Escándalo en Corte Constitucional impone reforma de la justicia

Escándalo en Corte Constitucional impone reforma de la justicia

La denuncia contra Pretelt indica que se debe adelantar una profunda reforma de la justicia.

Escándalo en Corte Constitucional impone reforma de la justicia
17 de marzo de 2015, 10:28 pm

Las extrañas visitas del abogado Víctor Pacheco a los despachos de varios magistrados de la Corte Constitucional, seis meses después de un fallo de tutela adverso, al parecer tenían como propósito evitar la elección de Jorge Pretelt como presidente de la corporación, finalidad que no se logró, sino que produjo una consecuencia inesperada, una denuncia ante la comisión de acusaciones, por el magistrado Mauricio González Cuervo, que estaría injustamente involucrado. Una cosa debe quedar clara: a quien correspondía presentar la denuncia era al propio Pacheco, inmediatamente después de ocurridos los hechos.

No se trata de un lamentable y triste hecho aislado de corrupción, sino de otra alarma que se enciende para indicar el mal estado de la administración de justicia, el incorrecto diseño institucional y la urgente y profunda reforma que requiere.

Decenas de años han demostrado la absoluta ineficiencia de la comisión de acusaciones; el Consejo Superior de la Judicatura, que en principio tenía la competencia disciplinaria respecto de los altos magistrados, fue despojado de esta por una sentencia de la Corte Constitucional. Con lo anterior, ellos quedaron sin ningún control efectivo y gozan de la más completa impunidad. En contraste, los congresistas están sobrecontrolados con pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, juzgamiento penal por la Corte Suprema de Justicia y control disciplinario del Procurador. El cruce de controles produjo una mayor ineficiencia del control político. Otra sería la situación si los magistrados tuvieran controles equivalentes. Así las cosas, es muy probable que no se esclarezcan los hechos ni se sancione a los responsables, y tan solo quede el escándalo que poco sirve y solo afecta negativamente a las instituciones.

El constituyente de 1991 fue ingenuo al pretender que los magistrados incidieran favorablemente en las elecciones de los altos funcionarios del Estado. El efecto fue perverso; las malas prácticas políticas se proyectaron en las corporaciones judiciales. La Corte Constitucional participa en la elección de Procurador y de Registrador, con la particularidad en este último caso de que los electores son solamente los presidentes de las corporaciones, con lo cual la incidencia del presidente de la Corte Constitucional puede ser determinante, y este año se debe realizar la elección.

La magistratura ha sido identificada, por muchos que aspiran a esta, como el trampolín para el éxito profesional, económico o político, socavando sus fundamentos y viciando sus decisiones. Los intereses particulares y las agendas personales, en muchos casos, han prevalecido sobre las competencias estatales.

La Constitución, siguiendo el modelo norteamericano, estableció que la Corte Constitucional, a su arbitrio, podría eventualmente revisar los fallos de tutela. A la Corte llegan mensualmente más de veinte mil tutelas, de las cuales se seleccionan unas pocas, en proporciones inferiores a cinco de cada mil. En estas condiciones, obtener la selección de un expediente se convirtió en un verdadero privilegio y, con ello, en una posibilidad para la corrupción.

La denuncia contra Jorge Pretelt indica, mírese por donde se mire, que se debe adelantar una profunda reforma de la justicia; que no hay controles efectivos para los altos magistrados; que se deben rescatar los altos cargos judiciales, para que no sean presa de oportunistas, arribistas e inescrupulosos, dispuestos a realizar sus intereses personales; que se debe cambiar el procedimiento de selección de tutelas, sin caer en formalismo y tecnicismos como la casación, y que el escándalo solo afecta la credibilidad de las instituciones.


Juan Manuel Charry Urueña

* Presidente del Instituto Libertad y Progreso