¿Cuál es el papel de las fundaciones empresariales?

¿Cuál es el papel de las fundaciones empresariales?

Con origen corporativo, tienen la responsabilidad social de enfrentar necesidades de comunidades.

¿Cuál es el papel de las fundaciones empresariales?
11 de junio de 2015, 06:19 pm

En Colombia, una fundación empresarial, como se conoce a las entidades que se erigen como aliadas del mundo corporativo para el desarrollo de un quehacer que se enmarca en una “causa justa”, puede escoger diversas alternativas: limitar su accionar al perímetro que cubre el “humo de la chimenea” de la industria a la que se liga, o trascender esas fronteras, no solo en lo geográfico sino en lo temático, vinculando a su objeto tareas “nuevas”, como la atención de población desplazada, la prevención del reclutamiento ilícito de niños y niñas por parte de grupos armados, la capacitación de jóvenes y adolescentes, que se dirige a evitar accidentes con minas antipersonal en entornos escolares, la erradicación manual de cultivos ilícitos, la incidencia sobre las políticas públicas que deben cambiar, por citar algunas.

Fundación World Coach, apoyada por el BBVA. Archivo particular

También puede acoger un amplio espectro de temas en aras de la “integralidad de la intervención social” o reducirse a un foco concretísimo, o atender tópicos “más tradicionales” pero que demandan esfuerzos, como el mejoramiento de la calidad educativa, para superar las pruebas Pisa, o la prevención del embarazo adolescente.

Una fundación puede concentrarse en capitales llenas de vulnerabilidades, o concluir que allí, en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, existen empresarios que tributan, políticos que cumplen más o menos sus promesas, y gobernantes que se eligen en procesos menos cuestionados que en otras latitudes y que, por estas razones, es más congruente procurar el goce efectivo de los derechos de la población rural de Arauca, Guaviare, Putumayo, Vichada, Caquetá y Guainía, por citar lugares que carecen de presencia estatal y de empresas suficientes, que captan pocos tributos y, ahora, menos regalías, y que no tienen escuelas suficientes ni óptimas, ni sistemas de salud eficaces, y han contado con democracias asediadas con el accionar de guerrilleros, paramilitares y Bacrim.

Allí, además de construir viviendas, universidades y carreteras, se puede propiciar que comunidades campesinas se conviertan en proveedoras de insumos de empresas privadas y públicas, lo que puede ser positivo.

En estos territorios, ante tantas carencias, las ideologías zozobran ante consensos férreos, como la necesidad de superar la desnutrición de niños indígenas, o de mujeres afrodescendientes embarazadas. En ese ámbito no hay marxismos ni capitalismos avasallantes sino sentido común para abocarse a herramientas agrícolas sostenibles y ancestrales para derrotar la pobreza que se traduce en hambre, en ausencia de micronutrientes. Obvio que es preferible “enseñar a pescar” y no propiciar un asistencialismo que desestimula el trabajo honroso. Así lo piensan las fundaciones empresariales. Sin embargo, los derechos humanos han forjado un piso que no se puede desconocer: un niño o niña debe tener la gesta calórica y nutricional adecuada, con independencia de credos y motivaciones, para un buen desempeño académico posterior, elemento esencial en la idea de no perpetuar ciclos de miseria.

Una fundación puede entender la metamorfosis que han experimentado la caridad cristiana y la filantropía, y asumir las guías de responsabilidad social representadas en la ISO 26000, o mejorar su “performance” siguiendo los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de 2011, muy empleados para dirimir controversias entre la minería, que se requiere, y el medio ambiente sano, que debe ser preservado.

Cultivadores de algodón apoyados por empresas y gobiernos de Brasil. Archivo particular

También, esa misma fundación puede alinear sus esfuerzos a los del Gobierno, reinterpretando el alcance de la Declaración de París, o, por el contrario, oponerse legítimamente a lo que considera desmanes oficiales o privados que atentan contra la justeza de su causa. Más aún: puede optar por sumar sus recursos financieros, humanos e intelectivos con los que los entes estatales prevén y operar conjuntamente, en el marco de las alianzas público-privadas, que están en boga pero que son bastante incomprendidas por la Procuraduría y la Contraloría, que entienden, equivocadamente, que esos convenios no observan previamente procesos de selección objetiva y pueden conllevar a detrimento patrimonial.

En otro sentido, puede decidir convertirse en una operadora de servicios, a la manera de una entidad que funge como contratista e incrementa su patrimonio con los “excedentes de su ejercicio”. Sin embargo, esto deja de ser viable cuando se convierte en el único modo de operar, lo que afecta su esencia.

Deberá evaluar sus logros, fracasos y el impacto de sus acciones. Para ello es necesario tener una batería de indicadores, sin perder de vista que no todo es medible, pues no pocas intervenciones carecen de líneas de base que ilustren los problemas a combatir, y las evaluaciones ex post solo son financiables con recursos propios.

En todo ese devenir encontrará en su junta o asamblea a conductores infatigables que apuntan a nuevos derroteros o a enemigos de los cambios bruscos, que prefieren las loables acciones desprovistas de riesgo.

En fin, las fundaciones entienden, de múltiples formas, el valor del emprendimiento y el alcance de los derechos de la gente, así como la observancia de los deberes y de la solidaridad. La significancia de su accionar puede ser del tamaño de su cometido.

MARIO GÓMEZ JIMÉNEZ
Miembro del Consejo Nacional de Planeación