Cerca de 15 mil civiles ligados a 'paras' irían a modelo transicional

Cerca de 15 mil civiles ligados a 'paras' irían a modelo transicional

Cobijaría personas que hicieron parte de redes de apoyo a grupos ilegales y también a parapolíticos.

Cerca de 15 mil civiles ligados a 'paras' irían a modelo transicional
24 de diciembre de 2015, 01:43 am

Al menos 15.000 casos que involucran a civiles que habrían participado del conflicto armado, con la promoción o apoyo financiero de grupos armados ilegales, podrían ser procesados por el nuevo modelo de justicia para terceros, anunciado el martes por el presidente Juan Manuel Santos. (Lea: Justicia transicional será para 'civiles determinantes' en la guerra)

El fiscal encargado y vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, afirmó que esa cantidad de investigaciones provienen de compulsas de copias de la ley de Justicia y Paznormativa con la que se desmovilizaron los paramilitares y que también lleva casos contra estructuras guerrilleras–.

De esa totalidad de casos de los últimos 10 años, dijo Perdomo, hay 1.079 sentencias condenatorias, 78 absolutorias, 1.189 en juicio y próximas a sentencia y 2.200 órdenes de captura vigentes.

Perdomo advirtió que si bien el nuevo Tribunal Especial para la Paz no podrá juzgar casos de paramilitares –porque estos grupos ya tienen procesos y condenas en Justicia y Paz–, “sí podrían participar personas que contribuyeron al paramilitarismo sin haber sido parte de las estructuras de las autodefensas”. También los civiles que han hecho parte de las “redes de apoyo de las Farc o del Eln”. (Además: Corte mantiene a 'Monoleche' en Justicia y Paz pero revoca su libertad)

En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló que si bien lo que se pretende es cobijar principalmente a los civiles que hayan apoyado a las Farc, hasta este momento no hay una prohibición expresa para que los beneficios se extiendan a los que hicieron lo mismo con los ‘paras’.

Así, esa puerta parece abrirse para políticos como Álvaro el ‘Gordo’ García Romero y Salvador Arana Sus, quienes no solo utilizaron electoralmente a los paramilitares en Sucre, sino que fueron condenados por participar en sus crímenes. Si no se establece cortapisa en este tema, ellos podrían buscar una rebaja a las condenas de 40 años que pagan, respectivamente, por la masacre de Macayepo y el asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Díaz. (Además: Corte Suprema tumba la condena por narcotráfico impuesta a Mancuso)

El vicefiscal Perdomo indicó este miércoles que, tal y como lo afirmó el presidente Santos, el modelo no busca juzgar a todos los ciudadanos que hayan colaborado con las Farc y otros grupos armados, ni a quienes hayan tenido acercamientos “con fines humanitarios”, sino a los civiles que participaron “de manera determinante”.

En este sentido, un exmagistrado de la Corte Constitucional afirmó que desde el punto de vista probatorio “aún no hay reglas claras para diferenciar quién tuvo una relación con las Farc como víctima de una extorsión, quién pagó para obtener seguridad que no le prestó el Estado, o quién lo hizo de manera voluntaria y decidida”.

Sobre este punto difiere Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Restrepo asegura que a diferencia de lo que ocurrió con Justicia y Paz, en donde, a pesar de las grandes contribuciones que hizo en materia de verdad, el modelo “no era confrontacional, sino que se basaba en la colaboración de los paramilitares”, el nuevo Tribunal para la Paz “tiene dientes, garrote y zanahoria”.

Según Restrepo, a diferencia de las salas de Justicia y Paz, el nuevo modelo de justicia tiene salas de investigación y acusación y les da facultades a las víctimas para denunciar, “lo que podría facilitar avanzar en procesos no solo contra civiles involucrados, sino también contra militares y guerrilleros”. Además, “les ofrece beneficios a quienes sean hallados culpables, según su nivel de responsabilidad”. (Además: Esta será la ruta para reparar a las víctimas y finalizar la guerra con las Farc)

Agrega que las salas que investigan tienen el poder preferente de pedir información a la Fiscalía para el juzgamiento, pero también de solicitar fiscales delegados que sean quienes acusen, como pasa hoy en la Corte Suprema de Justicia.

Sobre las sanciones que deberían recibir los civiles que sean hallados responsables, el exprocurador Jaime Bernal afirmó que el proceso en su contra, más que penal, debería ser resarcitorio. (Lea: Human Rights Watch critica acuerdo de justicia de Gobierno y Farc)

“En su caso, no solo vale la pena hacer un proceso diferente, sino que se les debe imponer sanciones principalmente económicas para reparar a las víctimas”, dijo Bernal Cuéllar.

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