Las cinco grandes crisis de la justicia en la historia de Colombia

Las cinco grandes crisis de la justicia en la historia de Colombia

La Corte Constitucional vive un desgaste por el perfil de miembros que han llegado a su seno.

Las cinco grandes crisis de la justicia en la historia de Colombia
20 de marzo de 2015, 02:13 am

El reciente e inacabado escándalo en la Corte Constitucional sobre un presunto soborno a un magistrado de esa corporación ha generado todo tipo de reflexiones en torno a la gravedad del hecho y a las consecuencias que producirá en la justicia colombiana. Es cierto que el alto tribunal constitucional ha sido la piedra angular de la justicia durante la vigencia de la Constitución Política de 1991, porque desde allí se han realizado grandes debates sobre todo tipo de derechos y se ha consolidado la acción de tutela. (Lea: Magistrado Pretelt tomará decisión sobre su cargo el próximo martes)

Sin embargo, la realidad es que, más allá de su historia, la corporación sufre de un enorme desgaste por el tipo de miembros que han llegado a su seno. El escándalo de corrupción, único en la historia de las altas cortes de justicia en el país, involucra a varios magistrados y exmagistrados de ese tribunal, quienes han sabido ponerle una trampa al destino de esa institución. Olvidan sus defensores que la existencia de una institución no depende de ella misma, sino de sus miembros. Es una verdad de a puño que el desprestigio de la justicia fomentará el desdén de la ciudadanía por el Estado en su calidad de árbitro judicial. (Además: Escándalo en Corte Constitucional impone reforma de la justicia)

Las crisis no han sido ajenas a nuestras altas cortes a lo largo de la historia, como lo evidencia el reciente libro de Mario Cajas (Historia de la Corte Suprema de Justicia, 1886-1991, U. Andes/Icesi, 2015). Las ha habido de todo tipo, por razones políticas, por cambios de regímenes, por mutaciones constitucionales, por enfrentamientos políticos, por alteraciones doctrinales o por un aleve ataque terrorista. Nunca por corrupción, como ocurre en la actualidad. Destaquemos las 5 principales en la historia del país. (Lea también: Abogado Víctor Pacheco no descarta colaboración con Fiscalía)

1.Simón Bolívar y la Alta Corte de Justicia (1825)

El 21 de marzo de 1825, el presidente de la Alta Corte de Justicia, Miguel Peña, se negó a suscribir un fallo en el cual se condenaba a muerte al coronel venezolano Leonardo Infante por múltiples delitos cometidos en la capital de la República. Para Peña, la pena de muerte era contraria a las pruebas que existían en el expediente, por lo que salvó el voto, planteando el origen de esta manifestación jurisprudencial.

Esta circunstancia planteó la primera gran crisis de la justicia republicana en el territorio de la Gran Colombia. Peña huyó a Venezuela y fue remplazado por otro magistrado. La huida de Miguel Peña fue un preludio del deterioro de la Gran Colombia, de la Constitución Política de Cúcuta de 1821 y de las tensas e inefables relaciones entre el Libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander.

2. Rafael Reyes y su Corte de bolsillo (1905)

Durante el gobierno del presidente Rafael Reyes se presentó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. En septiembre de 1905, el máximo tribunal colombiano conoció de una demanda que se presentó por un fraude electoral fraguado presuntamente por el presidente Reyes. El fraude consistió en la alteración del registro de Padilla (actual departamento de Guajira). La Corte Suprema de Justicia, que tenía una composición conservadora nacionalista y cuyos miembros habían sido nombrados para esos cargos de forma vitalicia, consideró que no había existido tal fraude.

Sin embargo, el magistrado liberal Carmelo Valencia consideró que el registro era ilegal puesto que la Asamblea Electoral de la intendencia de la Guajira no se había reunido. Con posterioridad, apareció el acta firmada por 45 personas que indicaban que sí se habían reunido, eligiendo al candidato a Presidente Rafael Reyes y a su fórmula vicepresidencial Ramón González Valencia.

Por oponerse a la decisión mayoritaria, el presidente Reyes ordenó la destitución del magistrado Valencia. Otro magistrado, Isaías Castro, renunció a su cargo ante la reacción del Ejecutivo. Reyes aprovechó ese momento para introducir una reforma a la justicia nombrando nuevos magistrados en la Corte Suprema por un periodo de 5 años, al tiempo que derogó la ley 2 de 1904, que facultó a ese tribunal a decidir sobre la constitucionalidad de los decretos de estados de sitio expedidos por el Ejecutivo.

Reyes gobernó, cerrando no solo el Congreso de la República, sino que humilló a la justicia, edificando una corte de bolsillo.

3. Alfonso López Pumarejo y la gran reforma del país y de la Corte Suprema (1935)

Alfonso López Pumarejo fue sin ninguna duda uno de los más relevantes presidentes liberales de Colombia. Gobernó en dos ocasiones, 1934-1938 y 1942 -1945. Sin embargo, la gran dificultad durante su primer mandato fue la de contar con una Corte Suprema de Justicia de composición conservadora. Esta circunstancia planteaba un enorme desafío para López en la medida en que en su gobierno pretendía adelantar una gran reforma social que sentara los pilares de lo que llamó el jurista y exministro Darío Echandía el ‘Estado Social de Derecho’.

