Las pistas del delito de cohecho en la investigación contra Pretelt

Las pistas del delito de cohecho en la investigación contra Pretelt

Investigador pide a Fiscalía establecer si cabezas de Fidupetrol influyeron en decisión de la Corte.

Las pistas del delito de cohecho en la investigación contra Pretelt
3 de mayo de 2015, 12:16 am

En contra de lo que dice su largo historial de impunidad, la Comisión de Acusación parece enfilada a producir resultados en el caso por supuesta corrupción contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub.

Como no se había visto en años, en menos de dos meses desde que estalló el escándalo, la Comisión llamó a indagatoria al denunciado, tomó versiones de todos sus colegas de Corte y llamó a declarar como testigos al abogado Víctor Pacheco –el hombre que salpicó a Pretelt– y a los directivos de Fidupetrol, la firma que pretendía, por una tutela, tumbar en la Corte Constitucional una millonaria condena en su contra.

También ‘barrió’ las actas de la junta y otra documentación clave de Fidupetrol y confrontó versiones. Las primeras conclusiones de ese trabajo llevaron al representante investigador, Julián Bedoya, a imputarle provisionalmente a Pretelt el posible delito de cohecho –pedir u ofrecer dádivas para interferir en la actuación de un funcionario público– y a trasladar copias a la Fiscalía para que investigue a los directivos de Fidupetrol Guillermo Caballero, Julio Lizarazo y Helbert Otero. Ellos serían partícipes en supuestas “acciones dirigidas a influenciar indebidamente la decisión que debía tomar la Corte Constitucional dentro del trámite de tutela promovido por esa sociedad”.

La versión del abogado Pacheco ante los colegas de Pretelt, después de un intento de retractación ante la Fiscalía, es que en octubre del 2013 supuestamente Pretelt le pidió 500 millones de pesos para ayudarlo a sacar adelante la tutela, con la que Fidupetrol se evitaría el pago de 22.000 millones de pesos. Esa plata supuestamente sería entregada al magistrado ponente, Mauricio González, cuyo nombre, según el mismo Pacheco, habría sido utilizado por su colega en la Corte.

Lo que ha encontrado la investigación sugiere una mayor participación de la que Pacheco ha admitido hasta este momento en el supuesto caso de soborno. De hecho, esta podría ser una de las razones por las que el abogado barranquillero está avanzando en la negociación de un acuerdo con la Fiscalía para servir de testigo contra otros posibles partícipes en los hechos. Como se sabe, González se negó a dictar una medida cautelar que pretendía Fidupetrol y que le habría permitido desembargar millonarios fondos. Además, la Corte negó por unanimidad la tutela.

El investigador dice, sin embargo, que son tan “serias las contradicciones” dadas por los accionistas y altos funcionarios de Fidupetrol sobre el caso y tan “grandes los interrogantes” que resultan de las pruebas documentales que la Fiscalía debe, como ya lo está haciendo, ahondar en lo que pasó en la comisionista.

Lo que considera el investigador es que hay por lo menos 12 puntos sin explicación lógica en el asunto de la tutela, empezando con la contratación de un abogado que “tenía menos conocimiento y experiencia en materia constitucional que otros abogados consultados” (por Fidupetrol), que además no vivía en Bogotá y que pidió honorarios más altos (500 millones) que otros juristas por llevar el caso. (Lea: Las dudas en la investigación contra Jorge Pretelt)

La decisión de pagarle al abogado una prima de éxito sin haber sacado adelante el proceso, precisamente por la época en la que la tutela fue seleccionada en la Corte y cuando supuestamente se dio el pedido de plata de Pretelt, es otra de las dudas del caso.

La entrada del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil como asesor en el proceso y la comisión de 32 millones de pesos que le pagó a Pacheco de lo que le giró Fidupetrol también generan dudas en el encargado de la investigación, quien se pregunta también por qué “hay comunicaciones entre los directivos de Fidupetrol en las que se informa de la selección de la tutela para la revisión de la Corte Constitucional”.

