'Daño de Fidupetrol es de $100.000 millones': Contralor general

'Daño de Fidupetrol es de $100.000 millones': Contralor general

Edgardo Maya asegura que su institución necesita más 'dientes' para recuperar dineros públicos.

'Daño de Fidupetrol es de $100.000 millones': Contralor general
24 de marzo de 2015, 03:59 am

Lo escuché la semana pasada hacer unas críticas fuertes al Plan de Desarrollo…

Es una ley extensa, de 200 artículos aproximadamente, que necesita unidad de materia para que no terminen declarándola inexequible. Reglamenta muchas actividades que están en la Constitución, por ejemplo las funciones de la Contraloría General de la República, de las que traslada atribuciones a otras entidades en el tema de la contabilidad y vigilancia. Eso es totalmente inconstitucional.

¿Será que está usted molesto con el Plan de Desarrollo porque le desmonta un poco la Contraloría?

No. Ese es uno de los puntos más corregibles. Pero el Plan de Desarrollo tiene problemas de financiación. No hay cálculos de cuáles van a ser los precios del petróleo, los del carbón, las regalías... y, por consiguiente, no se sabe cuáles serán los ingresos de la Nación para financiar ese plan. En cuanto al tema de infraestructura, no hay estudios serios sobre movilidad. En tercer lugar, el desarrollo verde no va a ser tan verde porque el Plan prioriza las cuestiones mineras sobre la protección del medioambiente. Finalmente, si el Gobierno está montando un proceso de paz, tiene que haber un proyecto bien amplio sobre el tema del posconflicto. El Plan no trata el tema. Las comisiones conjuntas podrán hacer las correcciones al respecto. (Lea también: Contraloría advierte de diez vacíos en Plan Nacional de Desarrollo)

¿Un país con este hueco fiscal, y ahora con el desplome del petróleo, de dónde va a sacar esa plata?

Hay un orden superior que es el de la paz. A todos nos han matado las esposas, los hermanos, los hijos, los vecinos, los primos, los amigos, los compadres; a todos… Hay que pagar el precio que sea para lograr esa paz. Habrá que buscar los recursos con empréstitos internacionales, con reformas tributarias, y la Contraloría tiene un papel fundamental en eso, que es el de vigilar la inversión. Por eso me preocupa la decisión que ha tomado la Corte Constitucional de quitarle el control de advertencia a la Contraloría, aunque soy respetuoso de ella.

Hay dos maneras de interpretar esa decisión de la Corte: una, que la Contraloría se había vuelto una piedra en el zapato con sus controles paralizantes de advertencia. Pero ahora podría caer en el extremo de no ser tan estricta en los controles de los dineros públicos…

El control previo de la Contraloría se suprimió porque era extorsivo y generó mucha corrupción. Entonces, vino el movimiento pendular para el otro lado y todo el control se volvió posterior. Hace 15 años se instauró algo intermedio: el control de advertencia; pero tampoco se puede abusar de él. Entre mis antecesores, el doctor Antonio Hernández Gamarra hizo cinco controles de advertencia; el doctor Julio César Turbay creo que llegó máximo a diez. Pero mi antecesora inmediata, Sandra Morelli, hizo 1.090 controles de advertencia. Entonces, se presenta esa demanda argumentando que la Contraloría está coadministrando. No, la Contraloría está ejerciendo labores de prevención. Vamos a ver cómo viene la sentencia de la Corte Constitucional, que tiene dos salvamentos de voto. Si nosotros vamos a esperar, por ejemplo, que a la vía Bogotá-Girardot o al aeropuerto El Dorado se les venza la concesión dentro de 30 años para que llegue la Contraloría, pues la Contraloría sobra.

Hablemos del tema del momento. La Contraloría le impuso una multa a la empresa Fidupetrol de 22.400 millones de pesos, y mire en lo que vamos. De eso no se ha pagado ni un peso…

Esa es solo una multa a Fidupetrol. Pero el daño fiscal en este caso es de más de $ 100.000 millones. (Lea también: Fidupetrol no le ha pagado los $22.500 millones al Casanare)

Pues peor aún. ¿En qué va el cobro coactivo de esa plata? Hace un año y medio que la Sala de Casación Penal de la Corte condenó a Fidupetrol pagar la millonaria multa y, distinto de andar contratando abogados por millonarios honorarios, no ha devuelto un peso…

Hay varios embargos de bienes y de cuentas bancarias que se efectuaron para comenzar a recuperar la plata. Lo que pasa es que nos encontramos en una situación absurda, pues a partir de que se demanda la decisión, todas esas medidas cautelares sobre inmuebles y cuentas corrientes con dinero se ponen a la espera mientras no falle la jurisdicción contencioso-administrativa. (Lea también: Las cartas que comprometen al exfiscal Mendoza Diago con Fidupetrol)

¿Contra quiénes y contra qué empresas han recaído esos embargos?

En el proceso J-1551, por cuantía de 30.250 millones de pesos, están ejecutados: Humberto Hernández, secretario de Hacienda de Casanare; Víctor Manuel Alfonso, tesorero de Casanare; Withman Herney Porras, gobernador de Casanare; Fidupetrol; la Asociación del Grupo Esquema; Inversiones Carbonín Ltda., y un personaje nefasto llamado Jimmy Osorio Guevara, sobre el cual también recaen procesos penales, que trató de involucrar al exministro Amilkar Acosta. ¿Qué pasa? Que la Contraloría inicia el juicio fiscal que tiene una prescripción de 5 años, y mientras tanto las personas se vuelven insolventes. (Lea también: Esposa de abogado de Fidupetrol trabaja con Pretelt)

Eso de los embargos es relativo. Usted me entrega unos papeles en los que aparece que el embargo de la cuenta corriente n.° 005388 (últimos seis números) del Banco BBVA sucursal Unicentro y el embargo de los inmuebles comerciales de la cra. 7B n.° 108A-50 y de la cra. 7B n.° 108A-56, decretados contra Jimmy Fredy Osorio Guevara, no pudieron hacerse efectivos porque la Superintendencia de Notariado y Registro encontró sobre todo eso embargos anteriores…

Es que a veces hay simulación de embargos, es decir, que se hacen embargar falsamente, y la administración pública queda en segundo lugar.

