Corte admite estudiar recusación contra Pretelt en caso de tierras

Corte admite estudiar recusación contra Pretelt en caso de tierras

Según la Corte, hay una 'duda razonable' en el interés que tendría el magistrado en tema de baldíos

27 de junio de 2015, 11:26 pm

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en un auto del 27 de mayo pasado que se conoció hasta esta semana, decretó la pertinencia de estudiar la recusación que un ciudadano y el Incoder presentaron contra el magistrado de ese alto tribunal Jorge Pretelt, solicitando que se aparte de la decisión sobre una demanda contra la ley 160 de 1994.

Esa ley creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino, y establece subsidios para la adquisición de tierras, y dicta otras disposiciones sobre este tema como la extinción de dominio y la recuperación de baldíos.

Según el auto de la Corte, conocido por EL TIEMPO, las pruebas aportadas por el ciudadano y por el Incoder permiten inferir que “existe una duda razonable” sobre si Pretelt está o no impedido para decidir en ese proceso.

“La Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra elementos probatorios suficientes para declarar la pertinencia y dar apertura al incidente de recusación promovido contra el magistrado Pretelt”, dice el alto tribunal.

Con esa decisión, se inició una etapa de pruebas para establecer si, en efecto, el magistrado debe apartarse de la decisión. En caso de que así suceda, la Corte Constitucional tendrá que nombrar a un conjuez para que ocupe el lugar de Pretelt en ese fallo.

¿Cuál es la demanda que tiene que decidir Pretelt?

La demanda, del ciudadano José Alexánder Andrade Castro se da contra dos artículos de esa ley, el el 50 y el 53. El primero está relacionado con las decisiones que toma el Incoder en la clarificación de una propiedad, el deslinde o la recuperación de baldíos, y el segundo está directamente relacionado con los procesos de extinción de dominio.

Según el ciudadano, el magistrado Jorge Pretelt, a quien por reparto le correspondió desde octubre del 2012 estudiar la demanda y ser el ponente del fallo, debería apartarse del caso porque “tiene un claro interés en la decisión”. Esa recusación fue apoyada por el Incoder el 22 de mayo pasado.

Los actores de la recusación plantean que en estos momentos el magistrado Pretelt está siendo investigado por el Incoder para establecer si acumuló baldíos que sobrepasan el límite establecido por la ley.

El Incoder habla específicamente de cinco predios de propiedad del magistrado Pretelt que, en su concepto, superan la extensión máxima de la Unidad Agrícola Familiar permitida en la zona en donde están. Esto porque habría englobado fincas en Turbo (Antioquia), y en Montería (Córdoba).

Ese mismo 27 de mayo el magistrado Jorge Iván Palacio presentó en escrito un documento en el que manifestó las razones por las que el magistrado Pretelt está impedido para conocer y tramitar la demanda sobre tierras. Esto pese a que el mismo Pretelt, el 24 de abril pasado, le indicó a la Sala que las causales de impedimento no aplicaban para su caso.

En la solicitud de recusación se planteó que el Incoder está adelantando una investigación contra el magistrado Jorge Pretelt porque, supuestamente, estaría ocupando indebidamente el predio Las Gaviotas en una de las islas del Archipiélago de San Bernardo del Viento, en Cartagena. Esto porque este predio es un baldío reservado del estado que no puede ser adjudicado, vendido, o comprado por ningún particular.

De otro lado el magistrado sustentó que en estos momentos existe un proceso de restitución de tierras sobre la finca La Corona, en Urabá, también del magistrado Pretelt, porque víctimas del conflicto alegan que fueron despojadas por paramilitares de esa propiedad.

De otro lado, el 8 de abril pasado, tal y como lo reveló EL TIEMPO, el Tribunal Superior de Medellín le impuso medida cautelar a las fincas ‘No hay como Dios’ y ‘Alto Bonito’ que hoy están en poder del magistrado.

Otras determinaciones

El 27 de mayo pasado, cuando se debía discutir el proyecto de sentencia sobre la demanda, la Sala Plena tomó las siguientes decisiones: la magistrada Myriam Ávila Roldán, encargada de las funciones del despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas, quien no participó en el proceso, no intervendrá en el debate.

También se aceptó el impedimento que presentó el conjuez Jorge Pinzón Sánchez, ya que adujo que ha trabajado con las entidades Corficolombia y Ecopetrol en temas de regulación agraria.

Ese día también se resolvió declarar la pertinencia de las recusaciones presentadas por el demandante y el Incoder contra el magistrado Pretelt.

JUSTICIA