Piden declarar inconstitucional financiación de salas de descongestión

Piden declarar inconstitucional financiación de salas de descongestión

Para la Procuraduría su costo en la Corte Suprema supondría eliminación de dependencias de la Rama.

26 de noviembre de 2015, 10:18 pm

La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma sobre la financiación de las salas de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En el trámite que adelanta el alto tribunal en el cual se evalúa la constitucionalidad de un proyecto de ley que crea estas salas, argumentó que la vía para financiarlas no es el adecuado ya que supondría la supresión o modificación de otras dependencias de la Rama Judicial.

El Ministerio Público indicó que al adoptarse este mecanismo para costearlas “se produciría un represamiento judicial mayor al actual y pondría en riesgo el derecho fundamental a la administración de justicia”.

Este proyecto modifica la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia pues altera de manera transitoria la conformación de Corte Suprema, y en particular, la de la Sala de Casación Laboral al crear 12 plazas más de magistrados.

El objeto es solucionar el problema de congestión que existe en ese despacho a través de cuatro salas nuevas integradas cada una por tres magistrados. Con esta ley se espera que los magistrados produzcan cerca de 4.500 sentencias al año, y así, que en ocho años se descongestione la Sala.

Para pagar a estos 12 nuevos magistrados, a juicio del organismo de control, “habría que eliminar, como mínimo, 20 magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, muy posiblemente de la misma área laboral, o su equivalente en magistrados auxiliares de las altas cortes”.

Las medidas de descongestión aplicadas anteriormente a los juzgados y tribunales laborales, en los que se han aumentado los fallos que llegan hasta la casación, serían la causa del represamiento en sede de este recurso extraordinario que estudia el máximo organo de la jurisdicción ordinaria laboral.

A pesar de considerar que los mecanismos de financiación adoptados en el proyecto para la descongestión laboral contrarían el derecho fundamental al acceso a la justicia, la Procuraduría no se opone a que la creación de esas salas, en sí misma, deba ser declarada constitucional ya que el resto del articulado lo encuentra ajustado a la Constitución.

Finalmente, ante el hecho notorio del déficit en materia de dependencias que tiene la Rama Judicial, según la entidad, el Gobierno Nacional y el Congreso son los que deben habilitar otras fuentes de financiación.

JUSTICIA