'Que las Farc se esculquen para reparar a las víctimas'

'Que las Farc se esculquen para reparar a las víctimas'

MinDefensa dice que respaldo de las FF. MM. a justicia transicional es un empujón para el proceso.

'Que las Farc se esculquen para reparar a las víctimas'
26 de diciembre de 2015, 10:14 pm

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explica el modelo de justicia que cobijará a los militares que cometieron delitos en medio del conflicto y dice que el Estado está preparado, desde ya, para financiar los gastos de las Farc y lograr así que ese grupo deje de buscar recursos en el narcotráfico y la extorsión.

¿Qué garantiza que en 15 o 20 años no habrá un juez que diga que va a revisar el modelo de justicia para los militares propuesto por el Gobierno?

Este es un subsistema de desarrollo legal que muestra exactamente los límites de esa jurisdicción especial para los agentes del Estado. Es una decisión unilateral del Estado, no es una decisión negociada en La Habana con las Farc, y por lo tanto necesita un desarrollo legislativo propio, pero con una altísima viabilidad política.

Este subsistema tiene dos características para evitar lo que ustedes plantean. La primera, el ser absorbente: recoge todas las demás causas que estén abiertas para el mismo inculpado en la jurisdicción penal ordinaria, la jurisdicción penal especial, en la justicia penal militar y en el régimen disciplinario. Eso significa que alrededor de ese imputado habrá un cinturón jurisdiccional de decisión de cosa juzgada: sobre ese imputado y esos hechos que revisará el tribunal especial no habrá posibilidad de reabrir el caso.

Y segunda característica: es latente. Esta justicia permanece latente así haya acabado su trabajo, su función. Así, si dentro de 20 años aparece una persona en Tunja poniendo una denuncia contra el soldado Villegas, el juez de Tunja dice: ‘No, señor, el soldado Villegas estuvo en justicia transicional. Váyase para Bogotá, allá hay una oficina en la Corte Suprema donde aún está latente la justicia transicional’. Y esa oficina dirá: ‘No, señor: a este soldado ya se le cerraron todas las causas abiertas, de manera que no le aceptamos su denuncia’. Eso sucederá siempre, dentro de 20, 30 o 40 años.

Eso da muy alta seguridad jurídica; permite corregir el error que cometimos como país hace 30 años, cuando no se vinculó a los agentes del Estado a las legislaciones extraordinarias aprobadas para la guerrilla desmovilizada. Por ahí vemos casos recientes y que aún se están definiendo. De manera que todo esto garantiza ese blindaje, porque la instrucción del Presidente es que para poder terminar el conflicto definitivamente tiene que haber una solución para los desmovilizados y una solución para la Fuerza Pública y los agentes del Estado.

¿Qué tanta participación tuvieron los militares activos en la formulación de este modelo de justicia?

Lo primero que hice al llegar fue indagar sobre cómo estaba la comunicación entre las Fuerzas y la Mesa de Diálogo, y me dediqué a que esa comunicación fluyera, fuera en tiempo real, que participáramos de los debates entre ciclos y se nos permitiera mantener un equipo de trabajo que el Presidente había instituido hacía tal vez un año con juristas muy importantes y con los asesores jurídicos de las Fuerzas y del Ministerio. Tuvimos centenares de horas de trabajo en las que pudimos, finalmente, construir este esquema, que está ya hoy definido y que estará a disposición de los agentes del Estado.

Uno de los grandes orgullos que tengo yo como ministro en estos seis meses es poder constatar el apoyo de las Fuerzas a este sistema, y por la vía del sistema al proceso de paz. Yo creo que ese apoyo le da una inmensa viabilidad a la terminación de la negociación.

¿Había algún punto que les preocupara particularmente a los militares?

Uno que está de primero (en el documento). El Presidente lo anunció hace tres años y medio: las actuaciones de la Fuerza Pública se presumen legales, las actuaciones de la guerrilla se presumen ilegales. Esa es la gran diferencia entre la aplicación de la justicia para las Farc y para los agentes del Estado.

Si los militares pagarán pena en cárceles propias, ¿qué garantiza que no veremos de nuevo casos como el del famoso ‘Tolemaida Resort’?

El compromiso dice textualmente que en aquellos casos en los que haya sanciones privativas de la libertad primará el fuero carcelario de las Fuerzas Armadas. Es decir, pagan esas sanciones privativas de libertad intramuros. He visitado esas instalaciones ahora, con motivo de las fiestas de fin de año, y son instalaciones que están aisladas, que tienen régimen carcelario, que tienen celdas, que tienen horarios, disciplina. No es, pues, el ‘Tolemaida Resort’ de hace unos años. ¿Cuál es el privilegio? Que son solo para militares y policías. Para esas sanciones privativas de la libertad va a haber fuero carcelario, y eso también va a ser una diferencia entre las Farc y los agentes del Estado. Para los casos en los cuales el tribunal no imponga sanciones privativas, sino penas restrictivas de la libertad para hacer restauración, habrá un reglamento que habrá que expedir.

