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Vuelve y juega la justicia en el equilibrio de poderes

Es poco creíble que la solución para la justicia se encuentre en otras ramas del poder público.

La reforma de equilibrio de poderes entra en la recta final. La idea que se tuvo en el momento de su presentación era suprimir la reelección del Presidente, para convertirse con el paso de los debates y los escándalos en un salpicón de casi 30 artículos: una reforma constitucional sobre política y justicia que se le incluyó de todo y cuyo resultado puede ser un nuevo fiasco.
Más allá de los problemas constitucionales que le han surgido al proyecto debido a la inclusión de temas que no se discutieron en la primera vuelta del debate, vale la pena abordar tres aspectos que deberían tener en cuenta en el Congreso de la República en lo que resta del procedimiento legislativo.
En primer término, el aumento de fueros es incomprensible. El escándalo que se produjo en la Corte Constitucional por presuntos hechos de corrupción y la discusión en torno a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que ha sido incapaz de acusar a ningún aforado debió generar una reflexión contraria a la que trae la ponencia para el sexto debate. En el texto, en vez de acabar de una vez por todas los fueros de los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General, se les otorga fuero al Procurador, Contralor y al Defensor del Pueblo.
Debe recordarse que el fuero en un régimen presidencial existe solamente para el Presidente de la República en el entendido en que debe protegerse la institución que representa. Haciendo eco a este argumento, el Tribunal o Comisión de Aforados debe acusar o investigar al Presidente o el Vicepresidente. Los otros funcionarios deben ser normalizados, como cualquier ciudadano.
En segundo término, debe ponérsele fin a la cooptación, es decir, al mecanismo por medio del cual los magistrados se eligen entre ellos. No puede ser posible que producto del vergonzoso escándalo de la Corte Constitucional, las intempestivas renuncias en la Corte Suprema de Justicia o las prácticas non sanctas del Consejo Superior de la Judicatura, se concluya que la solución de la reforma sea la de perpetuar un sistema de elección que carece de transparencia y en el cual prima el “corporativismo judicial”.
Este sistema es nocivo, como ha quedado evidenciado en nuestra historia constitucional, porque genera rezago judicial a través del sostenimiento de teorías y de formas de administración de justicia que no responden a la dinamicidad y a los cambios de las sociedades. La jurisprudencia es un elemento de construcción de doctrinas sólidas, pero también de recepción de nuevas ideas que deben venir de personas que integren las cortes y sean ajenos a la dinámica corporativista de la rama.
Por último, la figura de la inviolabilidad no puede ser introducida para generar exclusión judicial alguna contra los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación. La inviolabilidad fue construida como un instituto en beneficio de los parlamentarios teniendo en consideración que tendrían exclusión de responsabilidad por sus dichos en el Congreso. Los magistrados y el Fiscal, por el contrario, defienden sus decisiones con razones, motivaciones y argumentos. Así es en la actualidad y siempre lo ha sido.
Sin embargo, en caso de que un magistrado o el Fiscal cometan un delito como prevaricato en el ejercicio de la función judicial deben ser investigados y sancionados por la justicia, sin pretender excluirse de ninguna responsabilidad. Ni más faltaba que se requiera un antejuicio político para analizar la comisión de un delito.
Es increíble que la justicia esté en crisis y la solución para todos los problemas se encuentre, según este anárquico proyecto, en otras ramas del poder público. La Constitución del 91 redujo el poder del Ejecutivo y enalteció a la Rama Judicial. El equilibrio de poderes es para nivelar y ajustar, no para agudizar las diferencias y desconocer el principio de “los pesos y los contrapesos”.
Francisco Barbosa
*Ph. D. en Derecho Público (Universidad de Nantes, Francia). Profesor de la Universidad Externado de Colombia.
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