'Hay que separar justicia de la verdad para que esta haga su trabajo'

'Hay que separar justicia de la verdad para que esta haga su trabajo'

Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, habló sobre la fase definitiva de diálogos en la Habana.

'Hay que separar justicia de la verdad para que esta haga su trabajo'
2 de marzo de 2015, 03:24 am

No es fácil hablar después del Presidente de la República y de Kofi Annan, pero lo voy a intentar. Me quiero referir hoy a la relación entre justicia, verdad y el proceso de paz.

Pero primero quiero recordar de qué estamos hablando: estamos hablando del fin de un conflicto de más de 50 años, un conflicto que ha producido cientos de miles de muertos, millones de desplazados, decenas de miles de secuestrados y desaparecidos, y muchas otras víctimas más.

Un conflicto que por primera vez en nuestra historia tenemos una posibilidad palpable de terminar: ya entramos en la fase definitiva de las conversaciones. (Lea: Farc deciden mantener alto el fuego unilateral e indefinido)

El fin del conflicto depende a mi juicio de tres cosas: de que lleguemos a un acuerdo razonable en materia de justicia y víctimas; de que lleguemos a un acuerdo razonable en materia de armas, verificación y condiciones de seguridad, y de una voluntad compartida por todos de implementar en los territorios lo que acordamos en La Habana.

De estas tres cosas, señoras y señores, depende la paz de Colombia.

La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿cuál es la paz que queremos? ¿Cuál es la esencia de la paz de Colombia?

Como toda guerra, toda paz tiene su particularidad. Voy a dar una respuesta sencilla: queremos una paz que rompa los ciclos históricos de violencia, que no solo es el conflicto con las Farc, sino el legado de guerras y conflictos que se han sucedido en el tiempo y en los territorios.

Una paz que de una vez por todas, como hemos dicho tantas veces, rompa el vínculo entre política y armas en este país y abra la democracia.

Ese es el propósito principal de los cinco puntos sustantivos que acordamos con las Farc en el Acuerdo General de agosto de 2012: la no repetición del conflicto. Los 12 historiadores de la Comisión Histórica que recibimos recientemente en La Habana no coincidieron en mucho, pero sí en eso: en que esos cinco puntos representan los factores que han facilitado la prolongación del conflicto. (Lea: 'No podemos meternos en un cese improvisado': Sergio Jaramillo)

En esa agenda hay entonces una definición de las condiciones de la paz. A mi juicio, esta paz nuestra va a tener además unas particularidades.

La primera es que va a ser una paz pactada. Va a ser el producto de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc y de un acuerdo entre toda la sociedad. Este es un hecho que no ha encarado con suficiente honestidad la justicia transicional.

En general se dice: “ustedes hagan un acuerdo político y después miramos en la práctica cómo va a funcionar la justicia transicional”. Pero así no funciona, queridos amigos, la realidad.

Eso no quiere decir que el Gobierno va a aceptar una especie de chantaje por parte de las Farc. Pueden decir: “si ustedes no nos garantizan impunidad, no vamos a dejar las armas”. Pero eso no lo va a tolerar el Gobierno, ni tampoco la sociedad. Si ese es el pensamiento de las Farc, no vamos a llegar a un acuerdo y no vamos a tener paz.

Lo que sí tenemos que entender es que cada quien tiene que poner de su lado.

Las Farc se han movido con dificultad hacia el reconocimiento de las víctimas, pero se han movido. Los 10 principios sobre víctimas que acordamos en junio del año pasado son importantes. Y el gesto de reconocimiento frente a las víctimas de Bojayá que hicieron en diciembre es importante. Todo eso está bien, aunque está muy lejos de ser suficiente. Pero también necesitamos gestos de reconocimiento de nuestro propio lado.

Una segunda característica es que será una paz territorial. No voy a elaborar nuevamente esta idea, quiero decir solamente que la fórmula que encontremos de justicia transicional debe contribuir a la construcción de la paz en los territorios.

Una tercera característica es que tiene que ser una paz justa. Una paz que ofrezca seguridad jurídica a los combatientes, incluyendo a los miembros de las FF.MM., y que ante todo responda a los derechos de las víctimas y a las expectativas de justicia de la sociedad. Si no logramos un equilibrio entre seguridad jurídica y satisfacción de las víctimas y de la sociedad, esta paz no será justa y por tanto no será legítima y por tanto no tendrá ninguna sostenibilidad.