¿Cómo será la reparación?

Pienso en desminado, mantenimiento de bienes públicos, docencia en escuelas de los sitios más apartados; cosas de ese estilo que hagan que la acción de ese miembro de la Fuerza Pública sea vista por la sociedad como una retribución por actuaciones que, según el tribunal (para la Paz), rompían el orden legal, pero que eran de menor intensidad. Sobre eso se expedirá un reglamento, el Gobierno lo presentará a la instancia legal que se escoja para volver ley ese compromiso, pero eso ya está claro. Sobre el desminado, yo creo que es una de las responsabilidades más graves que vamos a tener después de firmado (el acuerdo). Se dice que somos el segundo país con más explosivos artesanales en el mundo: vamos a pasar de 600 soldados entrenados para desminar a 10.000 de aquí a marzo, pero ni así va a ser suficiente.

¿Habría desminado conjunto?

No creo que vaya a haber una acción conjunta de Farc y los miembros de la Fuerza Púbica en desminado; por lo menos en los primeros tiempos, no solo no es posible, sino que no es conveniente. No me parece conveniente juntarlos pues, además, hay suficiente territorio con minas como para que estén juntos.

¿Cuántos militares irían a la Justicia de Paz?

Lo que tenemos son 1.000 condenados y alrededor de unos 3.000 con investigaciones. No hay delitos excluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz; la condición es que ese delito tenga conexión directa o indirecta con el conflicto. Si no tiene conexión, se queda en la justicia en la que esté.

‘Iván Márquez’ acaba de decir que las Farc no tienen recursos para pagar la reparación de todas sus víctimas, y volvió a ponerle peros a la entrega de armas...

En materia de plata, lo único que digo es que se esculquen bien; eso es necesario porque en los acuerdos está que hay reparación que tendrían que hacer de sus propios recursos. Lo segundo es que en materia de armas, cualquiera que sea el verbo que se use, lo importante es que haya interrupción permanente y supervisada, comprobable, entre las Farc y su armamento. Si eso lo quieren llamar dejación, entrega, renuncia, suspensión, como quieran. Farc armadas y haciendo política, eso no lo va a permitir el Gobierno. Cualquiera que sea la modalidad que impida que las Farc tengan control sobre su armamento para hacer política es bienvenida, no me interesa la fórmula. Pero que eso tenga verificación, que sea visible, que sea comprobable. Ya el Presidente dijo que iba a pedir el apoyo del Consejo de Seguridad. Entiendo que se está en discusiones con las Farc para hacerlo conjuntamente en enero.

¿Y si las Farc piden que venga Unasur?

Eso tiene que ser de común acuerdo; entonces, yo creo que lo del Consejo de Seguridad se hace cada vez más viable. Esperemos que sea en conjunto con las Farc.

Usted ha denunciado que las Farc siguen en extorsión y narcotráfico. El semisumergible que cayó esta semana en Ecuador llevaba droga de las Farc. ¿No es hora de que esos hechos terminen?

Yo lo he dicho públicamente: estamos listos en el Gobierno a hacer un esfuerzo en cooperación con la comunidad internacional para que las Farc dejen de delinquir. Y si el argumento para delinquir es que necesitan ingresos para sostenerse, buscamos cómo sea posible su mantenimiento, de alimento, de aseo, de ropa. Eso se puede hacer. Esperamos que nos avisen: ‘A partir de mañana dejamos de extorsionar, de hacer minería criminal, de dedicarnos al narcotráfico’. Está acordado con ellos en La Habana que toda manifestación de delito será perseguida por el Estado a través de sus Fuerzas Armadas, eso está dicho conjuntamente. Allí donde estén extorsionando, allí donde estén con minería criminal, allí donde haya narcotráfico, ahí se encontrarán con la Fuerza Pública. Es lo que hemos hecho en estos meses de cese unilateral.

O sea, hay que acelerar la concentración…

Pues (a las Farc) no les gusta el verbo concentrarse, pero también lo pueden cambiar por cualquier otra cosa. Pero ese tema de focalizar en sitios especiales a quienes se van a desmovilizar no obedece a un deseo. Esto es una necesidad práctica de seguridad: mientras más focalizados estén, más niveles de seguridad les podemos garantizar.

Usted decía que a aquellos que sigan en la extorsión, con la minería, con el narcotráfico, allá les va a llegar la Fuerza Pública. ¿Es un mensaje para los guerrilleros que se quieran aliar a las bandas criminales?

Sí, señor, clarísimo. Yo espero que la disciplina que ha mostrado en todo el componente militar de las Farc se mantenga también en la firma y que tengamos una sorpresa grata de que la disidencia es poca. Habrá disidencia, eso es indudable. Pero yo sí aspiro a que el tamaño de esa disidencia sea correspondiente a las expresiones de disciplina que hemos visto.

JUSTICIA