Otro cabo suelto en el proceso es la eventual intervención que tuvo la firma de abogados Nates&Pinto en este capítulo, pues según los barridos de la información contable de Fidupetrol recibió una suma superior a los 400 millones de pesos que aparecen justificados en contratos firmados con posterioridad a los giros y por asuntos cuyo monto no parece encajar con los asuntos del contrato. “¿Por qué los pagos a Nates&Pinto coinciden temporalmente con la época más agitada de la selección y revisión de la tutela de Fidupetrol?”, cuestiona el representante Bedoya.

Los representantes de esa empresa también serían llamados a declarar por la Fiscalía, que adelanta el capítulo de los no aforados en el escándalo.

Por lo pronto, Bedoya deberá determinar en las próximas semanas si lleva a la Comisión un informe que recomiende acusar formalmente a Pretelt.

Ese proyecto, de ser avalado, pasaría a su vez a la plenaria de la Cámara de Representantes, que lleva casi 50 años sin dar un paso semejante.

La acusación daría paso a una suspensión inmediata del magistrado, quien sostiene que los señalamientos en su contra obedecen a intereses políticos e ideológicos contrarios a los suyos. Entre tanto, la Comisión empezará también a tramitar las versiones de Pretelt contra varios de sus colegas en la Corte.

El abogado Víctor Pacheco dijo que Pretelt pidió dinero para favorecer una tutela.

El abogado Víctor Pacheco dijo que Pretelt pidió dinero para favorecer una tutela. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Envían copias por nuevas denuncias

El magistrado Pretelt tendrá que enfrentar dos nuevos procesos en la Comisión de Acusación.

Hacen referencia a las afirmaciones de dos de sus colegas en la Corte Constitucional, los magistrados María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas, quienes hablaron de dos episodios que, de acuerdo con un documento de la Comisión conocido por este diario, “pueden llegar a ser constitutivos de infracción a la ley penal o de infracción disciplinaria”.

Calle recordó los cuestionamientos que se hacen contra Pretelt por su demora en llevar a Sala Plena un proyecto de fallo que le permitió al municipio de Santa Marta terminar unilateralmente un oneroso contrato con un privado para la recaudación de impuestos.

Pretelt fue ponente de la revisión de una tutela, en la que el abogado ante la Corte fue Rodrigo Escobar, interpuesta por la firma Racaudos y Tributos contra la decisión de la Alcaldía. Su ponencia concedía la tutela y se impuso. Pero el caso fue llevado a Sala Plena y la Corte revirtió el fallo. Sin embargo, según denunció el periodista Daniel Coronell, su demora en presentar el nuevo proyecto le permitió a la firma recibir 10.000 millones de pesos más mientras se notificaba la decisión definitiva.

Vargas, quien a su vez ha sido denunciado por Pretelt, aseguró que cuando su colega llegó a la Corte le sugirió la posibilidad de “ayudarles a unos amigos”, en referencia a una tutela interpuesta por el exsenador cordobés Julio Manzur contra un banco. (Lea: Magistrado Pretelt se defiende de señalamientos de 'Ernesto Báez')

Vargas dice que le pareció una entrada “demasiado folclórica” y que no la tomó en serio, pues ocurrió el primer día de Pretelt en la Corte.

El caso Colmenares

En abril, Luis Colmenares, padre del universitario Andrés Colmenares, denunció al magistrado Luis Ernesto Vargas por la versión de Jorge Pretelt, según la cual su colega presuntamente le solicitó seleccionar la tutela interpuesta por Laura Moreno para borrar de un fallo sobre el caso Colmenares las menciones a su nombre.

Colmenares pidió investigar una supuesta cercanía de Vargas con los Moreno y manifestó que son vecinos. Lo que dijo Pretelt fue anexado a su denuncia.

Esa versión ha sido desmentida por Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, quien afirma que Pretelt es amigo del padre de Colmenares y no se declaró impedido frente al caso de la tutela. La Corte no la seleccionó.

EL TIEMPO