Y por último, debe ser una paz eficaz. Una paz que lleve a cambios reales en los territorios. El Gobierno no se metió en este proceso para dejar las cosas como están. El Gobierno se metió en esto para que entre todos transformemos la realidad. El cambio principal, ya lo dije, es romper el ciclo histórico de violencia y venganza. Cuántas veces no hemos oído historias de jóvenes en Urabá, en Catatumbo, en el Magdalena Medio, que ingresaron a la guerrilla porque los paramilitares asesinaron a sus padres, o viceversa. Ese ciclo de venganzas históricas, que también están en el origen del conflicto, es el que tenemos que acabar. (Lea: Santos intercedería para evitar extradición de guerrilleros a EE. UU.)

Esto requiere que al final hagamos un ejercicio de rendición de cuentas. No podemos repetir el error histórico de pensar que simplemente pasamos la página. Pasamos la página de la violencia y ¿qué pasó? Eso también quedó claro en los informes de la Comisión Histórica: que se mantuvo el germen de la violencia.

Para romper el ciclo hay que administrar justicia. No por casualidad, el ciclo de venganza y violencia que describe Esquilo en la Orestiada termina con la creación de un tribunal, que reparte imparcialmente culpas y permite cerrar el ciclo.

Algo así es lo que vamos a tener que hacer aquí, como propuso en estos días Kofi Annan: que estableciéramos un tribunal especial para la terminación del conflicto que administre justicia, con suficientes garantías para todos.

Este mecanismo, que es necesario, no es sin embargo suficiente. La justicia penal no puede dar cuenta de todo lo ocurrido.

En este punto es donde entra a mi juicio la verdad en el proceso de paz: como un complemento necesario a la justicia y una garantía de rendición de cuentas. Lo podemos decir nosotros con autoridad, porque ya sabemos qué fue lo que nos ocurrió con Justicia y Paz. Un proceso que sin duda produjo información importante, pero que lo hizo a costa de unos procesos judiciales muy largos y muy poco efectivos. Tenemos que separar la administración de justicia de la verdad, para que la justicia haga lo que tiene que hacer y la verdad profunda del conflicto se construya de otra manera, con otros instrumentos.

De ahí la necesidad de crear una comisión de la verdad. Una comisión que haga visible lo ocurrido y contribuya a su comprensión, para que no se vuelva a repetir.

No basta, sin embargo, con crear una comisión de la verdad. Las 60 víctimas que fueron a La Habana y las miles que participaron en los foros en Colombia reclamaron verdad. Pero también nos pidieron verdades particulares: saber qué pasó con sus seres queridos que fueron desaparecidos.

Vamos a tener que establecer mecanismos de búsqueda que den respuesta. Lo que además es nuestra obligación y el origen del derecho a la verdad bajo el DIH: emprender todos los esfuerzos posibles para dar con esos desaparecidos.

Por otra parte está el hecho de que en Colombia ya tenemos mucho conocimiento. El Centro de Memoria Histórica pronto contará con cerca de 50 informes detallados, que cubren un amplio espectro de violaciones –desplazamiento, violencia sexual, secuestro– y de territorios y de poblaciones, además del ‘Basta ya’.

Esto no agota, por supuesto, la búsqueda de la verdad, pero sí nos obliga a hacernos la pregunta: ¿para qué queremos una comisión de la verdad?

La comisión no puede ser un ejercicio mecánico: “llegamos al fin del conflicto, entonces organicemos una comisión de la verdad”.

Varios países han hecho este ejercicio de forma admirable, de forma impecable. Pero cuando uno mira la realidad de esos países hoy, no es evidente que esas comisiones de la verdad hayan tenido mayor efecto. La pregunta entonces, como la hizo David Tolbert del ICTJ, es: ¿dónde está el valor agregado de una comisión de la verdad en Colombia?

A mi juicio, el mayor valor agregado está primero en la participación. Lo dijo Kofi Annan, la comisión de la verdad es un espacio para que las víctimas puedan tener voz, puedan de manera pública decir qué ocurrió y se puedan dignificar.

Pero también debe ser un espacio en el que participen diferentes sectores de la sociedad, para que la comisión “engrane” con la realidad política y se convierta en un escenario de reflexión. La comisión no se puede reducir a un diálogo al margen de la vida pública entre unos comisionados muy prestigiosos y muy inteligentes y unas víctimas. Tiene que convocar a toda la sociedad para que tenga un efecto de no repetición: que el país entienda qué pasó y qué fue el conflicto armado.

Por eso debe incluir a todos quienes participaron en la guerra: a los combatientes, para que respondan a las víctimas y para que den su visión de lo ocurrido. Y también a quienes los apoyaron. Como dice Iván Orozco, una guerra es un fenómeno lleno de zonas grises, de distintas realidades.

