Corte Constitucional pide al Gobierno protección para indígenas

Corte Constitucional pide al Gobierno protección para indígenas

En una tutela, los magistrados ordenan adoptar mecanismos para amparar a indígenas en las ciudades.

Corte Constitucional pide al Gobierno protección para indígenas
24 de febrero de 2015, 01:40 am

Como pocas veces lo hace, la Corte Constitucional instó al Gobierno nacional para que tome medidas frente a la situación que viven las comunidades indígenas asentadas en ciudades.

Lo hizo tras resolver la tutela instaurada por Jaime Antonio Jajoy, en calidad de gobernador de la comunidad inga de Villavicencio, contra la directora de Asuntos Indígenas y Minorías del Ministerio del Interior.

Según el tutelante, se le violaron los derechos a la igualdad y al “reconocimiento y protección de la diversidad étnica”, al no realizar un estudio etnológico previsto para ser reconocidos dentro de la ciudad, pero como indígenas.

El alto tribunal, en la sentencia, le pide al Gobierno que, a través de la Mesa Nacional de Concertación, realice con la mayor celeridad e idoneidad posibles, el “programa presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Colombia”.

El propósito de la petición, sostiene la Corte, es que las comunidades en espacios urbanos tengan garantizado “el goce de sus derechos y el fortalecimiento y reproducción cultural”.

La sentencia señala que el Ministerio del Interior había negado la solicitud con el argumento de que “el reconocimiento del grupo actor como parcialidad indígena no resulta viable, pues implicaría otorgarles ciertos derechos colectivos que en ciudades resultarían impracticables”.

Por su parte, los jueces de primera instancia no accedieron a la pretensiones, señalando que no es viable con una tutela ordenar el estudio etnológico solicitado, pues “no existe una política pública indígena que defina los procedimientos y métodos con fundamento en los cuales deba realizarse el mismo para las comunidades indígenas asentadas en el casco urbano de los municipios”.

Sin embargo, para el alto tribunal, “este hecho no exime a tal autoridad del deber de realizar el estudio etnológico, pues este es el mecanismo que permite determinar la presencia o no de los elementos que definen lo que es una comunidad o parcialidad indígena”.

El fallo destaca que “siempre que pueda hacerse una plena identificación de tales comunidades, los indígenas que se encuentran en los centros urbanos tienen a su favor, tanto como los que permanecen en áreas rurales cercanas a su origen, los derechos al autogobierno, a la supervivencia cultural, a la educación, la salud propia, la administración propia de justicia, la participación política y en general”.

La sentencia agrega que dichas comunidades deben tener una especial protección del Estado. La Corte ordena que, en el término de diez días a partir de la notificación de la sentencia, “se inicie el estudio etnológico de dicha comunidad, como es su obligación y de acuerdo con sus funciones”.

Marcha en el Cauca

Cerca de 4.000 indígenas salieron a marchar por la vía Panamericana, para celebrar los 44 años del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y visibilizar el rechazo a toda clase de violencia en sus territorios.

La marcha partió de Tunía y finalizó en el resguardo de La María, en Piendamó.

La minga la encabezaron los niños, quienes pidieron mejor trato para la población infantil.

“Rechazamos el maltrato, porque hay padres que les pegan a sus hijos, o no los dejan estudiar y se los llevan a trabajar al campo. Tengo amigos que ya no estudian y ya tienen hijos”, dijo un jovencito de 13 años, de la institución educativa La María.

“Sentimos el atropello de diversos actores y hemos resistido a nivel organizacional, político y hasta con vías de hecho. Reclamamos que el conflicto armado termine”, advirtió, por su parte, Eduardo Camayo, consejero mayor del Cric.

JUSTICIA y CALI
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