Ordenan a Minsalud emitir instructivo sobre enfermedad renal crónica

Ordenan a Minsalud emitir instructivo sobre enfermedad renal crónica

Para la Corte Constitucional es claro que trasplantes están dependiendo de que interpongan tutelas.

Ordenan a Minsalud emitir instructivo sobre enfermedad renal crónica
27 de agosto de 2015, 01:36 pm

Dos meses tendrá la Superintendencia y el Ministerio de Salud para expedir un instructivo que les permita a los pacientes de enfermedad renal crónica tener información adecuada sobre el tratamiento de esa enfermedad.

Al revisar el caso de un paciente con falla renal, la Corte Constitucional ordenó a estas dos entidades que expidan el instructivo para que las personas que sufren de esa enfermedad “cuenten con información adecuada y suficiente sobre sus derechos y las obligaciones correlativas que surgen para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad”.

Además, dejó claro que, por regla, estos pacientes “tienen derecho a una atención integral que garantice el suministro de todas las prestaciones que requieran para que se recuperen de su patología”.

“La Sala adoptará la regla de que los pacientes de enfermedad renal crónica tienen derecho a una atención integral que garantice el suministro de todas las prestaciones que requieran para que se recuperen de su patología”, dice la sentencia.

Para el alto tribunal, es claro que ante las constantes dilaciones de las empresas prestadoras de salud para darle atención a tratamientos de alto costo, como la enfermedad renal crónica, “el reclamo judicial se ha convertido, entonces, en una condición de acceso a tales prestaciones” y agrega que “ha dependido, exclusivamente, de una decisión de tutela”.

Esto, en opinión del alto tribunal, va en contravía de las “disposiciones normativas y jurisprudenciales que protegen la dimensión de accesibilidad del derecho fundamental a la salud de los pacientes de enfermedades catastróficas”.

Además, en opinión de la Corte, ni la Guías de Práctica Clínica sobre enfermedad renal crónica ni los Modelos de prevención del Ministerio de Salud, “satisfacen el derecho de quienes padecen esta enfermedad a contar con información adecuada y suficiente que, de una forma sencilla y comprensible, los instruya sobre sus derechos y las obligaciones correlativas que surgen para los integrantes” de las prestadoras de Salud.

De ahí que la Corte impartiera órdenes al Ministerio de Salud sobre el instructivo que permita tener información clara a los pacientes, pues considera que ante las barreras que imponen las EPS para dar realizar los tratamientos, debe protegerse el “derecho de los pacientes de enfermedad renal crónica a contar con información actualizada y comprensible acerca de la prevención, tratamiento y rehabilitación de su enfermedad”.

El pronunciamiento del alto tribunal se produce al revisar la tutela que interpuso Federico de los Santos Plaza Velázquez, un hombre de 59 años de edad diagnosticado con enfermedad renal crónica que incluso fue avalado como candidato para trasplante de riñón y quien debe someterse a tres hemodiálisis por semana.

Sin embargo, las dilaciones de la EPS Coomeva para entregarle un medicamento pusieron en riesgo su visión y la deterioró. Además, según indicó, la realización de otros exámenes fueron ordenados y debían realizarse en otras ciudades. Se trata de una evaluación de trasplante renal, cirugía de hernia inguinal, cirugía vascular y angiología.

De hecho, para la Corte quedó probado que la entidad solo empezó a darle celeridad a sus solicitudes después de que la Corte Constitucional emitiera unas medidas cautelares para proteger su vida “y no como resultado del cumplimiento de sus obligaciones”.

Por eso, el alto tribunal envió un fuerte regaño a la EPS Coomeva, pues durante el estudio del caso quedó en evidencia su desatención para seguir los lineamientos legales sobre “la atención prioritaria que merecen los pacientes de enfermedad renal crónica”.

“La conducta de la entidad accionada, en efecto, implicó que la posibilidad de que el accionante se sometiera a la intervención, que su médico identificó como la mejor alternativa para la atención de su condición de salud, se retrasara durante más de ocho meses”, dice el alto tribunal.

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