Corrupción en la Corte

Corrupción en la Corte

Afectará este escándalo la legitimidad de la Corte para examinar los acuerdos de paz.

Corrupción en la Corte
9 de marzo de 2015, 02:26 am

La Corte Constitucional, desde su creación, ha sido el referente de justicia para cada colombiano. Por encima de cualquier otra, desde sus más tempranos desarrollos doctrinales y jurisprudenciales, la Corte optó por ponerse del lado de los pobres, de los débiles, por hacer de la Constitución Política el instrumento para desarrollar el Estado social de derecho. En ella, sin la mediación de abogados o complejos procedimientos, los colombianos han encontrado un remedio efectivo para la reafirmación de sus derechos a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, al desarrollo de su identidad, a su reconocimiento como víctimas, etc. Es este actuar el que le ha merecido una admiración extraordinaria y un prestigio que la había mantenido, hasta hoy, por fuera de los escándalos de la Rama. Por eso, verla caer no es una cuestión que pueda resultarle indiferente a nadie, y la indignación general se ha sentido como nunca antes.

Preocupan dos asuntos en particular: primero, cómo afectará este escándalo la legitimidad de la Corte para afrontar la difícil tarea de examinar los acuerdos de paz. Y en segundo lugar, preocupa que los elementos que se han ido conociendo podrían llevarnos a sospechar que, de probarse, este no sería el primer caso de corrupción dentro de la Corte Constitucional.

En lo que atañe al proceso de paz, el caso ha expuesto la politización de la Corte, sus divisiones y la descomunal influencia de los intereses de otras ramas del poder en sus deliberaciones, lo que cuestiona no solo su independencia, sino su margen para tomar decisiones contrarias a la voluntad del Ejecutivo. Los últimos fallos han dejado ver a una corte errática, afanada por complacer a todos, más peleonera que deliberante, salida de tono y convertida en escenario de pleitos personales. Esa no puede ser la Corte que decida el asunto más fundamental que habrá llegado a sus manos en toda su historia.

Y, por supuesto, está el tema de la corrupción. En la perversión de hacer de la tutela un instrumento para convertir los grandes intereses económicos en derechos fundamentales, y en mecanismo para contrarrestar sentencias en firme y suspender sus efectos, lo que sobresale con este escándalo es apenas la materialización de un rumor a voces que se sentía hace mucho tiempo: el tráfico de fallos. Algunos elementos del caso Pretelt descuellan de manera inaudita. ¿Por qué recibió el magistrado Pretelt en su casa al abogado Pacheco para discutir el tema de Fidupetrol? ¿Cuál es la relación entre el magistrado Pretelt y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, este último convertido en asesor jurídico de Fidupetrol por las fechas en las que se decidía la suerte del caso? ¿A este, cuántas veces lo recibió para discutir el tema? ¿Y por qué este exasesor jurídico de Fidupetrol acompaña al doctor Pretelt a las entrevistas con medios de comunicación?

Lo que menos conviene es que este asunto se disuelva con los días y entre la marea de escándalos de nunca acabar. Con la misma entereza con la que el magistrado González ha decidido denunciar públicamente estos hechos, la Corte debe insistir en la renuncia del magistrado en cuestión y en la revisión del proceder en casos similares que pudieran generar inquietud.

Los nuevos elementos surgidos son tan preocupantes que se impone sobre esta corte la obligación de revisar la manera como ha manejado este asunto, más orientada por la presión de la opinión pública que por reflexión suya, y tomar medidas excepcionales, que no solo sienten un precedente en la institución, sino que constituyan ejemplo de integridad, transparencia y honor para una rama desprestigiada y podrida por la certeza de que la corrupción se la llevó por delante.

Natalia Springer