¿Cómo desescalar definitivamente el conflicto?

¿Cómo desescalar definitivamente el conflicto?

Tres mecanismos deberían tomarse en cuenta si se quiere la construcción de paz en Colombia.

¿Cómo desescalar definitivamente el conflicto?
23 de febrero de 2015, 11:37 pm

La propuesta del coordinador del sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, sobre un cese bilateral local en las zonas más afectadas por el conflicto armado (por ejemplo: resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos), vuelve a poner en el debate público la necesidad de encontrar mecanismos para desescalar la guerra en el país.

Aunque esta iniciativa es bien intencionada y permitiría ahorrar el costo humanitario del conflicto en algunas de las regiones y poblaciones más afectadas por esta violencia, es probable que en el momento en que se encuentra el proceso de paz sea más conveniente implementar otras estrategias para acallar definitivamente los niveles de violencia del conflicto, generar condiciones propicias para un escenario de transición y salvaguardar la vida de los colombianos.

En primer lugar, es necesario recordar una noticia de gran importancia que ha pasado desapercibida por la opinión pública y los medios de comunicación: durante los 52 días que ha estado vigente el cese unilateral de las Farc no se ha registrado ni un solo evento violento atribuido por iniciativa propia a este grupo guerrillero, como lo reconoció, incluso, el Ministro de Defensa. Estas cifras no se reportaban desde mediados de los 80, en el récord de eventos del conflicto que registra el Cerac. De igual forma, así como lo señaló repetidamente este centro, el país ha observado un periodo de cese al fuego bilateral virtual, en tanto en el mismo periodo tampoco se han reportado operaciones militares ofensivas por parte de la Fuerza Pública contra las Farc a lo largo y ancho del territorio nacional.

Lo anterior quiere decir que la violencia asociada al conflicto Farc-Estado ha disminuido a niveles cercanos a cero en estos casi tres meses de cese bilateral virtual. Por lo tanto, la propuesta de acordar un cese formal, así sea en zonas acotadas, puede generar más barreras que oportunidades para el proceso de paz en esta coyuntura actual: obligaría a las partes a acordar, por un lado, qué territorios específicos deben ser objeto del armisticio parcial; y por otro lado, quién y cómo garantiza que las partes respeten los acuerdos.

Esta discusión y las dificultades que implicaría la implementación de dicho mecanismo no solo plantearían el riesgo de prolongar las negociaciones de forma indefinida, sino que también les daría insumos a los opositores del proceso para criticar una supuesta renuncia de las Fuerzas Militares a su función primaria de proteger a la ciudadanía. De igual forma, dicho escenario no estaría exento de grupos armados y sectores violentos que aprovecharían los acuerdos para realizar acciones en contra de civiles o alguna de las partes, buscando boicotear el proceso y romper la confianza de la opinión pública y de las partes.

En su lugar, tres mecanismos de desescalamiento del conflicto deberían ser tomados en cuenta por las partes si lo que se quiere es desactivar definitivamente la violencia asociada a la guerra civil y crear unas condiciones favorables para la construcción de paz en Colombia.

Primero, las Farc podrían renunciar definitivamente a toda actividad criminal en la que estén involucrados sus integrantes y frentes. En otros términos, la guerrilla debe romper cuanto antes sus vínculos con grupos del crimen organizado para la explotación de rentas ilegales en diferentes regiones del país (Cauca, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Cúcuta, entre otras). El hecho de que las Farc se siga involucrando en actividades extorsivas en departamentos como el Huila genera un fuerte costo a su imagen política, dado que le resta seriedad y legitimidad a sus esfuerzos (que parecen ser verdaderos) por demostrar un compromiso con el proceso de paz.

Pero no solo por la legitimación actual y posterior de dicho proceso es pertinente que las Farc se desvinculen del narcotráfico, la extorsión, el pillaje o la minería ilegal: sus acciones han favorecido actividades violentas de grupos criminales en dichas regiones, quienes aprenden y emplean ‘tecnologías’ de la violencia propia del conflicto. Es ese sentido se enmarca la reciente masacre de cuatro menores de edad por un grupo desconocido, presuntamente por un conflicto de tierra, ocurrida en Caquetá, un departamento históricamente afectado por el abandono estatal, la criminalidad y la violencia guerrillera. De igual forma, las Farc deberían cuidar que los grupos con los que realizan acuerdos tácticos en dichas regiones en el presente no sean sus propios verdugos en el futuro.

En segundo lugar, este mismo grupo podría dar un aporte definitivo al cierre del conflicto y la construcción de paz a través del desminado de territorios y regiones. Esto no solo favorecería la no repetición de hechos victimizantes de civiles y combatientes en el país, sino que también permitiría superar uno de los principales obstáculos para el retorno de las víctimas a sus territorios, generando condiciones para la reconciliación y el desarrollo de las zonas rurales.

Por último, pero no menos importante, el Estado en su conjunto debe comprometerse con la protección efectiva y oportuna de líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, y sectores políticos opositores (por ejemplo: la Marcha Patriótica). Prevenir los asesinatos y castigar las amenazas y persecuciones contra miembros de estos sectores es uno de los principales aportes que puede hacer el Estado para establecer unas precondiciones para una paz estable y duradera.

En conclusión, aunque cualquier mecanismo que logre efectivamente disminuir los costos humanitarios de la guerra son bienvenidos, en este momento algunos pueden ser más favorables que otros para lograr cerrar definitivamente el conflicto en Colombia. Así, en vez de formalizar el cese al fuego bilateral virtual que ya está siendo efectivo en el país, más bien las partes deberían romper desde ahora los vínculos que tienen con la criminalidad organizada (particularmente las Farc), desminar los campos y proteger efectivamente a los sectores de oposición mientras terminan lo antes posible de pactar el silencio de los fusiles.

Pablo Alberto Ortega