Cuatro 'pecados' de la oposición de la cúpula judicial a la reforma

Cuatro 'pecados' de la oposición de la cúpula judicial a la reforma

EL TIEMPO analiza los efectos de la propuesta de hundir el proyecto de 'Equilibrio de poderes'.

Cuatro 'pecados' de la oposición de la cúpula judicial a la reforma
7 de mayo de 2015, 03:13 pm

La sorpresiva propuesta de la cúpula de la Rama Judicial de hundir la reforma de ‘Equilibrio de poderes’ y hacer una Constituyente centrada en los temas de la justicia plantea varios puntos problemáticos.

1. Es un mal mensaje. Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señala que aceptar la posición del Fiscal y los presidentes de las cortes equivale a aceptar que el Judicial es “un poder irreformable, incontrolable e ingobernable”. Los dignatarios de la justicia se han atravesado, con distintos argumentos, a cada intento de reforma en la última década. El mensaje que recibe el país no es el de preocupación por los problemas de la justicia, sino el de la defensa cerrada de privilegios que este y los otros proyectos, con todas sus fallas, empezaban a tocar.

2. Pone en duda a la Corte Constitucional. En su carta del martes, los miembros de la cúpula de la Rama Judicial sostienen que la reforma tiene vicios de forma y de fondo que, según ellos, la hacen contraria a la Constitución y por eso debe hundirse. Esa posición desconoce que la reforma tendrá que ser sometida al control de la Corte Constitucional, que en otras reformas a la Carta del 91 ha ‘tumbado’ proyectos de acto legislativo aprobados en el Congreso y que tocaban a otras ramas del poder público. La misma Corte que frenó, por ejemplo, el intento por la segunda reelección de Álvaro Uribe tendrá, según los analistas, toda la capacidad para detectar y declarar inexequible todo lo que sea contrario al espíritu de la Carta del 91 o que haya tenido vicios de trámite. La posición de la cúpula rompe también con lo manifestado por la Corte Constitucional en pleno a raíz del escándalo del magistrado Jorge Pretelt sobre la necesidad de que los magistrados se aparten de funciones electorales que terminan politizando los altos tribunales, como las elecciones de Procurador, Contralor y Registrador. Las otras cortes han dicho en otras oportunidades, además, que esas facultades son “un regalo envenenado” de la Constitución que ahora, sin embargo, defienden.

3. Dilata cambios urgentes. Los escándalos sobre algunos magistrados, que incluso terminaron afectando la Corte más respetada, la Constitucional, han puesto sobre la mesa la importancia de tomar correctivos que no han podido hacer en 20 años frente a situaciones críticas. La impunidad que rodea a los dignatarios de la Justicia en la Comisión de Acusaciones, señala Excelencia en la Justicia, ha repercutido en un relajamiento moral porque no existe ningún control sobre ellos y esta reforma plantea salidas frente al tema. Lo propio pasa con la eliminación del muy cuestionado Consejo Superior de la Judicatura y con la imposición de más requisitos para llegar a las altas cortes. El proyecto está a dos debates de ser aprobado y en el tiempo que queda, con la intervención de las cortes y la Fiscalía, se podrían corregir reparos válidos de la Rama Judicial. Hacer la reforma de la justicia vía constituyente presupone un trámite que podría tardar años –una ley que la convoque con todo su trámite, elección de constituyentes, las discusiones mismas en la Asamblea—más aún si en esa asamblea intervinieran desmovilizados de las Farc, pues el requisito ineludible para ello sería que el acuerdo de paz estuviera firmado.

4. Los riesgos de una Constituyente. La propuesta de una constituyente centrada en la justicia parte de la base de que el Congreso no es capaz o no tiene la legitimidad para reformar a la justicia y a sus altos poderes. Esa posición desinstitucionaliza y, paradójicamente, termina reforzando a los sectores que han sostenido, a raíz del caso Pretelt, que frente a los problemas de las altas cortes hay que ‘tumbar el tablero’ e incluso revocar a todos los magistrados. “El Congreso está haciendo su trabajo y hay que permitírselo”, dice Borrero. Cuestiona “por qué las instituciones de la Rama Judicial, que tienen iniciativa legislativa, no han presentado sus propuestas para resolver las que llaman en el comunicado del miércoles “hondas dificultades estructurales de la justicia”.

JUSTICIA

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