Penas alternativas no gustan a todas las víctimas de las Farc

Penas alternativas no gustan a todas las víctimas de las Farc

Varias coinciden en que lo más importante es que la guerrilla reconozca sus delitos.

Penas alternativas no gustan a todas las víctimas de las Farc
24 de septiembre de 2015, 02:23 am

La posibilidad de que los guerrilleros que reconozcan sus delitos tengan penas restrictivas de libertades y derechos, que no necesariamente impliquen ir la cárcel, fue recibida con reservas por varias de las víctimas del conflicto.

Este miércoles, luego de que se conocieran los acuerdos en materia de justicia logrados entre el Gobierno y las Farc, las víctimas de la violencia de la guerrilla, de los paramilitares y de las bandas criminales expusieron sus puntos de vista.

El general (r) Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado 12 años por las Farc y que en octubre del 2014 estuvo en La Habana junto con 11 víctimas de la violencia, aseguró ayer que es clave que la justicia transicional que se plantee, que podrá incluir la posibilidad de darles a guerrilleros penas que no sean de cárcel, parta “de la satisfacción de las víctimas” en el proceso.

“Uno de los puntos más importantes es que las Farc reconozcan a sus víctimas y el daño que han causado, haciendo un acto de contrición, de mea culpa. En el momento en que haya sinceridad de su parte, cuando reconozcan que han sido victimarios, ayuden a buscar desaparecidos, entreguen a todos los secuestrados, den garantías de reparación y no repetición, las víctimas van a estar de acuerdo en que se les dé una pena que no implique la prisión”, dijo Mendieta.

Una posición similar tiene Gloria Salamanca, quien lleva 9 años buscando a su hijo desaparecido por las Farc en Nariño. “Yo acepto que los miembros de las Farc que reconozcan sus delitos no vayan a prisión. Pero somos 7,5 millones de víctimas del conflicto, entre ellas miles de desaparecidos. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Yo sé que alguno de los guerrilleros debe saber qué paso con nuestros familiares, dónde están sus restos. Queremos cerrar ese duelo”, declaró Salamanca, quien es líder de las víctimas de desaparición.

Propuso que una posible sanción para quienes no sean enviados a prisión sea la obligación de “trabajar en agricultura en las tierras donde sembraron tanto dolor”.

Entre tanto, Farid Alberto Usme, representante de la Mesa de Víctimas en Antioquia, quien fue desplazado del municipio de San Carlos en 1999 cuando los paramilitares asesinaron a 18 de sus habitantes, señaló que no es posible contemplar algún tipo de condena que no incluya la prisión.

“No estoy de acuerdo con que se les den penas en las que no vayan a la cárcel. Quienes son acusados por crímenes de lesa humanidad tienen que ir a prisión porque la justicia tiene que estar por encima de cualquier acuerdo. Si no van a la cárcel, para mí esto implicaría impunidad”.

A pesar de que en la declaración de ayer no se habló sobre las solicitudes de extradición contra los jefes guerrilleros por narcotráfico, el politólogo Juan Carlos Villamizar, fundador del Fondo Internacional de Víctimas y quien también estuvo en octubre pasado en Cuba, anticipó esa discusión. Indicó que ese delito debería considerarse conexo al político. Así, “la extradición no tendría por qué contemplarse”.

La senadora Clara Rojas, quien estuvo secuestrada por la guerrilla durante seis años, aseguró que en el tribunal que se creará para juzgar los delitos cometidos en el conflicto “es importante que la comunidad internacional tenga presencia. Esto les da equilibrio a las discusiones”, afirmó.

Frente a las condenas que contempla el acuerdo, aseguró que lo importante es que “haya un compromiso de no repetición, que los responsables cumplan una pena y les ofrezcan disculpas a las víctimas”.

Como sanción alternativa para quienes no vayan a la cárcel, Rojas dijo que se podría pensar en que los guerrilleros “contribuyan en algún tipo de obra importante para la sociedad”.

Ante el acuerdo para que se apliquen indultos a quienes hayan cometido delitos menos graves, Odorico Guerra, coordinador de la Mesa de Víctimas, señaló que esta es una alternativa que se ha dado “en la mayoría de países en donde ha habido procesos de paz, por lo que el proceso colombiano no podría ser ajeno a esa posibilidad”.

“Sin embargo, se hace necesario que para reparar las Farc devuelvan los territorios que hoy ocupan y que las víctimas tengan la mayor importancia en los tribunales que las van a juzgar”, dijo Guerra.

Satisfacción en varios sectores de la opinión

Luego de la declaración conjunta del Gobierno y de las Farc sobre justicia transicional y fecha para la firma del fin del conflicto, ayer en La Habana, hubo una avalancha de reacciones desde diferentes sectores de opinión a favor de lo ocurrido.

