina” del centro de la ciudad con afiches del Libertador y el “comandante eterno”.
La oposición pidió disculpas por la forma como retiraron las imágenes de Chávez y de Bolívar.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas.
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