Ultimátum de Corte Constitucional al Gobierno por crisis carcelaria

Ultimátum de Corte Constitucional al Gobierno por crisis carcelaria

Tribunal pone plazos para garantizar derechos fundamentales de presos. Cuestiona 'populismo penal'.

Ultimátum de Corte Constitucional al Gobierno por crisis carcelaria
20 de abril de 2015, 04:36 am

“Permanecemos encerrados 14 horas diarias con 3 personas más en un espacio de 9 metros cuadrados, soportando altas temperaturas por falta de ventilación, orinando en tarros y defecando en bolsas, que posteriormente deben ser tiradas a la parte de atrás de las celdas (…) Solo nos ponen el agua media hora en la tarde y media hora en la mañana”. (Vea también: Infografía del panorama carcelario del país)

Ese es el relato de un interno de la cárcel de Cúcuta (Norte de Santander) que hace parte de un trascendental fallo de la Corte Constitucional que acaba de fijar plazos al Gobierno Nacional para que mejore la situación carcelaria del país y plantea, inclusive, el cierre de cárceles como La Modelo de Bogotá a la que comparó con las mazmorras de la inquisición.

En un fallo de 616 páginas, los magistrados María Victoria Calle, Mauricio González y Luis Guillermo Guerrero examinaron la situación carcelaria del país desde 1997 y advirtieron que el actual sistema penitenciario es “indigno, cruel e inhumano”. (Conozca las cifras y las historias de la crisis en las cárceles de Colombia)

Los magistrados examinaron nueve tutelas presentadas por internos de las cárceles de la Tramacúa, de Valledupar; la de Cúcuta (Cocuc); la Modelo, de Bogotá; Bellavista, de Medellín; San Isidro, de Popayán, y la de Barrancabermeja, en las que se denunciaban las precarias condiciones de higiene, hacinamiento y salubridad a las que eran sometidos los internos de esos penales.

En el fallo se da la razón a los reclamos de los internos y se advierte que la situación carcelaria es tan grave que no aguanta más aplazamientos, por lo que la Corte le fija al Gobierno plazos perentorios de días y semanas para que empiece a aliviar la situación de los internos. Si, de fondo, esas medidas no empiezan a garantizar los derechos fundamentales de los internos, la Corte ordena que en tres años esos penales sean cerrados y que se evalúe si en esas cárceles “se conserva la memoria de las tragedias que ocurrieron en esas edificaciones”. (Lea: Las tácticas de estafa con las que extorsionan desde las cárceles)

“El someter a las personas privadas de la libertad a condiciones de reclusión indignas y violatorias de los derechos fundamentales más básicos es una conducta proscrita del Estado social y democrático de derecho”, se lee en el fallo.

Presos tienen derechos

En la sentencia, la Corte tuvo en cuenta los testimonios de los internos de la cárcel La Tramacua, de Valledupar, que denunciaron que el agua solo llegaba a los dos primeros pisos del penal y que tenían que pagar 1.000 pesos para comprar baldes sucios con los que se bañaban y hacían aseo los internos de los demás pisos. La Corte ordena que la Defensoría y la Procuraduría hagan una visita al penal y verifiquen la situación y de persistir los problemas con el agua de da un plazo de 48 horas al penal para que empiece a solucionar la situación.

Toda persona tiene el derecho constitucional a estar privado de la libertad en condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad”, señala la Corte tras insistir que los internos no pueden estar hacinados, ni sometidos a temperaturas extremas y deben tener acceso a los servicios públicos y de salud y alimentación adecuada y suficiente.

La Corte considera que uno de los casos más graves se registra en la Modelo, en donde hay hacinamiento, problemas de higiene, mal manejo de aguas negras y hasta ausencia de colchones y cobijas para los presos.

La Corte da un plazo inicial de 48 horas para “garantizar a los reclusos de dicho penal unas condiciones de subsistencia dignas y humanas”. Luego, la Corte ordena que en un nuevo plazo de 15 días se informe cuál fue el plan de choque que se puso en marcha para cumplir el fallo.

Problema de fondo

La situación dentro de las cárceles del país es tan grave que la Corte ordena al Gobierno que, a través del Ministerio de Justicia y el Inpec, convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que examine el tema y tome medidas para empezar a enfrentar las violaciones a los derechos fundamentales de los internos.

Para la Corte, el panorama carcelario es “a todas luces escabroso” y los penales son “una universidad del delito”, en los que “puede ocurrir cualquier cosa”.

El Tribunal considera que el primer problema que el Gobierno debe enfrentar “de manera inmediata y con urgencia” es el hacinamiento. “Si no se supera, difícilmente se podrán hacer avances importantes, eficientes y sostenibles en cualquier otra área”, señala el Tribunal.

Igualmente señala que el hacinamiento no solo se combate haciendo más cárceles sino garantizando que sean liberados los internos que ya tienen acceso a ese derecho “por su edad, porque sufren una grave enfermedad terminal o porque su solicitud de libertad justificada no ha sido tramitada por el respectivo juez de ejecución de penas”.