Los primeros en celebrar los anuncios fueron los gremios, para los cuales la creación de la jurisdicción especial de paz satisface los derechos de las víctimas y llega en un momento histórico en el que lo importante es reconocer los errores del pasado y comenzar a construir una nueva nación en la que quepan todos.

Los partidos políticos también salieron pronto a celebrar los anuncios hechos ayer. Varios congresistas –de partidos de la Unidad Nacional y de la oposición– calificaron el momento de “histórico”, y otros que fueron víctimas del conflicto armado manifestaron su “satisfacción” por el modelo de justicia que se acordó entre el Gobierno y las Farc.

Los militares retirados, los cuales representan a varios uniformados que entrarían en esta jurisdicción especial de paz, también aplaudieron los anuncios hechos desde La Habana.

Para ellos, los guerrilleros entendieron el clamor de los colombianos para que se le ponga fin al conflicto armado en el país, y la partida, en esta ocasión, la ganó la paz de Colombia.

Para expertos en el tema de la paz, el acuerdo le da mucha fuerza al proceso de La Habana, y al fijar fechas para el fin de las conversaciones se produce esperanza en el pueblo colombiano y credibilidad a las negociaciones.

Por los lados de la Iglesia católica también se manifestó complacencia a los anuncios, en los cuales el presidente Juan Manuel Santos citó las recientes palabras del papa Francisco cuando habló de que este no era el momento para “fracasar” en el proceso de paz de Colombia.

Incluso, desde ese credo se les hizo una invitación a quienes se han declarado escépticos para que acompañen el final exitoso de los diálogos de Cuba.

Las críticas de Álvaro Uribe al acuerdo

El jefe máximo del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, expresó críticas a lo acordado este miércoles en La Habana y cuestionó que el Gobierno no les haya exigido a las Farc acciones como la entrega del dinero producto del terrorismo.

Rodeado de varios miembros de su bancada, Uribe leyó un listado de nueve de sus “preocupaciones iniciales” sobre el acuerdo anunciado ayer y sobre otros aspectos del proceso de paz.

Uribe rechazó que el Gobierno haya “aceptado” que “delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel”.

“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias”, afirmó el jefe del principal partido de oposición al Gobierno Nacional.

Adicionalmente, expresó reparos por lo que denominó la “igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo”. Manifestó que los uniformados, “que han sido respetuosos de la democracia”, necesitan “un tratamiento digno e independiente de los criminales”.

El expresidente también criticó que no se haya sido “contundente” al excluir el narcotráfico de los delitos conexos al político. “Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como la masacre de Bojayá, el carro bomba de El Nogal o el asesinato masivo de los diputados del Valle”, dijo.

En este sentido, cuestionó que el Gobierno “no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a los víctimas. Y, en lugar de exigir la entrega de armas, ha aceptado la palabra ‘dejación’, que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera”.

Previamente a la declaración desde La Habana, el procurador general, Alejandro Ordóñez, crítico también del proceso, había reiterado sus posiciones con respecto al mismo y había dicho que en medio de la justicia transicional “se debe cumplir conforme a los regímenes generales”.

Opiniones

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán

“El acuerdo satisface los derechos de las víctimas. Esperamos que el tribunal especial sea garante y abra los espacios para que la verdad plena se dé en cada caso”.

Bruce MacMaster, presidente de la Andi

“Este era uno de los puntos más sensibles y seguramente será de los más debatidos, pues el país ha estado dividido en términos de la obligación que existe o no de generar prisión, por ejemplo, alrededor de algunos delitos”.

General Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional

“Con el nivel que ha alcanzado la negociación es imposible que esto retroceda. Los jefes guerrilleros han entendido cuál es la verdadera intención de los colombianos y no pueden ser inferiores a ese clamor”.

General Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados

“Ganó la paz esta partida. Ojalá sea para bien del país. No se tocaron temas que son definitivos. Las Farc insisten en la dejación y no en la entrega de las armas (...). Lo que sucedió es un buen camino para lograr la paz”.

Monseñor Óscar Urbina, vicepresidente de la Conferencia Episcopal

“El acuerdo de justicia no implica una venganza, sino poder reparar el mal que se ha hecho (…). Invito a los escépticos a que tomen conciencia de que ellos también son gestores de paz”.

Rafael Mejía, presidente de la SAC

“El acuerdo previsto para dentro de seis meses deja abierto el camino para continuar sobre lo que ya se ha firmado, porque hay puntos pendientes relacionados con el campo, los cultivos y el narcotráfico”.

Andrés Pastrana, expresidente de la República

“Sobre lo que ha sucedido, el país solo puede regocijarse. Estamos esperanzados en que las reglas de juego queden claras, que no se afecte el modelo económico ni la confianza de los mercados”.

Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco

“Es importante resaltar la decisión de no amnistiar ni indultar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, y bajo este anuncio, crímenes tan complejos, como los llamados 'falsos positivos', podrían pasar a ser juzgados por este tribunal”.

EL TIEMPO