Consentimiento para dar a hijos en adopción es inválido si hay pruebas

Consentimiento para dar a hijos en adopción es inválido si hay pruebas

Medicina Legal debe evaluar si padres con enfermedades mentales son idóneos para decidir en el tema.

9 de diciembre de 2015, 05:26 am

La Corte Constitucional resolvió una demanda contra un artículo del Código de Infancia y Adolescencia que decretó que el consentimiento de un padre o madre para dar en adopción es inválido cuando les aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica a los progenitores.

Aunque el alto tribunal dejó la norma tal y como está (la declaró exequible) condicionó su aplicación. Aseguró que si bien se puede invalidar el consentimiento de los padres cuando estén enfermos mentalmente, esto sólo se puede realizar cuando exista un concepto de Medicina Legal que certifique que los padres no están en capacidad de tomar una decisión idónea legalmente por su enfermedad.

La demanda manifestaba que dicha ley violaba el derecho fundamental a la familia y a no ser separado de ella, así como los derechos de los niños y de las personas en estado de discapacidad.

Al analizar el caso, la Corte concluyó que la norma no hace “distinciones sobre la clase de discapacidad de que se trata, de si es una enfermedad mental relativa o absoluta, curable o incurable”. La corporación aseguró que la norma tampoco es clara sobre la capacidad mental y jurídica de este tipo de personas “que, aún padeciendo estas discapacidades, pueden realizar una manifestación de voluntad válida civilmente e idónea para la adopción con el lleno de requisitos de ley”.

Para la Corte, aunque esta ley busca una finalidad legítima, como es que el Estado pueda proteger a los menores y adelantar un proceso de adopción sin consentimiento de los progenitores cuando se amenaza su vida, integridad y bienestar por el grado de enfermedad psicológica de sus padres, no es clara en precisar de qué grado debe ser esa enfermedad. Por eso se hace necesaria la evaluación y el concepto de Medicina Legal.

“La Corte consideró que la norma, tal como está formulada por el legislador, termina por afectar la protección a la institución de la familia y el derecho a no ser separado de ella, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevalencia del interés superior del menor de edad, así como los requisitos para la adopción, ya que se configuraría un trato desigual y discriminatorio para las personas en estado de discapacidad en razón de la misma y desconocería por tanto los derechos de los padres que se encuentran en situación de discapacidad”, aseguró la Corporación.

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