La tutela que se suma al escándalo de la Corte Constitucional

La tutela que se suma al escándalo de la Corte Constitucional

El caso se remonta a un millonario pleito por el arriendo de un lote ubicado en Cartagena.

16 de septiembre de 2015, 05:42 am

La tutela que entró bajo la lupa de la Fiscalía en la investigación por un presunto soborno en la Corte Constitucional ya tiene un capítulo judicial en el ente acusador.

Los peritos investigan la tutela presentada por la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipropósito terminal CMT contra una decisión de la Superintendencia de Sociedades, que tuvo ponencia del magistrado Jorge Pretelt y que fue fallada a favor del demandante. El abogado Abelardo de la Espriella, quien representa al magistrado Pretelt, también aparece representando a la Sociedad Portuaria en procesos ante la Superintendencia de Sociedades.

El caso se remonta a un millonario pleito por el arriendo de un lote avaluado en más de 10.000 millones de pesos ubicado en un punto estratégico de la zona portuaria de Cartagena.

En octubre del año pasado y con una tutela la empresa logró dejar sin efecto la apertura de la liquidación de la Sociedad Granos Piraquive S.A y de paso mantener vigente un contrato de arrendamiento por 50 años del millonario lote.

Sin embargo, los abogados de Granos Piraquive pidieron la nulidad del fallo argumentando que el contrato que fue usado para justificar el arriendo tenía falsedades y que la Corte Constitucional “fue asaltada en su buena fe por la accionante al esgrimir un contrato de arriendo falso”.

Señalan en la petición de nulidad que en el contrato de arriendo se adulteró la firma de la notaria 32 de Bogotá. De hecho, la Fiscalía ya le imputó cargos al exrepresentante legal de Granos Piraquive, Ramiro Castellanos y al gerente Jaime Dávila Castellanos, así como a Cesar Augusto Muñoz Villegas, representante de Operador Portuario Internacional E.U.

En el expediente dice que no se explica cómo se aprobó ese contrato de arriendo de un bien avaluado en más de 10.000 millones de pesos con un canon de arrendamiento de apenas diez millones de pesos.

Según la investigación de la Fiscalía, los exdirectivos cometieron el delito de abuso de confianza, fraude procesal y falsedad en documento. El contrato fue suscrito en noviembre de 2006 y tenía la firma de la notaria 32, quien se encontraba ese día de permiso y por tanto no acudió al despacho. Además, se cuestiona que después de la firma del contrato se firmó una nueva carta de intención de arriendo con la empresa Operador Portuario Internacional, que curiosamente funciona en la misma dirección de la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipropósito terminal CMT.

Además, Jaime Dávila, quien aparecía como representante de Granos Piraquive, también estaba en la junta directiva del Operador Portuario Internacional E.U., arrendador inicial del predio.

“Con tamaño negocio no hay registros contables ni del contrato de arrendamiento, ni de su posterior cesión”, cuestiona la Fiscalía en el escrito de acusación contra los exdirectivos.

Agrega que Ramiro Castellanos y su sobrino Jaime Dávila Castellanos incurrieron en “maniobras engañosas” para firmar el contrato de arrendamiento actuando en contra de los intereses de la Sociedad Granos Piraquive.

Igualmente, la Fiscalía señala que Castellanos Martínez firmó el contrato de arrendamiento cuando ya no trabajaba en la empresa dueña del predio y se impusieron clausulas “leoninas y adversas de los intereses de la sociedad denunciante”.

Mientras que el proceso avanza en el juzgado 16 de Bogotá, en la Corte Constitucional el magistrado Jorge Pretelt se declaró impedido para conocer de la nulidad de la tutela y se espera que sea nombrado un conjuez para examinar el recurso. La Fiscalía prepara citaciones a los implicados en este caso, para establecer qué tipo de gestiones hicieron para sacar adelante la tutela que por el momento les es favorable.

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