Las batallas perdidas del uribismo en la justicia

Las batallas perdidas del uribismo en la justicia

El círculo más estrecho de aliados del uribismo está investigado o se encuentra detenido.

Las batallas perdidas del uribismo en la justicia
19 de abril de 2015, 02:50 am

El uribismo atraviesa hoy el peor momento de su historia. La justicia ha caído de manera implacable contra varios de sus más elevados exponentes condenándolos a penas de cárcel por diversos delitos, lo cual asestó un duro golpe a esa organización política que podría afectar sus aspiraciones electorales en los comicios de octubre.

El grupo de uribistas que ha recibido el castigo de la ley se divide en dos: los que han sido condenados y los que están envueltos en procesos en los tribunales. (Infografía: El entorno de Álvaro Uribe condenado por la justicia)

Pero todos tienen algo en común: haber sido funcionarios o congresistas en las dos administraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

La situación que atraviesa el uribismo no tiene muchos antecedentes en la historia política del país. Aunque el proceso 8.000 y la ‘parapolítica’ fueron dos ejemplos en los cuales hubo condenas contra algunos integrantes de la clase política criolla, en este caso se trata de seguidores de una misma tendencia política. (Lea: 'Uribe me pidió que ayudara a salvar la patria': Yidis Medina)

Sus últimos protagonistas fueron los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio –sentenciados esta semana por la Corte Suprema a 6 años y 8 meses de prisión– y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, quien deberá pagar cinco años de cárcel. (Además: ¿Cómo 'cuadraron' los alfiles de Uribe los votos de la reelección?)

Todos ellos fueron sentenciados por haber “corrompido” congresistas –como Yidis Medina– para conseguir la aprobación de la reelección presidencial. (Lea: 'Yidispolítica', el escándalo que nos dejó la reelección de Uribe)

Condenados

En el primer grupo, el de los condenados, están también los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, hallados responsables el primero por nexos con el paramilitarismo y la segunda por las chuzadas ilegales. Noguera paga 25 años de cárcel y Hurtado ya fue condenada y espera que se le fije el monto de la pena.

En igual situación está Bernardo Moreno, también exsecretario de Presidencia de Uribe, responsable de las ‘chuzadas’, quien aguarda su condena.

Otro destacado exministro de esa época condenado es Andrés Felipe Arias, prófugo de la justicia. Arias fue sentenciado a 17 años por delitos relacionados con Agro Ingreso Seguro (AIS).

Este grupo lo completa el excongresista Mario Uribe, primo del expresidente Uribe, condenado por el alto tribunal a siete años y seis meses de cárcel por nexos con Salvatore Mancuso.

El general Mauricio Santoyo, edecán de Uribe, confesó apoyo a paramilitares y paga una pena de 13 años en Estados Unidos.

Otro grupo lo integran figuras comprometidas en diferentes procesos frente a la justicia. Lo encabeza el actual director del Centro Democrático y excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, contra quien hay una causa penal por su presunta participación en el intento para sabotear el proceso de paz que hizo el hacker Andrés Sepúlveda.

Dentro de ese proceso y en la misma situación está el exasesor espiritual de la campaña presidencial de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, quien salió del país.

Parte del sanedrín de Uribe en Palacio también tiene embrollos con la ley. Estos son los casos de Edmundo del Castillo, exasesor jurídico de Presidencia; César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa, y José Obdulio Gaviria, exasesor de presidencia.

El exministro Luis Guillermo Giraldo, quien promovió la segunda reelección presidencial, y el exjefe de seguridad de Uribe, general (r) Flavio Buitrago, están en juicio.

Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz, enfrenta juicio por la falsa desmovilización del bloque Cacica la Gaitana y también está fuera del país.

¿Persecución?

Para algunos uribistas esta embestida de la justicia es una persecución que ha emprendido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su contra.

El senador Alfredo Rangel sostiene que estas condenas son “el ensañamiento de sectores muy politizados, que tienen un plan de persecución contra el Centro Democrático”.

Otras voces dentro del uribismo no hablan de persecución sino que advierten de algunos retos que tiene que asumir el Centro Democrático en medio de estas decisiones judiciales.

Por ejemplo el desafío de organizarse como partido y competir con éxito en las elecciones regionales de octubre, en condiciones similares a las que esa colectividad participó en la contienda presidencial del 2014.

Roy Barreras, codirector de ‘la U’ y uno de los hombres más influyentes durante los gobiernos de Uribe, afirmó que es un “momento duro” para el Centro Democrático, pero que esto no “tendrá efectos” electorales. “Hay innumerables casos que desde la cárcel ganan las elecciones. Muchos herederos de la ‘parapolítica’ pusieron a los suyos en su momento”, afirmó.

Para Felipe Cárdenas, académico de la Universidad de la Sabana, las condenas son una demostración de que la justicia “no es para los de ruana”.

El analista Hernán Olano cree que no se trata de una persecución porque los hechos denunciados son “evidentes” para la justicia.

El inconveniente está en la demora de la administración de justicia en tomar cartas en el asunto. Ahora, cuando hay grandes tensiones entre Uribe y Santos, se piensa que es una persecución, pero la culpable es la justicia porque parece un ajuste de cuentas y una retaliación de corte político”, agregó.

Por el momento, el uribismo tendrá que seguir en la contienda electoral en medio de decisiones judiciales y solo en octubre, luego de elecciones, se sabrá si este hecho lo afectó o si, por el contrario, superó el reto de consolidarse como partido.

EL TIEMPO