Editorial: Más tutelas y no pasa nada

Editorial: Más tutelas y no pasa nada

Hay que defender este mecanismo como herramienta esencial para la protección de la salud.

11 de abril de 2015, 12:52 am

Que las tutelas interpuestas para garantizar el derecho a la salud aumenten cada año es muestra preocupante de que este recurso dejó de ser la excepción y se convirtió en el trámite para acceder a los servicios.

Las cifras anuales, presentadas rigurosamente por la Defensoría del Pueblo, ya no sorprenden y de tanto repetirse pasaron a ser el mero cumplimiento de la tarea, delegada a la entidad por la Corte Constitucional, de hacerle seguimiento a este mecanismo. La verdad es que después de cada informe no pasa nada.

Esta semana, en el marco del Día Mundial de la Salud, la Defensoría informó que el año pasado se contabilizaron 118.281 tutelas relacionadas con salud –2,7 por ciento más que en el 2013– y que 7 de cada 10 reclamaban beneficios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Datos que, a pesar de ser preliminares, fueron suficientes para generar la polvareda insustancial de cada año en torno a ellos.

Como siempre, frente a los números, cada actor recicla sus argumentos. Que la tendencia es decreciente, dice el Ministro; que son pocas, comparadas con los millones de servicios que brinda el sistema de salud, dicen las EPS; que es un problema de denominadores, dicen los estadígrafos; que es una violación sistemática de un derecho fundamental, dicen el Defensor y los usuarios. Argumentos que harán que el ruido suba por unos días, pero que poco a poco se apague, hasta el 2016, cuando el nuevo informe diga que las tutelas volvieron a aumentar.

Todo por culpa del inocuo debate en torno a las cifras absolutas, que desconoce el marco de impunidad en el que actúan quienes reiteradamente niegan los servicios que tienen la obligación de brindar y que son derechos de los ciudadanos. Eso, además de grave, deja en evidencia las fallas administrativas del sistema de salud y la incapacidad de los órganos de control para sancionar a los responsables. En ese contexto, el orden, la regulación estricta y los castigos severos para los infractores son los pilares para mermar las tutelas y no, como sugieren algunos, obstaculizar el acceso de los ciudadanos a este mecanismo jurídico. Por encima de todo, hay que defender la tutela como una herramienta esencial para la protección de la salud como derecho fundamental.

Y parte de esa defensa es la utilización adecuada y pertinente de esta. Todos los actores del sector tienen el deber de analizar, revisar y comprometer un cambio de conducta en lo que a trámites en las solicitudes de servicios y uso de la tutela se refiere. Ministerio, EPS, hospitales y entes territoriales deben tener claros su papel y su nivel de responsabilidad frente a los usuarios, y cumplirlo sin esguinces. Y las entidades de vigilancia deben ser inflexibles a la hora de denunciar y sancionar.

Mención especial merecen los usuarios, que tienen que entender que la tutela es un bien que hay que preservar para garantizar el derecho y no para satisfacer caprichos o necesidades personales suntuarias y o absurdas. También, los médicos que deben ver la inducción de demanda, vía tutela, como una falta ética mayor. Por último, a los jueces les toca asumir con humildad que, en materia de salud, no todos sus veredictos son infalibles y que muchas veces requieren asesorías. Todo, con el objeto de que las abultadas tutelas en salud dejen de ser el paisaje en que se convirtieron.

EDITORIAL

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