Aquí es definitivo el concepto de dignidad. Está ante todo la dignidad de las víctimas, pero está también la dignidad del combatiente. Sin dignidad no es posible terminar un conflicto.

El segundo valor agregado, a mi juicio el principal, es promover el reconocimiento de responsabilidad. Un filósofo americano, Thomas Nagel, hizo famosa la distinción entre conocimiento y reconocimiento.

Yo digo: en Colombia tenemos mucho conocimiento, pero tenemos muy poco reconocimiento. Ahí va a estar agregado. No podemos pensar que de nuestro lado no hay culpas. No podemos decir, como le encanta decir a la extrema derecha aquí y en todas partes, que somos unos demócratas impolutos, que toda la culpa está del otro lado y que del nuestro no pasó nada. Sí pasó.

Además, si nosotros mismos reconocemos, con más razón podemos exigirles a las Farc y al Eln –si finalmente se decide a entrar en el proceso de paz– que respondan como debe ser. El presidente Santos ya dio un ejemplo de reconocimiento en julio del 2013 ante la Corte Constitucional.

Yo pregunto: ¿por qué no puede un ganadero de Córdoba decir que, por obligación o por convicción, apoyó a los paramilitares, y está dispuesto a contribuir a la verdad y a la construcción de la paz? ¿Por qué no puede hacer lo mismo un comerciante de Caquetá que apoyó a las Farc? ¿Por qué no pueden las autoridades, en el nivel nacional y en el local, reconocer que no hicieron lo suficiente para impedir todas estas violaciones e infracciones?

Aquí el punto no es solo el del expresidente Gaviria de que la justicia transicional debe abarcar a todos y que los beneficios penales deben ser proporcionales. Ese es un punto válido, pero no puede ser ni la primera ni la principal consideración en materia de justicia.

La principal consideración en materia de justicia debe ser que vamos a reconocer y a responderles a las víctimas para satisfacer sus derechos y para que esto no vuelva a ocurrir. Ese es el propósito a mi juicio de la justicia transicional y para eso necesitamos la verdad. En este punto se cruzan la justicia transicional y la construcción de paz. Porque si hacemos ese ejercicio de reconocimiento en los territorios y abrimos unos espacios en los que las diferentes personas y sectores que se hayan visto involucrados en el conflicto puedan decir: “sí yo participé así y estoy dispuesto a responder y a contribuir”, tendremos una base sólida para la construcción de paz.

Porque la paz no la podemos construir solo mirando hacia atrás. Tenemos que enfrentar el legado de violaciones, pero también tenemos que mirar hacia adelante, hacia un objetivo compartido, como es romper la desconfianza entre la gente en los territorios, asentar la convivencia, impulsar la reconstrucción, canalizar institucionalmente los conflictos y así construir las bases de la paz.

Si hay esa disposición a reconocer, creo que los demás detalles de la justicia transicional, por más jurídicos y más difíciles que sean –¿cuáles son las penas aceptables para la sociedad?–, serán menos importantes. Esa es la tarea que tenemos ante nosotros.

Esta oportunidad que nos ofrece el fin del conflicto de construir un consenso alrededor de una fórmula legítima de justicia para todos no la podemos dejar pasar.

Porque no hay opción. O mejor, la opción es caer en un proceso interminable de acusaciones y recriminaciones mutuas en los tribunales nacionales e internacionales los próximos veinte o treinta años. Eso no le sirve nadie, ni le sirve al país.

Tampoco podemos olvidar que tenemos encima los ojos de la comunidad internacional, que ve con simpatía este proceso, pero que puede cambiar de opinión si la conclusión es que no quisimos enfrentar lo que pasó y no les pudimos responder adecuadamente a las víctimas. Es un hecho que lo que hagamos acá va a marcar un estándar en adelante para los procesos de justicia transicional en el mundo, y esa es una gran responsabilidad y también una gran oportunidad.

Ahora, el problema no es principalmente la comunidad internacional: el problema es lo que estamos dispuestos hacer nosotros como sociedad. Es a nosotros mismos a quienes nos debemos esa respuesta, más allá de todas las obligaciones internacionales que podamos tener.

Por eso yo digo que nuestro objetivo debe ser el que mencionó el presidente Santos en la mañana del 25 de febrero. Que al final digan de nosotros: “los colombianos hicieron el máximo de justicia posible para terminar un conflicto armado y ahora viven en paz”.

SERGIO JARAMILLO
Alto Comisionado para la Paz*

*Intervención en el foro Comisiones de la Verdad y Procesos de Paz: la Experiencia Internacional y los Desafíos para Colombia, de la Fundación Kofi Annan - ICTJ. Bogotá, 25 de febrero del 2015.