Pues con esos embargos chimbos y la plata que Fidupetrol se ha gastado en abogados, ¿usted cree que algún día vamos a recuperar esos dineros públicos?

Vamos a seguir trabajando con todas estas acciones que están en proceso de cobro coactivo. Pero hay que exigir más ‘dientes’ a la Contraloría para la recuperación de dineros públicos.

Tampoco sabemos qué están haciendo las contralorías territoriales, llenas de burocracia y con unos costos enormes. El expresidente Uribe trató de acabarlas en su fallido referendo. ¿Habrá que insistir en eso, y más ahora, cuando necesitamos tanta austeridad?

No es posible la coexistencia de la Contraloría General de la República con las contralorías departamentales y las municipales porque nos vedan la actuación en determinados temas locales y particulares. La Contraloría General tiene que vigilar 700 billones de pesos y a más de 600 entidades del nivel nacional; y a nivel local hay que vigilar los dineros que van de la Nación vía el Sistema General de Participaciones, que son 30 billones, y el tema de las regalías, que hasta ahora son 18 billones. Estoy hablando en billones, porque ya se acabaron los miles y los millones. Entonces, ¿qué sucede? Las funciones de la Contraloría General de la República valen 400.000 millones y tiene unos 4.500 funcionarios; las contralorías territoriales valen 340.000 millones y tienen 3.300 funcionarios, y aunque su función se limita a vigilar los presupuestos locales, muchas veces se entrometen en las funciones de la Contraloría General.

Entonces, ¿cuántos criterios intervienen para vigilar los dineros públicos?

Pues tres criterios: el de la Contraloría General, el de las contralorías departamentales y el de las contralorías municipales. Todos no pueden seguir coexistiendo. En segundo lugar, hay que superar una situación que me parece gravísima: que el que investiga juzgue. Eso está revaluado en el mundo. Aquí hay que separar la Contraloría General de la Nación de una Corte de Cuentas que hay que crear para que tome decisiones de carácter judicial, como en España. Aquí la tuvimos 77 años, desde mediados del siglo XIX, pero la suprimimos.

¿La Corte de Cuentas no hace inútil la existencia de la Contraloría?

No, porque nosotros hacemos la investigación. Eso es como decir que los jueces, los tribunales y la Corte Suprema hacen inútil la existencia de la Fiscalía. Cada uno tiene su función. Se trata de que quien investigue no juzgue. ¿Por qué? Porque quien investiga y juzga va con la predisposición de que tiene que condenar. Además, la Contraloría se ha vuelto una fábrica de hallazgos sin soportes. Imagínese, una delegada para juicios fiscales que tiene 230 funcionarios el año pasado sacó diez decisiones de responsabilidad fiscal. ¡Diez decisiones! ¡En Bogotá! Eso no puede seguir así tampoco. Si usted no da resultados, no puede exigirle resultados a quien vigila.

¿Hay algún proyecto para acabar con las contralorías regionales?

Vamos a comenzar con una propuesta en el proyecto del equilibrio de poderes. Pero esa reforma va a tener una oposición grande porque los “dueños” de esos contralores departamentales y municipales, que son los políticos locales, van a poner mucha resistencia. (Lea también: Corte Constitucional tumba facultad clave para la labor de Contraloría)

Pero hay muchas personas que incluso opinan que ni la Contraloría General se necesita. ¿Cuánta plata ha recuperado en los últimos 5 años?

Puede haber recuperado 30.000, 40.000, 50.000 millones…

Ahí sí me habla en millones, no en billones…

En esa nos bajamos a los millones. Pero no es solo la recuperación. Es que tiene que haber una vigilancia de los servidores públicos. Por eso insisto tanto en el profesionalismo de la entidad, donde el 94 por ciento de los funcionarios son de carrera. La movilidad allá es mínima.

Ultima pregunta. ¿Usted, como Contralor y exprocurador, qué opina de esta crisis de la cúpula de la justicia?

Creo que esta crisis va a servir para hacer una gran reforma a la justicia. Independientemente de sus integrantes, ha llegado un punto en el que se volvió urgente. Le voy a decir una cosa: yo he sido elegido cuatro veces por el Congreso Magistrado del Consejo Superior; dos veces, Procurador, y ahora, Contralor, y con tal autoridad le digo: ese poder electoral hay que quitárselo a las cortes. Y no solo a las cortes. El magistrado de las cortes dura 8 años y se va. El magistrado de los tribunales superiores y de los contenciosos, que hace las ternas de las contralorías departamentales y municipales, dura 25 años. Ese magistrado ha postulado 6 contralores promedio en su vida. Hay 31 contralores departamentales y 30 municipales normalmente, en las capitales de departamento. Los postulan los tribunales y los eligen los concejos y las asambleas. La incidencia que tiene eso a nivel local es muy dañina y le ha causado mucho daño a la justicia. El propósito de la Constitución del 91, muy loable, fue el de blindar esa escogencia de altos funcionarios trasladándosela a la Rama Judicial, pero le ha creado un problema. La gran dificultad que hay es que la rama siempre ha querido que se le consulte la gran reforma a la justicia, que salga de ella. Pues si está en capacidad, que la haga. Pero ha llegado el momento de hacerla.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO