Cúpula judicial se va lanza en ristre contra 'Equilibrio de poderes'

Cúpula judicial se va lanza en ristre contra 'Equilibrio de poderes'

Fiscal y cabezas de altas cortes plantean Constituyente en la que tendrían asiento desmovilizados.

Cúpula judicial se va lanza en ristre contra 'Equilibrio de poderes'
7 de mayo de 2015, 03:40 am

En uno de sus momentos más críticos frente a la opinión pública por los escándalos que salpican a algunos magistrados, la cúpula de la Rama Judicial le pidió este miércoles a la Cámara de Representantes que hunda la reforma de ‘Equilibrio de poderes’ en todo “lo concerniente a la justicia”.

Además –en una propuesta que presupone dudas sobre la legitimidad del Congreso para adelantar reformas que toquen a las altas cortes– la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial propuso una Asamblea Nacional Constituyente “de carácter limitado” y que podría incluir a las Farc “si se firman los acuerdos de paz”.

La reforma está a dos debates de terminar su trámite en el Congreso y, entre otros puntos, rompe el blindaje de impunidad que rodea a magistrados de las altas cortes y al Fiscal General al establecer un nuevo tribunal que los juzga; elimina el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura y les quita a las cortes participación en la elección de funcionarios tan poderosos como el Contralor General de la República.

Las cabezas de la justicia –salvo la Corte Constitucional, que deberá revisar la reforma en control de exequilibilidad y por lo tanto no puede opinar sobre ella– aseguran que el proyecto tiene “graves vicios” de trámite y, sobre todo, que “resulta inconveniente para el país” porque “no resuelve las hondas dificultades estructurales que hoy tiene la justicia y no contempla las reformas constitucionales necesarias para afrontar los retos que traería un posible escenario de posconflicto”. (Lea aquí: Gobierno y partidos, sorprendidos con rechazo al equilibrio de poderes)

El fiscal Eduardo Montealegre y los presidentes del Consejo de Estado Luis Rafael Vergara; la Judicatura, Wilson Ruiz, y la Corte Suprema, Leonidas Bustos, sostienen que el proyecto “implica una sustitución de la Constitución porque varias disposiciones normativas reemplazan la distribución original del poder adoptada por el Constituyente originario y minan la existencia de controles recíprocos entre las diferentes ramas que conforman nuestro Estado, lo cual lleva a concentrar el reparto del poder en las ramas ejecutiva y legislativa”.

Además, afirman que el mismo tiene supuestos vicios de “unidad de materia, consecutividad e identidad flexible” porque “ha sufrido drásticas modificaciones desde su presentación hasta el sexto debate y, se han incorporado disposiciones que no fueron objeto de discusión en la primera vuelta, lo cual podría suponer la desviación de la voluntad original del constituyente derivado”.

Reto para el Gobierno

La posición de la cúpula judicial, que se atraviesa en el camino de la iniciativa que hasta ahora más ha avanzado frente a problemas detectados hace décadas, plantea para el Gobierno y el mismo Congreso la disyuntiva de sacar adelante una cirugía de alto impacto aún a pesar de la oposición de la Rama del Poder Público directamente afectada.

congreso

En el 2012, una situación similar determinó la muerte de la reforma impulsada por el primer gobierno de Juan Manuel Santos y que tuvo que hundirse de emergencia por los ‘micos’ que a última hora le incluyó el Congreso.

En el actual debate, una de las últimas polémicas tuvo que ver con señalamientos al fiscal Montealegre porque una de sus funcionarias estaba cabildeando en el Congreso para hundir una propuesta que le habría impedido litigar en los cinco años siguientes a su salida de la Fiscalía.

El punto más radical de la posición de la cúpula judicial es el referente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La Comisión dice que el proyecto “no está pensado para el posconflicto” y “propone la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter limitado (...) que deberá garantizar la participación activa y directa de los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los desmovilizados si se firman los acuerdos de paz, para que las reformas necesarias a la administración de justicia sean fruto de un debate democrático y plural”.

De esta manera, las cortes se suman a sectores del uribismo y a las mismas Farc que piden una Constituyente.

