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Santos y Ordóñez, en su punto de mayor tensión

Acusación de Procurador hacia el Presidente elevó de nuevo la temperatura.

EL TIEMPO
Las relaciones entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador general, Alejandro Ordóñez, llegaron a su punto de mayor tensión esta semana, después de que Ordóñez acusó a Santos de estar confabulado con las Farc para sacarlo del cargo.
El pasado miércoles, en entrevista con Noticias Caracol, el jefe del Ministerio Público dijo que hay “un acuerdo no escrito” entre el Gobierno y las Farc para sacarlo de su puesto, lo cual atribuyó a su “posición” crítica sobre la paz.
Según Ordóñez, el vehículo para desalojarlo de su cargo sería la demanda contra su reelección que cursa en el Consejo de Estado y que podría estar a punto de resolverse en su contra.
En el recurso se argumenta que cuando el Senado reeligió a Ordóñez (en el 2012), la Constitución no hablaba sobre esta posibilidad, razón por la que se pidió anular ese acto.
“El Gobierno ha venido hostigando, acosando, haciendo lobby en el Consejo de Estado para lograr que se anule la elección del Procurador General”, aseguró Ordóñez en la entrevista.
Para el analista Pedro Medellín, es “irresponsable” por parte del Procurador “decir que hay un Consejo de Estado que va a hacerles el juego a unos supuestos acuerdos entre el Gobierno y las Farc para sacarlo de su cargo”.
En el mismo sentido, el politólogo Ricardo García afirmó que los señalamientos de Ordóñez contra Santos son “muy delicados”.
“Da a entender que se trata de una especie de conspiración (...). Estaría más o menos diciendo que el Presidente estaría incurso en una acción delictiva. Es una acusación sumamente grave”, dijo García.
Los choques
La pelea entre Ordóñez y Santos se remonta precisamente a la época de la reelección del primero, en noviembre del 2012. Como se recuerda, el Presidente no ternó a Ordóñez para su reelección, aunque los conservadores se lo habían pedido, y prefirió apostar por la magistrada de la Judicatura María Mercedes López.
Argumentando “falta de garantías”, la togada renunció a esa nominación antes de la votación en la cual fue reelegido Ordóñez, quien había sido nominado por la Corte Suprema de Justicia.
Al parecer, ese hecho habría comenzado a distanciar al Procurador del Presidente, algo que se profundizó con las negociaciones de La Habana.
Uno de los primeros puntos de controversia entre los dos líderes fue el referendo por la paz, que habilita al Gobierno para consultar a los ciudadanos en día de elecciones, sobre los acuerdos que se logren.
El Procurador estaba tan en desacuerdo con esa ley que pidió a la Corte Constitucional decretar su inexequibilidad, pues, según él, tenía “vicios de fondo y de forma”. Sin embargo, el alto tribunal le dio vía libre a la iniciativa.
El tema de los castigos para los guerrilleros de las Farc también ha estado a la orden del día en los enfrentamientos entre ambos.
Sin ir muy lejos, hace menos de dos meses –en un foro sobre justicia transicional– Ordóñez reiteró su posición sobre el asunto. Para él, el Estado tiene que investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y, por lo tanto, para los líderes de la guerrilla “la pena no puede ser una simulación, un montaje destinado a engañar para demostrar que esta existió, sino una pena verdadera”.
Respuesta
Debido a sus incesantes críticas a los diálogos de paz, Santos varias veces le ha salido al paso a Ordóñez, al punto de que en enero pasado le envió una carta en que le precisaba que él –por ser jefe de Estado– es el “responsable supremo” de “los asuntos de la paz y el conflicto”. Como diciéndole ‘cada uno en lo suyo’.
“Yo sí le pido al Procurador que deje de hacer política, que deje de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía, del Presidente”, le dijo luego el mandatario.
Pero, claro, apenas 15 días antes Ordóñez había ido a reunirse con Santos a Palacio, cita que muchos pensaban significaría su reconciliación definitiva.
Posiciones ideológicas
A las divergencias sobre las conversaciones de paz se suman las contradicciones ideológicas. Las posiciones de Ordóñez han sido –en su mayoría– más cercanas a las del expresidente Álvaro Uribe y a su partido, el Centro Democrático.
De hecho, en la reforma del equilibrio de poderes, la bancada uribista en la Comisión Primera del Senado apoyó decididamente que el Procurador General tuviera fuero, lo que algunos interpretaron como un blindaje para Ordóñez.
Otra razón por la que Ordóñez estaría aumentando la presión sobre Santos serían sus aspiraciones presidenciales, que él niega, pero que su partido, el Conservador, pregona sin tapujos.
Según supo EL TIEMPO, Ordóñez habla en privado de esa posibilidad, y de allí sus constantes intervenciones en temas que aparentemente no serían de su resorte y su rol de precandidato.
De la candidatura presidencial de Ordóñez han hablado líderes del conservatismo como el senador Hernán Andrade y el mismo presidente de la colectividad, David Barguil, para quienes el Procurador es “una carta natural del partido para el 2018”.
Hay quienes creen que al Procurador le convendría más que lo sacaran de su cargo, tras lo cual quedaría como una víctima de la supuesta alianza entre Santos y las Farc. El periodo constitucional va hasta noviembre del 2016.
Este hecho le permitiría, probablemente, picar en punta frente a otros presidenciables de su misma línea ideológica, como la exministra Marta Lucía Ramírez o el actual director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.
Aunque el expresidente Uribe no ha hablado del tema, algunos amigos suyos, como el senador José Obdulio Gaviria, sí admiten que Ordóñez estaría muy cerca de los afectos uribistas.
Ordóñez, según politólogos como García, busca “blindarse” ante una nulidad de su reelección para que esta quede “como producto de una conspiración de otros poderes y descalificarla previamente”.
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que con sus comentarios Ordóñez quiere “direccionar” el fallo del Consejo de Estado.
El capítulo final de esta crónica aún está por escribirse.
Los tropiezos del proceso contra Ordóñez en el Consejo de Estado
Las demandas contra la reelección del procurador general, Alejandro Ordóñez, fueron interpuestas en el Consejo de Estado hace ya dos años y medio.
Los recursos llegaron primero a la Sección Quinta, y la ponencia le fue asignada al magistrado Alberto Yepes, cuya posición fue a favor de la demanda.
El alto tribunal argumentó que por la “importancia jurídica” del tema, este debía pasar a sala plena. Fuentes de la Sección Quinta aseguraron, sin embargo, que la verdadera razón para llevarlo a esa instancia fue que allí el Procurador tendría más votos a su favor.
Yepes fue recusado en la sala plena, pero el rechazo a ese recurso por 14 votos contra 13, comenzó a dejar claro que el Procurador estaba en desventaja.
Pero las cosas para el Procurador empeoraron después, con la salida de tres magistrados amigos suyos: Susana Buitrago, Alfonso Vargas y Marco Antonio Velilla. Este hecho, según algunos conocedores del caso, habría llevado a Ordóñez a hablar de la inminencia de su salida.
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