Corte Constitucional tumba facultad clave para la labor de Contraloría

Corte Constitucional tumba facultad clave para la labor de Contraloría

Artículo le permitía emitir funciones de advertencia para alertar sobre posibles riesgos de pérdida.

16 de marzo de 2015, 07:56 pm

La Corte Constitucional, en un fallo del 11 de marzo pasado, declaró inexequible un artículo que le permitía a la Contraloría emitir funciones de advertencia para alertar sobre posibles riesgos de pérdida de recursos públicos en medio de la ejecución de un contrato.

En la decisión del 11 de marzo, la Corte declaró inconstitucional el numeral 7, del artículo 5, del decreto 267 del año 2000 que facultaba a la Contraloría para que advirtiera “sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados”.

Esa norma fue demandada por la abogada Marcela Monroy, exesposa del magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González. Monroy asegura en su demanda que la función que tiene la Contraloría para advertir sobre operaciones o procesos en ejecución que comprometen el patrimonio público “vulnera la función de control fiscal”.

Monroy sustentó en la demanda que ese control debe ser aplicado de manera posterior y no anterior. La abogada también afirma en su recurso que la función de advertencia vulnera la prohibición que tiene la Contraloría de desempeñar funciones administrativas, entendiéndose que su advertencia podría interferir en la toma de decisiones  administrativas de las entidades que estén sometidas a su control.

Ante la decisión de la Corte Constitucional, el contralor Edgardo Maya aseguró que esperará conocer el fallo del alto tribunal para hacer un pronunciamiento de fondo. 

Sin embargo, Maya habló de la importancia de la función de advertencia: “la Contraloría necesita el Control de Advertencia para intervenir en casos excepcionales, como lo hizo en su momento el contralor Antonio Hernández Gamarra para evitar que se incurriera en un enorme detrimento para la Nación con la venta de Telecom o como se hizo hace unas semanas en el caso del Túnel de la Línea. Además, no tiene carácter obligatorio en ninguna circunstancia”.

La función de advertencia es un mecanismo que le da luz verde al órgano de control fiscal para señalarle de manera previa a una empresa, contratista o entidad pública, que sea sujeto de su control, la posible realización de actividades, situaciones o hechos que podrían llevarlo a cometer un daño al patrimonio del Estado.

Por ejemplo, el 26 de febrero pasado el contralor Edgardo Maya emitió la primera función de advertencia durante su periodo para los ministros de Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible, al igual que al Invías, en la que les advierte que deben tomar medidas urgentes frente a los retrasos en el contrato del Túnel de la Línea, con el fin de evitar que se pierdan dineros públicos.

Las funciones de advertencia buscan que se reevalúe la forma en la que una entidad está ejerciendo la gestión ya sea de un contrato o de cualquier otra acción que involucre dineros públicos de manera preventiva. El sujeto que es advertido por la Contraloría queda en libertad de asumir o no la alerta que emite la Contraloría.

Los argumentos de la Corte

La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle, asegura que la función de advertencia es inconstitucional pues “si bien apunta al logro de objetivos constitucionalmente legítimos, relacionados con la eficacia y la eficiencia de la vigilancia fiscal encomendada a esta entidad, desconoce el marco de actuación trazado en el artículo 267 de la Constitución”.

Según la Sala, esa norma facultaba “una modalidad de control previo, que se ejerce antes de que se adopten las decisiones administrativas y concluyan los procesos que luego serán objeto de control posterior”.
La Corte dice que ese control previo le da a la Contraloría un poder “de coadministración, porque a través de las advertencias logra tener incidencia en decisiones administrativas aún no concluidas”.

El alto tribunal también asegura que la función de advertencia, que es un control fiscal previo, “constituye una afectación innecesaria de los principios constitucionales que, para salvaguardar la autonomía e independencia de la Contraloría, establecen el carácter posterior del control externo y la prohibición de coadministración”.

La Corte asegura que hay otros instrumentos que dispone la Constitución para cuidar los recursos públicos durante la ejecución de un negocio o contrato como el control fiscal interno, “el cual, sin comprometer los mencionados límites, se orienta a alcanzar las finalidades constitucionales perseguidas con la función de advertencia”.

Los magistrados también concluyeron que el control interno puede ser desarrollado a través de las advertencias que hagan las Superintendencias.

Dos magistrados salvaron voto

Los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Gabriel Eduardo Mendoza salvaron su voto afirmando que la función de advertencia de la Contraloría sí es legítima. Afirmaron que la Corte ya ha emitido fallos relacionados con este mecanismo de control en los que se parte del entendimiento de que la Contraloría tiene una vigilancia amplia e integral y por lo tanto la función de advertencia es válida desde el punto de vista constitucional.

Los magistrados aseguran que la función de advertencia no interfiere en la administración, ni se constituye en una modalidad de coadministración como lo afirmaron la mayoría de magistrados, ya que la Contraloría con este mecanismo “no efectúa indicaciones sobre la manera en que debe ejecutarse el gasto público”.

Consideran, además, que este mecanismo es importante porque “cumple con unas finalidades constitucionales legítimas y supremamente relevantes como es advertir y prevenir sobre el posible deterioro y afectación del patrimonio público”.

En este proceso la Procuraduría había emitido un concepto en el que pedía mantener la herramienta de función de advertencia.

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