Así planean garantizar la meritocracia en las altas cortes

Así planean garantizar la meritocracia en las altas cortes

Hace parte del proyecto con el que el Gobierno reglamentará la reforma del 'Equilibrio de poderes'.

Así planean garantizar la meritocracia en las altas cortes
15 de septiembre de 2015, 02:09 am

Magistrados de cortes y tribunales tienen en sus despachos la propuesta de la ley estatutaria que el Ministerio de Justicia deberá presentar antes de que termine este mes ante el Congreso, para reglamentar el acto legislativo 02 de 2015: la reforma de ‘Equilibrio de poderes’.

El proyecto, que ratifica la ampliación de la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años, toca varios aspectos. Uno de ellos es reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura, así: la Sala Disciplinaria pasará a ser la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual funcionará en las regiones a través de Comisiones Seccionales de Disciplina y juzgados disciplinarios. Ninguna de estas instancias podrá conocer tutelas, y su función será la de investigar a funcionarios y empleados de la Rama.

En cuanto a las funciones de la Sala Administrativa, donde está concentrada la mayor cirugía, las asumirá el Consejo de Gobierno Judicial, cuya conformación ya comenzó, y la Gerencia de la Rama. En ciudades y departamentos operará con Consejos Regionales. Su jurisdicción podrá unir a varios distritos judiciales.

Fuentes en el Gobierno explicaron que al menos 50 magistrados que conforman estas salas pasarían a una lista de vacantes para la creación de nuevos cargos que están a la espera de ser aprobados por la Comisión Interinstitucional.

Meritocracia, clave

Otra de las propuestas de fondo tiene que ver con medidas para garantizar la meritocracia en los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. La primera es que el Gerente de la Rama deberá realizar una convocatoria pública, con participación ciudadana, de la que saldrá un listado de candidatos.

El Consejo de Gobierno Judicial (que estará integrado por los presidentes de las altas cortes, tres técnicos, el gerente y dos representantes de funcionarios y empleados) será el encargado de seleccionar a los 10 aspirantes más calificados. Sus nombres serán enviados a la corte donde esté la vacante para que se realice la votación.

Y para asegurar una competencia sana y que en la justicia existan representantes de diferentes fuentes del derecho, esas listas serán diferenciadas: abogados en ejercicio, académicos o que hayan ejercido la docencia, pero en universidades legalmente reconocidas.

“La lista para proveer cada vacante se integrará con candidatos de una sola categoría”, se lee en el proyecto, y agrega que estas rotarán en cada jornada de elección.

De otro lado, el Gobierno propone –para cerrarle el paso al llamado ‘yo te elijo, tú me eliges’– que por ley se estipule que los magistrados de las altas cortes, los jueces y hasta fiscales no puedan nombrar personas que, además de tener un parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad, hayan intervenido en su postulación o designación.

También se plantea fijar que ninguna vacante permanezca abierta más de tres meses. Con eso se evitarán casos como los del Consejo de Estado, donde un cargo no tuvo titular durante más de dos años.

Prioridad de casos

El Ministerio de Justicia incluyó en el proyecto que las altas cortes puedan dar prioridad al estudio de casos en los que, por ejemplo, existan “razones de seguridad nacional” sin tener que seguir el orden cronológico de los turnos.

También, en casos “de graves violaciones de los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y asuntos de especial trascendencia social”. El estudio preferente podrá ser solicitado por la Procuraduría.

La iniciativa incluye que en los reglamentos de los altos tribunales se establezcan términos de expedición y firma de providencias, conceptos o dictámenes adoptados. “En dicho reglamento se deberá, además, incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los magistrados que disientan de la decisión mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia”, se lee en el documento.

Una vez sea radicado, el proyecto será discutido por el Congreso mientras en la Corte Constitucional avanzan cuatro demandas contra el acto legislativo, entre ellas una interpuesta por el Fiscal General. Además, un sector de la Rama promueve un referendo para tumbar la norma.

Reparos a la elección del Gobierno Judicial

Luego de que el pasado 7 de septiembre se posesionaran los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno Judicial,
empezaron a surgir reparos a esta elección.

Un sector de la justicia, Asonal, llamó la atención sobre la alta votación que consiguió el magistrado Vicente Calixto de Santis, quien resultó elegido con 824 votos para representar a los jueces y magistrados. De acuerdo con registros oficiales, De Santis, único candidato por la costa caribe, consiguió a su favor más del 70 por ciento de los votos. Es el caso del Atlántico, que, de 226 votos posibles, obtuvo 208; Bolívar, que, con 174 personas habilitadas para votar, consiguió 131, y Córdoba, donde, de 123 votos, 107 fueron para él. También consiguió apoyos en Santander (34 sufragios) y en el Valle (23). El magistrado explicó que los resultados son producto de su labor en campaña.

En cuanto a Marta Lía Herrera, elegida para representar a los empleados de la Rama, se le cuestiona que se encuentre en un cargo en provisionalidad –a la espera de ser nombrada– y que sea comunicadora de profesión. Tampoco ha caído bien que, a la fecha, la Judicatura no haya entregado los resultados oficiales por mesas.

JUSTICIA
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