En la decisión, el Tribunal cuestiona el “populismo penal” que llevó al incremento de las penas y la aparición de nuevos tipos penales cuyo único castigo es la cárcel. “Las autoridades de las tres ramas del poder público se acostumbraron a autorizar la reclusión de personas en mazmorras indignas para cualquier ser humano y que desdicen de la sociedad y las instituciones oficiales que, por acción o por omisión, las permiten, a pesar de saber el impacto tan nefasto que puede conllevar la cárcel para una persona e, incluso, para quienes tienen que convivir con esta realidad en su situación de guardianes o familiares y allegados de las personas en prisión”, señaló la Corte.

Finalmente, cuestionó que cada vez más los internos deben acudir a tutelas para garantizar sus derechos fundamentales y que todavía más grave es que a, pesar de las decisiones favorables de los internos, las autoridades no cumplan con las órdenes judiciales. (Lea: 'Presos psiquiátricos carecen de atención': Defensoría del Pueblo)

Los pecados de los centros penitenciarios

1. Cárcel de Cúcuta

En el informe presentado sobre este penal se dice que los internos, además del hacinamiento, soportan condiciones climáticas extremas por la poca ventilación en las celdas. La condición es agravada por la falta de suministro de agua, a la que solo se tiene acceso una hora cada día. La ausencia de servicios sanitarios y sus condiciones de salubridad son precarias, lo que ha llevado a los reclusos a realizar sus necesidades en bolsas. También se ha hallado evidencia de plagas e insectos peligrosos para la salud. Además, cerca hay un caño que genera malos olores.

2. La Tramacúa (Valledupar)

Al problema de la escasez de agua se suma que algunos de los reclusos reciben sus comidas en tarros de gaseosa o bolsas plásticas por falta de menaje. Hay reporte de comida entregada en estado de descomposición. Los internos indican que son sometidos a malos tratos, incluso torturas y tratos degradantes. El informe dice que se restringen servicios de salud y saneamiento básico, pero, además, hay mayores limitaciones de comunicación. Pese a las altas temperaturas, está prohibido el uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado.

3. La Modelo (Bogotá)

La situación en este penal se resume en que buena parte de los internos no tiene celda para habitar. Fueron diseñadas para dos personas, pero allí viven 4 y 5. Los otros reclusos tienen que dormir en pasillos y, fuera del frío que deben soportar, se mojan cuando llueve. Cerca de 164 presos comparten un solo baño que se compone de dos duchas y dos inodoros –de los que funciona uno–. Se ven obligados a realizar sus necesidades en bolsas o tarros que arrojan en el patio o el pasillo, donde tienen que comer. Esto ha provocado intoxicaciones. El suministro de agua es restringido.

4. Bellavista (Medellín)

En el penal no existe una calificación interna entre paramilitares, guerrilla y presos sociales, lo que no contribuye a la tranquilidad del penal. Los internos han denunciado que se ven obligados a dormir en los baños por el alto nivel de hacinamiento de la cárcel. Allí son expuestos a gravísimas condiciones de sanidad, existen goteras, humedad y malos olores. La estructura de la cárcel presenta alto grado de deterioro. Los internos reclaman más medios de ocupación en los patios, como educativos o laborales. Tampoco cuentan con útiles de aseo personal.

5. San Isidro (Popayán)

Decisiones judiciales para otorgar beneficios como casa por cárcel y brazaletes electrónicos llegan a tardar hasta 2 años, lo que impide aliviar el hacinamiento y conlleva al incremento de los delitos al interior del penal. La falta de espacios para los internos deriva en un detrimento psicológico. En el centro penitenciario viven tres internos por celda, cuando realmente son para dos. El tercero duerme en el piso frente a un sanitario soportando frío y humedad. El hacinamiento ha causado la propagación de enfermedades como la tuberculosis y el VIH.

6. Cárcel de Barrancabermeja

Al igual que en otros penales, el acceso a los baños y a las condiciones de salubridad son deplorables. La cárcel solo cuenta con un médico que únicamente atiende 4 horas en la mañana a un promedio de 12 internos. Fuera de esto, según los internos hay poco acceso a ventiladores aunque la temperatura alcance en ocasiones 40 grados. Tampoco hay condiciones de privacidad para cuando los internos reciben visitas íntimas de su pareja. Esta cárcel tampoco cuenta con celdas para mujeres, por lo que tienen que ser llevadas a Bucaramanga.

Gobierno tiene listo plan de choque

Fuentes del Gobierno Nacional le dijeron a este diario que desde hace más de cuatro meses vienen trabajando en un plan de choque integral para enfrentar la crisis carcelaria.

Señalaron que incluso ya hay un borrador de un documento Conpes que será llevado al próximo Consejo de Ministros y que incluye no solo la creación de nuevos cupos sino un plan estratégico en temas de salud y resocialización.

Con apoyo de expertos mexicanos, se evalúa la posibilidad de que las nuevas cárceles del país puedan tener capital privado a través de la figura de la asociación público-privada (APP).

Igualmente señalaron que ya fue aprobado en primer debate un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía que le pone freno a la detención preventiva. (Lea: Continúan los cierres de centros de reclusión en el Quindío)

La cárcel no puede ser la regla general y la medida de aseguramiento debe aplicarse de manera excepcional”, señalaron tras indicar que con esa iniciativa se disminuirá el número de personas que van a las cárceles del país.

JUSTICIA
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