Siendo así, López Pumarejo aprovechó que el periodo de los magistrados vencía el 30 de abril de 1935 para ternar una mayoría de magistrados liberales (7) contra 5 conservadores. La elección era realizada por el Congreso, que para ese momento tenía mayoría liberal. Lo interesante de esta decisión es que López respondió a un clamor nacional de depurar la Corte, lo que lo llevó a escoger personas sin mayor experiencia judicial, pero de gran rigor académico como Ricardo Hinestrosa Daza, Miguel Moreno Jaramillo, Antonio Rocha, Pedro Alejo Rodríguez o Juan Francisco Mujica. Incluso, por parte de los conservadores, fue elegido Eduardo Zuleta Ángel, quien, para ese momento, se desempeñaba como profesor en la Universidad de París.

Esa renovación fue vital para que se consolidara la gran reforma constitucional de 1936, la inestimable jurisprudencia que marcó a esa Corte entre 1935 y 1940 y, sobre todo, la primera reforma agraria en Colombia –ley 200 de 1936–.

4. La dictadura de Rojas y sus crisis con la Corte Suprema (1953-1957)

La dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), nos recuerda Mario Cajas, trajo 3 grandes crisis en la justicia. En todas ellas, la Corte Suprema de Justicia jugó un papel relevante. En la noche del 13 de noviembre de 1953, la Corte Suprema renunció ante el general Rojas, indicando que no aceptaban las críticas dadas por el Ejecutivo a sus decisiones. El General había atacado a la administración de justicia por una presunta politización de la misma.

Aprovechando la renuncia de los togados, Rojas nombra, días después, nuevos miembros de esa Corte Suprema de Justicia con el propósito de justificar sus innumerables arbitrariedades, propias de un régimen opresor de libertades.
Dos años más tarde, el mismo dictador crea, a través del decreto 1762 de 1956, una “sala de negocios constitucionales”, origen de nuestra Corte Constitucional, dentro de la Corte Suprema, a la cual se le otorga la guarda de la Constitución. Era una forma de asegurar la constitucionalidad de sus decretos de estado de sitio.

Ese hecho generó una renuncia masiva de magistrados de la Corte Suprema, la cual, a la usanza del dictador Rojas, se resolvía nombrando a otros miembros. Esta última Corte de Rojas renunció en noviembre de 1957, luego de declararse inhibida frente a los decretos que convocaban el referendo que daba paso al Frente Nacional. Dio un paso al costado al indicar que la fuente del poder de la Junta Militar era el pueblo.

El caso del dictador Rojas es otra muestra de que la justicia se encuentra en el corazón de la institucionalidad. Manipularla desde el poder público, conduce, obligatoriamente, a desvertebrar el régimen republicano.

5. El terror y la muerte de la Corte Suprema de Justicia (1985)

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el país se sumió en el dolor por la muerte y la inmolación de sus magistrados, en el ataque al Palacio de Justicia por el M-19. Foto: Archivo El Tiempo

El 6 y 7 de noviembre de 1985 se partió la historia de la justicia. Fueron dos días aciagos para el país y su Corte Suprema de Justicia. El país se sumió en medio del dolor, la muerte y la inmolación de sus magistrados; a duras penas podía comprender la toma del Palacio de Justicia a cargo del grupo guerrillero M19 y el intento de la Fuerza Pública por recuperar la edificación. En el marco de esa retoma se presentaron desapariciones forzadas que llevaron a la justicia a condenar a los responsables y a la Corte Interamericana de derechos humanos a responsabilizar a Colombia por violaciones de los derechos humanos (2014). En el ataque fueron asesinados 11 magistrados. La mayor tragedia contra la justicia colombiana en su historia.

Los enemigos de esa Corte eran varios. En primer término, el narcotráfico, toda vez que desde esa corporación se avalaba, a través de conceptos previos, la extradición de peligrosos narcotraficantes pertenecientes, en su mayoría, al cartel de Medellín. En segundo término, la guerrilla, que veía a la Corte Suprema como uno de los representantes del 'statu quo' en Colombia. Un golpe a esa institución era atacar el corazón de Colombia.

El narcotráfico y la guerra continuaron. Lo mismo trató de hacer el país a través del decreto de estado de sitio 3272 del 9 de noviembre de 1985, con el cual se recompuso la Corte. Cinco años después, esta institución impulsó el decreto 927 de 1990 con el cual se abrió la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.

Estas cinco crisis de la justicia en la historia de Colombia nos plantea una realidad bastante evidente. La justicia ha estado afectada por múltiples razones, pero nunca ha negociado sus principios. Lo ocurrido en la Corte Constitucional y el lamentable episodio colectivo de venalidad nos lleva a plantear que, en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, la justicia se rifó al mejor postor. La sociedad debe tener la palabra.

FRANCISCO BARBOSA
Especial para EL TIEMPO
* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia; Ph. D. en Derecho Público (Université de Nantes, Francia).
@Frbarbosa74