Actuación frente a masacre de El Aro enreda a Uribe 18 años después

Actuación frente a masacre de El Aro enreda a Uribe 18 años después

Se investigaría si el senador tiene responsabilidad "por no tomar medidas necesarias para evitarla".

Actuación frente a masacre de El Aro enreda a Uribe 18 años después
7 de octubre de 2015, 12:28 am

El Aro es un corregimiento del municipio de Ituango (Antioquia), considerado tiempo atrás por los paramilitares como una zona de influencia guerrillera.

Desde la cabecera municipal una persona puede tardarse hasta 12 horas a lomo de mula para llegar a El Aro, con lo que no es difícil imaginar la poco o nula presencia del Estado. En 2011, por ejemplo, la única autoridad que había en el corregimiento era un joven cura que iba cada tres meses y que, a pesar de fungir como consejero y dirimir algunos problemas entre la población, debía “permanecer callado” ante los grupos ilegales que llegaban al pueblo a comprar hoja de coca.

En los meses anteriores a la masacre, por la que hoy sería investigado el senador Álvaro Uribe –entonces Gobernador de Antioquia-, los paramilitares habían hecho varias incursiones a lugares cercanos y habían advertido a los pobladores sobre lo que podría ocurrir.

Como El Aro era considerada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) zona de influencia guerrillera, ese sábado 25 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares se llevó a varias personas a la plaza central -en su mayoría gente que se dedicaba a actividades del campo y la ganadería-, acusándolas de ser colaboradora de las Farc.

La mezcla era perfecta. Un pueblo lejano, desprotección absoluta de la fuerza pública y la sevicia de los verdugos que durante 7 días sometieron y humillaron al pueblo, asesinaron a 17 campesinos, robaron más de 1.000 cabezas de ganado, redujeron el corregimiento a cenizas, destruyeron el hospital y la iglesia y desplazaron a cerca de 1.200 personas.

No es la primera vez

La supuesta presencia del helicóptero de la Gobernación de Antioquia en el lugar, es un hecho que ha sido corroborado por varios testimonios de exparamilitares, y que relacionaría a ese ente departamental, entonces en cabeza de Uribe, con la masacre.

Varios sobrevivientes del hecho aseguraron a las autoridades que un helicóptero amarillo habría disparado varias ráfagas de tiros contra la población. El teniente Carlos Gañán Sánchez, en ese momento comandante de la Policía de Ituango, dijo a la Fiscalía que había visto a la aeronave artillada sobrevolando la zona, y que tenía la orden de “no enviar a ninguno de sus hombres a la zona rural debido a la situación de orden público”, según un informe de verdadabierta.com, publicado en 2008.

Testimonios de exparamilitares como Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, y Salvatore Mancuso, confirmaron la presencia del helicóptero y, más grave aún, aseguraron que la masacre se había cometido con el apoyo de militares y de Policía de la zona.

Los jefes paramilitares Carlos Castaño y el propio Mancuso fueron condenados en abril de 2003 a 40 años de prisión como autores intelectuales de esta masacre. En el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por no haber tomado las medidas necesarias para impedir que la masacre se produjera.

El fallo ordenó el pago de una indemnización de cerca de 1’426.000 dólares a los familiares de las víctimas, un poco más de 3.500 millones de pesos.

Esta decisión sería la segunda que se toma en contra de Uribe Vélez por este caso. De aceptar el pedido de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia deberá indagar si el expresidente tiene alguna responsabilidad en la masacre “por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la toma paramilitar”, afirmó el fiscal general, Eduardo Montealegre.

En declaraciones a Noticias RCN, el senador aseguró las “acusaciones de los falsos testigos” habían sido desvirtuadas por el CTI de la Fiscalía “hace ya bastante tiempo”.

Así mismo, más temprano, Uribe afirmó que está "acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales", y que la Fiscalía había buscado a un "criminal", haciendo referencia a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, para ser "testigo electoral". El líder del Centro Democrático, además, recordó que 'Don Berna' fue extraditado en su mandato presidencial.

"Como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi Gobierno, en calidad de testigo electoral en mi contra", manifestó el senador a través de Twitter. Además, también desde esa red social, agregó: "Poco serio el Fiscal que repite como verdad lo que le dijo 'Don Berna', tenebroso criminal a quien extradité".

Sobre la supuesta presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, Uribe dijo: "Los helicópteros del Servicio Aéreo de Salud de la Gobernación de Antioquia han sido manejados con absoluta pulcritud por todos los gobernadores; la nómina de pilotos, médicos, administrativos, ha sido una nómina de lujo. Yo lo que encontré en ese Servicio Aéreo de Salud lo preservé, nunca hicimos un solo cambio".

Finalmente, será la Corte Suprema de Justicia la que decida si se abre la investigación al expresidente, tras la solicitud del Fiscal.

ELTIEMPO.COM