Suspenden provisionalmente normas de áreas estratégicas mineras

Suspenden provisionalmente normas de áreas estratégicas mineras

Por no realizar consulta previa a comunidades, resoluciones del Gobierno se quedaron sin efecto.

Suspenden provisionalmente normas de áreas estratégicas mineras
20 de mayo de 2015, 08:07 pm

El Consejo de Estado suspendió temporalmente las resoluciones del Gobierno Nacional en las que delimitó 20'470.200 hectáreas del país como áreas estratégicas mineras.

Estos territorios fueron delimitados para que la autoridad minera identifique las zonas en las que es viable desarrollar proyectos de explotación minera a pequeña y mediana escala “teniendo en cuenta la obtención de los mejores beneficios para el Estado”, según indica una de las resoluciones que quedó sin efecto.

Se trata de la resolución 180241 de 2012 del Ministerio de Minas, en la que además, quedó explícito que en esos territorios, la autoridad minera “no suscribirá contratos de concesión bajo el régimen ordinario de concesión del Código de Minas, ni recibirá nuevas propuestas para celebrar contratos de concesión bajo dicho régimen” sino que establecerá “requisitos para escoger al proponente que ofrezca las mejores condiciones y beneficios para el Estado”.

Para la organización Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, que presentó la demanda de nulidad, las áreas estratégicas mineras “fueron delimitadas por el Gobierno Nacional para que en ellas se llevaran a cabo labores de exploración y explotación de minerales estratégicos a gran escala, siendo zonas que serían entregadas mediante procesos de licitación pública a empresas privadas”.

Las normas que quedaron sin vigor temporalmente son las resoluciones 180241 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía y 0042 de 2012 y 429 de 2013 de la Agencia Nacional Minera.

Mapa cortesía de: Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna

Para el alto tribunal, antes de aplicar los decretos era necesario haber adelantado una consulta previa con las comunidades que nunca se llevó a cabo.

Con ponencia de la magistrada, Olga Mélida de la Hoz, los consejeros pidieron dejar sin efectos legales “hasta que se establezca si era o no necesaria la consulta previa en la expedición de las resoluciones y hasta tanto se haga el estudio de legalidad de las mismas”.

Lo anterior, para “evitar cualquier menoscabo de los derechos de las comunidades étnicas” que hacen presencia en esos territorios que fueron delimitados en 22 departamentos del país y que representan el 17,43 % del territorio nacional.

Además, los consejeros recuerdan que la consulta previa es un mecanismo que busca proteger el derecho de las comunidades a decidir sobre los procesos de desarrollo y planes que afecten su organización, de modo que estos no afecten sus creencias, instituciones y bienestar espiritual. Más aún, si se trata de proyectos de explotación de recursos naturales que se lleven a cabo en terrenos protegidos.

De acuerdo con los demandantes, entre las zonas declaradas “áreas estratégicas mineras” se encuentra ecosistemas estratégicos como el Chocó biogeográfico, la Amazonía y el Macizo colombiano.

JUSTICIA