Este miércoles en horas de la noche, el Gobierno se declaró “abierto al diálogo” pero dejó claro que seguirá adelante con el proyecto. Al respecto, la Corporación Excelencia en la Justicia señaló que el mensaje que ha enviado la cúpula judicial “es altamente negativo”.

“Si llegara a retirarse esta reforma, el mensaje sería que estamos frente a un poder irreformable, incontrolable e ingobernable”, dijo Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia.

Según esa organización, cambios incluidos en la reforma como los mayores requisitos para llegar a las altas cortes, las mayores inhabilidades y, sobre todo, la creación de un control real que ronde a los magistrados y al Fiscal son necesidades inaplazables para la justicia colombiana.

Los argumentos de la Comisión

En un documento de 18 páginas, la Comisión Interinstitucional envió a la Cámara los reparos por los que, según ella, se debe hundir la reforma.

Las cortes señalan que el proyecto “pone en riesgo” la distribución de poderes y concentra facultades en una sola rama (el Ejecutivo), haciendo que el Congreso y el Judicial terminen plegados a la Presidencia.

Igualmente advierten que se han incluido en los últimos debates modificaciones que no han sido discutidas con antelación y que por lo tanto constituirían vicios de trámite.

Señalan que la eliminación del antejuicio a los aforados ante el Senado le quita las facultades judiciales al Congreso generando un supuesto “desequilibrio institucional”.

Además cuestionan que se mantenga un sistema de juzgamiento especial para el Presidente y Vicepresidente prácticamente igual al actual y preguntan: “¿Por qué el sistema actual de investigación y juzgamiento es bueno para el Presidente y es malo cuando se trata de las dignidades de la Justicia?”.

Finalmente, el fiscal Montealegre y los magistrados señalan que “las votaciones de primera y segunda vuelta revelan posibles vicios”.

Plantean al Congreso “que indague y aclare si existieron senadores que intervinieron previamente en el diseño de la propuesta de reforma constitucional y luego participaron en el debate estando impedidos”.

Esto, en referencia a que muchos tienen investigaciones pendientes en la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Todos los intentos han fracasado

2012
Los ‘micos’ que le colgó el Congreso a última hora a la reforma de la justicia del 2012, entre ellos una especie de blindaje que impedía investigar a los congresistas, obligaron a que el Presidente expidiera un decreto con el que se convocó a sesiones extras. En ellas, el Legislativo hundió el proyecto. Eso le costó el cargo al entonces ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.

2005
La oposición del Congreso a crear más escaños en el Consejo de Estado y al poder nominador a la Judicatura, entre otros, llevó al hundimiento de la propuesta de reforma que hizo ese año el ministro de Justicia e Interior Sabas Pretelt.

2002
En octubre de ese año, el entonces ministro de Justicia e Interior Fernando Londoño propuso acabar con la Judicatura y reformar las competencias de las cortes. El proyecto no pasó el primer debate en el Congreso.

Los ‘callos’ que pisa la reforma

1. Eliminación de la Judicatura

Se propone la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de otras instancias en su reemplazo. Este es uno de los pilares de la enmienda y uno de los temas sobre los que mayor consenso ha habido entre los partidos políticos.

2. Se crea órgano de investigación

Se crea la comisión de aforados para investigar a magistrados y a Fiscal. Según lo aprobado, si alguno de ellos es acusado, perdería el cargo y podría ser juzgado por la Corte Suprema.

3. Fin de la ‘puerta giratoria’

Otro tema polémico ha sido que la reforma de equilibrio de poderes acaba con la posibilidad de que un magistrado que haya salido de una alta corte pueda ‘saltar’ a otra, en lo que se conoce como la ‘puerta giratoria’.

4. Ya no nominan al Contralor

Con la enmienda, los magistrados pierden la facultad de nominar al Contralor. Según lo aprobado, este seguiría siendo elegido por el Congreso, pero de una lista de elegibles luego de una convocatoria pública.

5. Les suben los años mínimos

Otro de los temas aprobados es que se eleva el número de años de experiencia para ser magistrado de una alta corte. Hoy, este está en diez años y con la reforma de equilibrio de poderes, queda en veinte años.

6. Cambia forma de elección

Con la reforma, las listas para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado ya no serán enviadas por la Judicatura, sino que saldrán de un concurso de méritos.

JUSTICIA
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