Corte pone fin a 'calvario' de 47 ancianos de Antioquia

Corte pone fin a 'calvario' de 47 ancianos de Antioquia

Para reclamar un subsidio, tenían que viajar siete horas a lomo de mula o en improvisadas camillas.

Corte pone fin a 'calvario' de 47 ancianos de Antioquia
11 de mayo de 2015, 01:54 am

Un fallo de la Corte Constitucional puso fin a las tortuosas caminatas y peligrosas maniobras que tenían que hacer 47 adultos mayores del municipio de Peque (Antioquia) para poder reclamar un subsidio del Gobierno.

Cada dos meses, Teresa Emilia Santamaría, de 75 años y quien vive en la vereda San Julián de Barbacoas, tenía que viajar a lomo de mula durante siete horas para reclamar en el Banco Agrario los 150.000 pesos del programa del Gobierno Colombia Mayor. Igual travesía realizaba Luis Felipe Torres, de 78 años, quien reside en la vereda Naipes, del mismo municipio.

La personería local denunció que los ancianos realizaban el recorrido por caminos de herradura y cuando no había mula disponible, se valían de dos cargueros que ubican a sus clientes en una improvisada camilla hecha con palos que luego ponen en sus hombros para iniciar el descenso con destino al banco.

El camino se pone más peligroso cuando llueve, más aun cuando en Peque solo hay carreteras en dos de las 40 veredas, y en el resto de la zona rural, solo trochas.

En la mayoría de las ocasiones, el tiempo para ir al pueblo y regresar no es suficiente y por eso los campesinos optan por quedarse y al día siguiente retornar a sus veredas”, dice la personera municipal, Liliana Aydée Salazar.

Ante la dramática situación, los familiares de los dos ancianos exploraron varias alternativas que no se pudieron aplicar y que dejaron como única salida una tutela que llegó a la Corte Constitucional y que terminó por beneficiar a todos los adultos mayores del municipio.

Los hijos de los tutelantes intentaron hacer los cobros con un poder que no fue aceptado en el banco porque no estaba autenticado. La notaría más cercana para hacer este trámite está en Ituango, a día y medio de camino a pie, o a cinco horas en vehículo.

Ante ese nuevo impasse, el juez promiscuo de Peque le dio el visto bueno a uno de sus funcionarios para que fuera a las veredas para tomar las firmas de los adultos mayores. Pero solo se hizo un viaje porque el despacho judicial consideró que ese recorrido, que era el mismo que tenían que hacer los ancianos, resultaba muy riesgoso.

La Secretaría de Gobierno de Peque intentó entonces hacer el trámite para recoger y validar las firmas de los beneficiarios, pero esa salida tampoco fue aceptada en el banco.

El fin del viaje

Teresa Emilia y Luis Felipe acudieron inicialmente al juez promiscuo de Dabeiba para interponer una tutela en la que pedían que el Banco Agrario les recibiera los poderes que entregaron a sus familiares para poder recibir el subsidio sin tener que someterse a los extenuantes viajes.

El juez negó el amparo al considerar que “ponía en riesgo la correcta ejecución del Fondo de Solidaridad Pensional” y que vulneraba el derecho a la igualdad de los demás beneficiarios.

“La autenticación y el reconocimiento de huellas y firmas de un documento privado es una actividad que debe realizarse ante un juez o notario, y, por lo tanto, es indelegable en la administración municipal”, señaló el juez.

La tutela llegó a revisión a la sala de los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio y Gloria Stella Ortiz, que en principio señalaron que las personas de la tercera edad “son acreedoras de un trato de especial protección, proveniente no solo del Estado, sino de los miembros de la sociedad”.

Aunque la Corte señaló que, efectivamente, no se podían aceptar los poderes que no estuvieran debidamente autenticados, aclaró que someter a esos desplazamientos “inhumanos” a los ancianos constituía “una carga desproporcionada que ocasiona la vulneración de sus derechos fundamentales a una vida digna y a un mínimo vital”.

La Corte ordenó al juez de Peque que cada dos meses se desplace a la zona rural del municipio para autenticar las huellas y firmas de los adultos mayores que sean beneficiarios del programa y que autoricen a un tercero a que haga el cobro ante el Banco Agrario.

Igualmente, se ordena a la Alcaldía local que ayude con los gastos de los desplazamientos y que en coordinación con la Policía o el Ejército garantice la seguridad en los recorridos del funcionario judicial.

JUSTICIA
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