Editorial: La familia contemporánea

Editorial: La familia contemporánea

El fallo de la Corte que permitió la adopción a parejas LGBTI es un paso en el camino a la igualdad.

8 de noviembre de 2015, 01:49 am

Se ha estado diciendo que el miércoles pasado, gracias al fallo histórico de la Corte Constitucional sobre la adopción por parejas del mismo sexo, los homosexuales colombianos dieron un paso enorme en su camino a la igualdad, pero lo cierto es que fue la sociedad entera –iluminada por el coraje de la comunidad LGBTI– la que consiguió reparar una de sus más evidentes injusticias. Es cierto, como se afirma, que un día no muy lejano se verá este logro como se ve hoy la abolición de la esclavitud o la implantación del voto para la mujer: como la escandalosa prueba de toda la inhumanidad que se ha permitido la humanidad, como un paso mínimo fuera de un estado de cosas a todas luces injusto. Entre tanto, se puede celebrar que esta sociedad cada vez tenga más claro que la orientación sexual no tiene que cerrar puertas ni negar derechos.

La votación en la Corte Constitucional, con 6 votos a favor y 2 en contra de declarar constitucional el Código de la Infancia y la Adolescencia con tal de que la orientación sexual no defina la idoneidad de quien se encarga del menor, es la prueba de que el debate que se había estado dando en la calle, en los medios y en la academia no les fue ajeno a los magistrados. Era hora de que se reconociera no solo que las familias no responden a modelos implantados e incumplidos desde tiempos inmemoriales, sino que tienen razón los serísimos estudios que durante muchos años venían insistiendo en que los roles masculinos y femeninos han cambiado, los niños comprenden su entorno social desde muy pequeños y la crianza de padres homosexuales ni trastorna ni entorpece el libre desarrollo de la personalidad.

Si han sido posibles estudios psicológicos como esos es porque, igual que las familias sin padre y aquellas otras atípicas, los padres del mismo sexo son un hecho desde hace mucho tiempo. Cada quien está en su derecho de construir la familia para la que fue educado, la familia en la que cree, pero está en la obligación de respetar, también, las demás formas de entender, de vivir la vida. En el mundo se ha segregado por mucho tiempo por razones –que hoy suenan imposibles– como el sexo, la raza o la condición social. Es hora de que sea claro que la orientación sexual no puede contar a la hora de calificar a una persona para hacer parte de las dinámicas de la sociedad.

En el 2010, cuando se llevó a cabo el acalorado debate a raíz de la adopción de dos niños colombianos por el periodista norteamericano Chandler Burr, fue evidente que esta sociedad aún estaba aprendiendo a hablar sobre estos temas. Un conocido sacerdote llegó a sugerir que un par de menores que se acercaban en ese entonces a la adolescencia eran una tentación enorme para un hombre homosexual, y luego habló de decadencias. Se sabe que los dos hijos, que, dicho sea de paso, pocas perspectivas tenían cuando Burr viajó hasta Colombia a adoptarlos, han tenido una vida feliz en los Estados Unidos.

En el 2011, cuando la Corte reconoció, mediante la sentencia C-577, que las parejas del mismo sexo formaban un núcleo familiar, comenzó a abrirse la posibilidad de que los homosexuales –ciudadanos como cualquiera al fin y al cabo– pudieran presentarse a los engorrosos trámites de adopción. Se dejó en manos del Congreso –tarea, por cierto, incumplida– la regulación de las uniones entre personas del mismo sexo, y quedó claro que los jueces y los notarios podrían sellar vínculos con los mismos efectos legales que traen los matrimonios heterosexuales.

En el 2014, luego de una tortuosa espera de cuatro años, una profesora universitaria consiguió que la Corte le reconociera su derecho a adoptar a la hija biológica de su esposa. Catorce meses después, la misma corporación ha reconocido, sobre la base de los estudios y la ajustada interpretación de la Constitución, que las parejas homosexuales puedan presentarse a hacer los mismos trámites que las demás para adoptar niños que están esperando un hogar, alrededor de 5.000 según el ICBF.

Muchos han reaccionado, como debe ser, celebrando que el país se la haya jugado por la convivencia, por los derechos que entraña la vida democrática. El ICBF ha dicho, faltaba más, que acatará las disposiciones de la Corte: no sobra, sin embargo, que sus procesos para entregar un niño en adopción dejen de tardar lo que tarda una infancia, que el futuro de los huérfanos deje de estancarse, como si se tratara de cualquier papeleo, en las oficinas bienintencionadas de ese instituto, que tiene tan a la mano las nuevas realidades de la nación.

Otros, no obstante, han reaccionado como si el país estuviera cometiendo un pecado. Se han propuesto referendos contra los derechos de las minorías. Se ha llamado, desde la Iglesia, a la desobediencia civil, es decir, a un inesperado irrespeto por las instituciones del Estado. Y se hace necesario, entonces, un llamado a la prudencia, a evitar los discursos de odio y a respetar –sin perder de vista la compasión ni los principios de la democracia– el largo proceso que ha llevado a la Corte Constitucional a reconocer que la realidad es el pluralismo.

EDITORIAL
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