Contraloría dice que no alcanzará plata para víctimas

Contraloría dice que no alcanzará plata para víctimas

Edgardo Maya advierte que se necesitan $ 10 billones más para atención en los próximos años.

17 de febrero de 2015, 01:19 am

El presupuesto que el Gobierno estableció en el 2011 al plantear la Ley de Víctimas, en su vigencia de 10 años, se quedó corto.

Así lo aseguró este lunes el contralor general, Edgardo Maya Villazón, al presentar ante la Corte Constitucional la ‘Primera encuesta nacional de víctimas’.

Según el Contralor, hoy el 11,9 por ciento de los colombianos son desplazados, por lo que el Gobierno debe actualizar la política y el plan de financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras planteado hace cuatro años, pues las proyecciones de los Conpes del 2011 y el 2012 “han sido rebasadas”.

Maya advirtió que para cumplir con la atención de las más de 7 millones de personas afectadas por el conflicto, reconocidas por la Unidad de Víctimas, hacen falta por lo menos 10 billones de pesos más para los próximos años. Esa cifra podría variar, teniendo en cuenta que aún hay por lo menos 805.000 desplazados que no han sido registrados, dice la evaluación.

El documento Conpes 3712 del 2011 estimaba que 360.000 grupos familiares habían sido despojados de 3,7 millones de hectáreas.

Ese ítem fue subvalorado, dice la Contraloría, porque la cifra real es de 4,3 millones de hectáreas despojadas, que afectan a 576.265 grupos familiares.

Según el estudio, el presupuesto no alcanzará por que en la planeación de la ley se reportaban 5 millones de desplazados y hoy esa cifra es de 6,3 millones.

“Las víctimas del conflicto fueron creciendo mucho más rápido que la capacidad de las instituciones estatales para atenderlas, en una dimensión sin precedentes en la historia reciente de Colombia”, dice la evaluación.

Frente a las indemnizaciones administrativas a las víctimas, en el 2011 el Gobierno estableció un presupuesto de 6,3 billones de pesos para la vigencia de la ley. Con las nuevas víctimas de desplazamiento reconocidas en los últimos años, ese presupuesto debe crecer a 23 billones.

Así, el Estado debe “encontrar otras fuentes de financiamiento”, justo cuando “el país está en medio de restricciones macroeconómicas y fiscales”. Maya aseguró que los desplazados tienen acceso a sus derechos “de manera precaria” y “a pesar de los enormes esfuerzos del Gobierno”. 

EL TIEMPO