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El Gobierno respalda el matrimonio y la adopción igualitarios

Para audiencia pública de la Corte Constitucional, prepara defensa de este tema.

POLÍTICA
Si bien es cierto que en Colombia aún existe un sector importante de la sociedad que se resiste a temas como el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la adopción para ellas sin restricción alguna, en el país cada día se abre paso con más fuerza el concepto de igualdad para los LGBTI, al punto de que el propio Gobierno se comprometió a librar esta batalla. (Vea: Así se vivió la marcha del orgullo gay en el mundo)
Para el Ejecutivo es claro que todos los colombianos son iguales y deben serlo, además, ante la ley, por lo que en los próximos días, cuando la Corte Constitucional fije la fecha para una audiencia pública que hará sobre el matrimonio entre parejas gais, acudirá ante ese alto tribunal a defender esta postura.
Ese, por lo menos, fue el mensaje explícito del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien, luego de destacar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de reconocer estas uniones, aseguró públicamente que ese paso también debe darse –sin más rodeos– en Colombia. (Lea: La historia de amor gay que cambió a Estados Unidos)
“La jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que legalizó el matrimonio homosexual, no solo nos llena de esperanza, sino también nos confirma la convicción que inspira nuestro trabajo. La igualdad es imparable y la igualdad también llegará a Colombia”, enfatizó Cristo.
En Barranquilla también salieron a marchar el domingo miles de los integrantes de la comunidad LGBTI para exigir respeto por sus derechos. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO
Este mensaje es el que el Ministro del Interior quiere reiterar ante la Corte Constitucional, tribunal que ya el año paso aseguró que la familia no solo la conforman un hombre y una mujer, pero que se limitó a decir, refiriéndose al matrimonio gay –por el que luchan los LGBTI desde hace varios años–, que se trataban de “uniones solemnes”. Claro está que le ha reconocido muchos otros derechos (ver nota abajo).
El artículo 42 de la Constitución establece que “la familia (...) se constituye (...) por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, y este concepto es el que se pretende modificar. (Lea: EE. UU. ya es territorio libre para matrimonio entre homosexuales)
El máximo tribunal constitucional ya le dio la orden al Congreso –hace un par de años– de que legislara al respecto, pero no lo hizo en ninguno de los cuatro intentos que han existido.
El ministro Cristo dijo que “a la Corte le debemos un agradecimiento por las victorias jurídicas que le ha dado a la igualdad, (pero) se trata de una tarea todavía inconclusa y es necesario dar el paso para consagrar el matrimonio y la adopción igualitarios”.
Esta postura fue respaldad desde el Congreso. El senador Armando Benedetti aseguró que “la gente siempre cree que se legisla para extraterrestres cuando se habla de los LGBTI, pero no es así, porque lo hacemos es para todos”.
La ONG Colombia Diversa, que agrupa a los LGBTI, también le pidió al tribunal constitucional colombiano seguir el ejemplo de la Corte de Estados Unidos.
En Bogotá –la capital del país– salieron el domingo a las calles por lo menos 5.000 miembros de la comunidad LGBTI. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
Y en un editorial reciente de EL TIEMPO se planteó con claridad que decisiones como la de la Corte Suprema de Estados Unidos –considerada por muchos como conservadora– deben inspirar a Colombia para que “se regulen sin más titubeos estas alianzas”. Es otro respaldo.
Pero hay sectores que definitivamente no comparten estas posturas. Uno de estos es la Iglesia católica, que se ha opuesto a reconocer el matrimonio gay.
Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, advirtió: “Que ellos como personas puedan formar una sociedad no tiene problema, hay miles de sociedades en el mundo que se forman en sus diversidades, pero que no se llame matrimonio porque esa palabra se usa para la unión fecunda del hombre y la mujer”.
Para nadie es un secreto que en esta misma posición está el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien públicamente se ha opuesto a que se dé el paso hacia el matrimonio y la adopción igualitarios.
Todas estas posturas dejan en claro que el debate no es fácil, pero –sin duda– el respaldo del Gobierno a este tema podría influenciar en una decisión que pondría a Colombia entre los países que a nivel mundial están a la vanguardia en materia de derechos LGBTI y han dado este paso.
Congreso no le ha dado vía libre
En el Congreso se ha intentado tramitar –por lo menos en cuatro ocasiones distintas– alguna norma que les permita a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio, pero nunca ha culminado con éxito este proceso.
El más reciente intento está pendiente de surtir primer debate en la Comisión Primera del Senado, y aunque desde mucho antes de que se acabara la legislatura –el 20 de junio– tenía ponencia positiva para su trámite, la iniciativa no se discutió.
El senador de ‘la U’ Armando Benedetti, uno de sus promotores, aseguró que lo que se busca con la iniciativa es reconocer que en la comunidad LGBTI “tienen derecho a contraer matrimonio y conformar una familia”.
Benedetti agregó que “para los temas de las minorías, el Congreso parece desde afuera una catedral y por dentro, una pesebrera”, porque no legisla de manera oportuna para revalidar los derechos de quienes están en estos grupos sociales.
El domingo fue el día en que todos fuimos iguales ante la ley, el día en que se reconocieron como iguales a los LGBTI y a nosotros los heterosexuales”, añadió el congresista al referirse a las marchas del orgullo gay.
La ponencia para darle vía libre al matrimonio entre parejas del mismo sexo la radicó el senador liberal Juan Manuel Galán, pero no tiene mayorías aseguradas.
EL TIEMPO supo, incluso, que al Congreso se le envió el mensaje de dejar el proyecto quieto mientras la Corte Constitucional se pronuncia, en los próximos días, sobre el mismo tema.
Las batallas jurídicas que esta comunidad ha ganado en la Corte Constitucional
La más reciente decisión de la Corte Constitucional sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBTI se dio a comienzos de junio de este año. Por medio de un fallo, la corporación sentenció que el cambio de género en registros civiles, cédulas y pasaportes no requiere de trámites judiciales, como lo son las tutelas, y puede hacerse a través de vía notarial.
Con respecto a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, la Corte indicó en febrero pasado que ese trámite es viable, siempre y cuando el padre o madre biológica haga parte de esa pareja.
En esa decisión, el alto tribunal mantuvo distancia frente a quienes pedían negar de plano la adopción y a los sectores que, por el contrario, solicitaban que este proceso no tuviera restricción alguna.
Otras victorias
En el 2007 le reconocieron el derecho de visita conyugal en las cárceles y los derechos en salud y pensiones.
Para 2008 se sentenció que las parejas del mismo sexo en unión marital pueden obtener la pensión de sobreviviente.
En el 2009, el alto tribunal tumbó la limitación que existía para que los bienes pasaran legalmente solo entre cónyuges, y por extensión se ordenó aplicarlo a las parejas homosexuales.
Ese mismo año, la corporación se pronunció sobre 42 disposiciones. En materia civil, dieron a las parejas del mismo sexo la posibilidad de adquirir vivienda y protegerla como patrimonio familiar inembargable. También contempló el que miembros de la Fuerza Pública puedan exigir que sus parejas homosexuales sean atendidas por los servicios de salud del Ministerio de Defensa.
Cuando un miembro de la pareja es extranjero también puede reclamar nacionalidad colombiana en las mismas condiciones de una unión heterosexual.
En cuanto a lo penal, se estableció que los homosexuales tienen el derecho a no ser obligados a declarar contra su pareja, beneficio que había estado reservado para las uniones heterosexuales.
En junio de 2013 se abrió la opción a cualquier pareja del mismo sexo de presentarse ante un notario o un juez civil para exigir que se solemnice su unión.
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