'Pedido a Pretelt para que renuncie no afecta el derecho a su defensa'

'Pedido a Pretelt para que renuncie no afecta el derecho a su defensa'

Máximas cabezas de la justicia dicen que el escándalo afecta legitimidad de toda la Rama.

'Pedido a Pretelt para que renuncie no afecta el derecho a su defensa'
17 de marzo de 2015, 02:09 am

En una decisión inédita, las máximas cabezas de la justicia colombiana –los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación– le pidieron al magistrado Jorge Pretelt que se aparte definitivamente de su silla en la Corte Constitucional.

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los dignatarios de las instituciones que administran justicia, le envió una carta a Pretelt Chaljub, quien es señalado por la supuesta exigencia de 500 millones de pesos a un abogado que llevaba un caso en la Corte.

“Cuando las actuaciones de un magistrado se cuestionan seriamente, al punto de que ponga en tela de juicio su transparencia y probidad, la Rama Judicial entera se ve impactada negativamente porque se afecta su legitimidad”, dice la comunicación firmada por el fiscal Eduardo Montealegre y los magistrados Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema; Wilson Ruíz, presidente de la Judicatura, y Luis Rafael Vergara, presidente del Consejo de Estado.

Agregan que sin que se afecte el derecho a la defensa de Pretelt, la gravedad del caso los lleva a “invitarlo a renunciar al cargo que actualmente ocupa” en la Corte Constitucional.

La presidenta encargada de ese tribunal, María Victoria Calle, no estuvo en la reunión de este lunes, pero ya la semana pasada ella y sus colegas habían pedido la salida, temporal o definitiva, de Pretelt.

Este lunes en la noche, fuentes cercanas al magistrado aseguraron que no habrá renuncia y que está en firme la solicitud de licencia no remunerada por dos meses, mientras se aclara su situación en la Comisión de Acusación de la Cámara.

Mientras aumenta la presión por la renuncia, que ha sido planteada por el Gobierno, ONG como Excelencia en la Justicia y sectores de la opinión pública, el procurador Alejandro Ordóñez salió, por segunda vez en una semana, en defensa de Jorge Pretelt. Dijo que si se prueba que el magistrado cometió las conductas de las que se le acusa, “debe recaer (sobre él) todo el peso de la ley”, pero que mientras eso no suceda el Gobierno no puede presionar su renuncia.

Agregó que como Pretelt ya pidió la licencia para separarse de su cargo, “ya no puede pensarse en que su investidura está interfiriendo en la investigación” de las denuncias del abogado Víctor Pacheco.

Este lunes, el presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, anunció que le solicitó a la Superintendencia Financiera la creación de una policía judicial que se encargue de recabar las pruebas técnicas y documentales de la firma Fidupetrol, cuya tutela en la Corte Constitucional es la almendra del escándalo.

Este martes está previsto que se reciba en la Comisión de Acusación, desde las 9 de la mañana, la declaración de la magistrada María Victoria Calle, quien reemplazó temporalmente a Pretelt en la Presidencia de la Corte. Este miércoles, Bedoya recibirá la declaración del magistrado Guillermo Guerrero, y el jueves hablarán ante el representante investigador dos directivos de Fidupetrol.

Por el lado de la Fiscalía, este martes está citado a interrogatorio Fernando Pretelt, hermano del magistrado. El jueves estará en el búnker Guillermo Caballero, representante legal de Fidupetrol, y el viernes hará lo propio el exmagistrado Rodrigo Escobar Araújo. Todos ellos fueron salpicados por la versión del abogado Víctor Pacheco, quien regresó este lunes al país después de un corto viaje a Chile. La Fiscalía tiene previsto volver a citar al abogado, que ha cambiado la versión que dio origen al escándalo.

Senado decide este martes

La plenaria del Senado decidirá este martes si acepta o no la solicitud del magistrado Jorge Ignacio Pretelt para que le sea otorgada una licencia no remunerada por 60 días. La pide a partir del 18 de marzo.

Mediante una carta enviada a José David Name, presidente del Senado, Pretelt también insistió en su inocencia frente a las acusaciones que se le han hecho.

Los congresistas se reunirán desde las 3 de la tarde para tomar una decisión al respecto.

En su comunicación al Congreso, Pretelt asegura que el escándalo ha afectado la honra suya y la de su familia. "Mi inocencia salta a la vista por cuanto nunca realicé gestión alguna en favor de los interesados de Fidupetrol", señaló el polémico magistrado.

Correos, prueba en caso de supuesta burocracia del magistrado en Córdoba

En dos ocasiones y con carácter urgente, la destituida directora de fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño, dio instrucciones para borrar la información contenida en la cuenta de correo de esa seccional.

Ante esa situación, una funcionaria a la que le asignaron ese correo provisionalmente decidió examinar la cuenta. Encontró tres correos electrónicos, enviados a una cuenta de Gmail de Jorge Pretelt.

Los mensajes tenían como rótulo ‘Postulaciones 2014’ y allí se adjuntaba un documento con los nombres de las personas que serían nombradas o ascendidas en esa seccional. Los correos fueron enviados el lunes 21 de abril de 2014 a las 7 p. m., y el martes 20 de mayo a la 1:40 y 1:49 p. m.

La Fiscalía envió a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes esos correos para que se investigue el posible delito de tráfico de influencias.

Según la tesis de los investigadores, la exdirectora seccional de Córdoba, separada de su cargo el viernes pasado, habría consultado con Pretelt los nombramientos antes de enviarlos a Bogotá para hacerlos efectivos. Según un documento del ente acusador, adicionalmente se habrían realizado “maniobras indebidas para intervenir, manipular o borrar sin orden judicial” los correos que hacen parte de una investigación por “una serie de irregularidades en la postulación de personas para ser vinculadas a la Fiscalía”.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, señaló en la apertura de investigación que “resulta de suma gravedad que circule información sensible entre funcionarios y particulares que no tienen competencia para tomar decisiones sobre la administración del personal de la Fiscalía”.

JUSTICIA