¿Pasará algo en el caso del magistrado Pretelt y la Corte? / Análisis

¿Pasará algo en el caso del magistrado Pretelt y la Corte? / Análisis

Las cifras revelan el riesgo de impunidad en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, según experto.

¿Pasará algo en el caso del magistrado Pretelt y la Corte? / Análisis
9 de marzo de 2015, 03:17 am

La justicia en Colombia cojea a la hora de aplicarla a los magistrados de las altas cortes y pareciera que fungir este honor es garantía de impunidad. Por ese motivo, pensar en la probabilidad de que el caso del magistrado Jorge Pretelt pueda ser resuelto por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es una utopía.

Si nos detenemos a analizar las cifras que fueron presentadas por la Corporación Excelencia de la Justicia y que fueron publicadas por la revista Semana, observamos que desde 1992 al 2014 se han presentado 3.496 denuncias ante dicha comisión. (Lea también: Los cobros de Pacheco, el abogado que acusa de soborno a Jorge Pretelt)

De esas denuncias, 1.957 han sido archivadas y 1.538 están sin resolver. La revista indica que “el 42 por ciento son contra magistrados de las altas cortes, el 30 por ciento contra presidentes y el 28 por ciento corresponde a denuncias contra los fiscales generales. De las 1.473 contra magistrados de las altas cortes, 635 fueron archivadas; de los 964 contra los fiscales, 726 no prosperaron; y de las 1.059 contra presidentes, 605 culminaron en archivo.

 De todos los casos, solo uno llegó a la plenaria de la Cámara y fue el proceso 8.000”.

Estos datos muestran un mecanismo jurídico creado en la Constitución de 1991 para garantizar el “no castigo”. Su existencia y su práctica animan a que los funcionarios con fuero no sean objeto de sanción y la justificación de esto se explica por tres variables.

La primera, por la existencia inveterada de una clase elitista que, atada a variables de poder, sigue en estructuras hereditarias y señoriales de sujeción, lo que hace que las instituciones que acusan y juzgan, en este caso la Comisión de la Cámara de Representantes, no operen frente a funcionarios que representan una idea de sanción irrealizable.

La segunda, por la inaplicación del principio de igualdad. En Colombia existen personas coloquialmente llamadas de “mayor alcurnia”, lo cual hace que la justicia se aplique de forma dispar, por no decir caprichosa, según el origen y filiación del implicado. En este extravío se persiguen a algunos y se obvian, de forma consciente, a otros.

La tercera, por el hecho de que el juzgador, en este caso la Comisión de Investigación y Acusación, está compuesta por representantes que no tienen la calidad académica y la trayectoria de los acusados. Esto lleva a que el juzgador se encuentre en una suerte de minusvalía jurídica frente al aforado.

Casos como el escándalo en la Corte Constitucional, en el cual se discute sobre el presunto soborno al presidente de ese tribunal por parte del abogado Víctor Pacheco, o las declaraciones de Nilson Pinilla contra Pretelt, o la denuncia de Mauricio González, o la intermediación del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil en el caso “Fidupetrol” que evidenciaron este domingo las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO y la de Daniel Coronell en Semana, llevan a pensar si la Constitución del 1991 no fue un pacto político incluyente. (Lea también: Los cobros de Pacheco, el abogado que acusa de soborno a Jorge Pretelt)

La creación de caminos para evitar la justicia hace pensar que el barco constitucional quedó hecho para que naufrague. Pareciera ese el objetivo.

La reforma a la justicia puede ser un camino adecuado para cambiar la manera de escoger magistrados, tratando de adecentar la función judicial. Otra alternativa es la Asamblea Constituyente, con la cual se crean nuevos mecanismos de selección, elección y observación, dando un cambio radical a los actuales magistrados. El tribunal de aforados debería reemplazar a la mísera Comisión de Acusación.

Esta descomposición institucional confirma que la imposibilidad de justicia para los altos magistrados se encuentra entronizada en nuestras instituciones. No se está exigiendo condena a los acusados, pero sí respuestas a los problemas jurídicos planteados. La rama judicial con este escándalo se parapeta y protege a través de la inservible Comisión de Acusación, una instancia en la que, a la luz de las experiencias previas y las estadísticas, impera la impunidad.

FRANCISCO BARBOSA

Ph. D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia) y profesor de la Universidad Externado de Colombia.

@frbarbosa74

margencultural.blogspot.com