Corte de cuentas a las políticas de atención a desplazados

Corte de cuentas a las políticas de atención a desplazados

Entes de control y Gobierno fijaron su postura frente a los avances dados a esta población.

15 de septiembre de 2015, 02:04 pm

Tras la audiencia celebrada en la Corte Constitucional sobre el seguimiento a las políticas de atención a víctimas de desplazamiento forzado, el alto tribunal analizará las ponencias de los entes de control y del Gobierno sobre los avances que en la materia se han dado.

El tema está en manos de la Sala Especial de Seguimiento cuyo presidente, el magistrado Luis Ernesto Vargas, tomará una decisión sobre si mantiene o no la declaratoria de cosas inconstitucionales.

La primera en intervenir fue Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, quien aseguró que desde el Banco de Gestión de Proyectos se han desarrollado 29 iniciativas en 20 municipios de 20 departamentos para esta población con una inversión de 62 mil millones de pesos, “de los cuales el 65 por ciento ha sido entregado por el Gobierno y el restante de los entes territoriales”.

Durante su intervención la funcionaria mencionó la encuesta Goce Efectivo de Derechos que realizó el Dane. Ese instrumento de medición indicó que la cantidad de hogares desplazados en situación de pobreza y pobreza extrema han disminuido entre un 30% y un 40%, respectivamente.

Sin embargo, el magistrado Luis Ernesto Vargas, presidente de la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, indagó qué tipo de auditoría tuvo la metodología empleada encuesta.

“Nos basamos en toda la experticia del Dane, revisamos las encuestas que anteriormente se habían hecho sobre el tema y buscamos una muestra representativa del universo de víctimas”, anotó Gaviria.

La funcionaria, además, le pidió a la Corte Constitucional que se haga el levantamiento parcial de Cosas inconstitucionales que decretó ese alto tribunal en el 2004.

Los entes de control

Por su parte, Edgardo Maya Villazón, contralor General de la Nación, indicó que se ha presentado en las últimas semanas un nuevo grupo de desplazados que no han sido víctimas del conflicto interno colombiano.

“Son los miles de compatriotas expulsado de la frontera por el gobierno de Venezuela en un proceso que ha desconocido de manera aberrante las mínimas normas del derecho humanitario”, puntualizó el jefe del ente de control.

Ante el estrado, Maya Villazón dijo que hay que reformular presupuestos suficientes para atender los procesos de reparación de las víctimas.

“Es irresponsable comprometer recursos con los que no cuenta el país para ofrecer una reparación con los que difícilmente podrá hacerse efectiva en los próximos 10 o 20 años”, anotó.

También alertó sobre la revictimización a la que son sometidas las personas desplazadas quienes están cayendo en manos de inescrupulosos quienes los estafan de diferentes maneras.

Se están constituyendo verdaderas mafias (…) delincuentes que negocian con sus derechos y defraudan al Estado”, agregó.

Contrario a la petición de Gaviria, Maya Villazón sostuvo que a pesar de los avances en las políticas de Estado en esta materia se debe mantener la declaratoria de cosas inconstitucionales sobre la situación de desplazamiento forzado.

A juicio de la Contraloría si bien el conflicto ha disminuido, aún se mantiene y produce víctimas que requieren de una atención integral y oportuna.

A su turno, el procurador Alejandro Ordóñez, en idéntica postura al contralor Maya, pidió que se mantenga por un tiempo considerable la mencionada declaratoria y añadió que descubrió que falta una articulación entre los diferentes niveles del Gobierno para la atención de las víctimas de desplazamiento.

El jefe del ente de control resaltó los avances en materia de educación, pero indicó que hay una tasa de analfabetismo para personas desplazadas mayores de 15 años es de aproximadamente del 10% y de mayores de 40 años bordea el 40%.

“Lo anterior pone en evidencia la necesidad de elaborar modelos flexibles que permitan igualar el nivel educativo de las poblaciones desplazadas con la del resto de los colombianos”, sostuvo el Procurador.

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