Riesgo de excarcelación masiva por falta de reglas

Riesgo de excarcelación masiva por falta de reglas

Congreso aún no decide sobre reglamentación de solicitudes de libertad por vencimiento de términos.

Riesgo de excarcelación masiva por falta de reglas
1 de junio de 2015, 02:26 am

A menos de 20 días de que se termine la actual legislatura en el Congreso, la Fiscalía encendió las alarmas porque aún no se ha aprobado un proyecto de ley que busca reglamentar las medidas de aseguramiento y que frenaría la excarcelación de miles de investigados que están en prisión de manera preventiva.

Si el proyecto de la Fiscalía no es aprobado, fuentes del órgano acusador estiman que al menos el 30 por ciento de los presos con medidas de aseguramiento podrían salir de la cárcel.

Esto, porque quedaría vigente un fallo de la Corte Constitucional de junio del 2014 en el que le dio al Congreso un plazo de un año para reglamentar las solicitudes de libertad por vencimiento de términos.

En el fallo el alto tribunal resolvió una demanda contra un artículo del Código de Procedimiento Penal que define cuál es el plazo que tiene la Fiscalía para iniciar el juicio contra un investigado, luego de presentar el escrito de acusación en su contra.

Para los demandantes debía “existir un término preciso, máximo y perentorio a partir del cual no puede prolongarse” la detención de la persona a la cual se le han imputado cargos.

En el fallo, con ponencia del polémico magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte Constitucional resolvió que, entre la presentación del escrito de acusación ante un juez y el inicio del juicio no pueden pasar más de 120 días. Si ese límite se rebasa, los detenidos a los que no se les haya iniciado el juicio tienen derecho a recuperar su libertad porque se les habrían vencido los términos.

El fallo plantea un cambio trascendental para los procesos, pues hoy los jueces y fiscales vienen contando el plazo de 120 días para arrancar el juicio cuando se termina la audiencia de acusación, y no cuando se radica el escrito.

Uno de los casos a los que afectaría esta decisión sería el de Interbolsa. El pasado 22 de mayo la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra varios de los investigados por el desfalco al Fondo Premium de Interbolsa, por lo que según el fallo de la Corte Constitucional, ya estarían corriendo los términos para la libertad de los investigados. Esto, pese a que ni siquiera los jueces han fijado la fecha para la audiencia de acusación.

Esto incrementa las posibilidades de que las cabezas del Fondo Premium como Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Rachid Maluf, Claudia Aristizábal, Natalia Zuñiga, Víctor Maldonado y Ricardo Martínez puedan quedar libres.

En todo caso, esa libertad no es inmediata, ya que tendrían que pedirla ante un juez.

Se acortan los tiempos

Los fiscales sostienen que aunque la ley establece que después de que se radica el escrito contra un implicado el juez debe fijar audiencia en los próximos tres días, esa regla no se está cumpliendo.

Fiscales consultados por este diario señalaron que pueden pasar hasta dos meses para que los jueces les den cita para realizar esa diligencia.

En esos casos, de aplicarse la tesis de la Corte Constitucional, cuando apenas se inicia la acusación ya habrían corrido 60 días de los 120 que hay de plazo, lo que aumentaría el riesgo de vencimientos de términos y libertades.

El mismo alto tribunal reconoció en el fallo de hace un año que la decisión “genera consecuencias en los procesos penales que pueden ocasionar traumatismos en la administración de justicia y afectar seriamente el cumplimiento de los deberes y obligaciones del Estado”, por lo que le dio plazo hasta el próximo 20 de julio al Congreso para reglamentar el tema y, si así lo consideraba, fijar un plazo distinto.

En octubre del año pasado el Ministerio de Justicia y la Fiscalía presentaron al Congreso un proyecto para subsanar el vacío, garantizando que los términos corran una vez termine la audiencia de acusación. Fue aprobado en dos debates en el Senado, y a la Cámara solo le quedan 20 días para aprobarlo en Comisión primera y plenaria.

Por ahora, el proyecto aún no está en agenda legislativa.

EL TIEMPO