Citación a interrogatorio del Fiscal a Zuluaga sacude la política

Citación a interrogatorio del Fiscal a Zuluaga sacude la política

Uribistas hablan de 'persecución' de Montealegre; coalición de Gobierno pide confiar en la justicia.

Citación a interrogatorio del Fiscal a Zuluaga sacude la política
21 de enero de 2015, 04:05 am

Una tormenta política se desató ayer por el llamado a interrogatorio del excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, un hecho jurídico sin precedentes recientes. (Lea también: David Zuluaga, el 'prodigio' uribista que responderá ante la justicia).

La decisión del fiscal general, Eduardo Montealegre, que fue notificada en una entrevista con la W Radio, incluyó la fecha de la diligencia. “Vamos a llamar a interrogatorio al doctor Óscar Iván Zuluaga. Para el viernes 30 de enero la Fiscalía fijó la fecha para escucharlo”, afirmó.

La diligencia de Zuluaga es un hecho trascendental con gran impacto político. Se trata del excandidato de la principal fuerza de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos –el Centro Democrático– y un hombre que obtuvo 6’917.001 votos en la segunda vuelta presidencial.

Zuluaga es, además, el director del partido político inspirado por el expresidente Álvaro Uribe, y para muchos sería el aspirante a la Presidencia de esta tendencia política en el 2018. (Lea también: Zuluaga buscará instancias internacionales para garantizar su defensa).

El llamado de la Fiscalía se da en el comienzo de un año electoral, para el cual el uribismo se prepara intensamente y en el cual esperan alcanzar un gran número de alcaldías y gobernaciones.

Zuluaga reaccionó fuertemente en la noche del martes al anuncio de Montealegre. “Vemos un ejemplo más de la falta de garantías con quienes no comulgamos políticamente con el Fiscal”, escribió en Twitter.

Sin embargo, unas horas más tarde, Zuluaga anunció, a través de la misma red social, que asistirá a citación realizada por la Fiscalía.

“Ratifico lo dicho por mi abogado Jaime Granados. El 30 de enero asistiré puntualmente a la citación de la Fiscalía”, manifestó el excandidato presidencial.

El caso

Sobre las razones para interrogar a Zuluaga, el Fiscal explicó que la idea es determinar si algunos miembros de la campaña presidencial del uribismo “sabían” de las actividades ilícitas del hacker Andrés Sepúlveda.

Como se sabe, Sepúlveda está implicado en la investigación por el supuesto complot contra el proceso de paz de La Habana y negoció con el ente investigador un preacuerdo al que le falta el aval de un juez. (Lea también: Nadie del uribismo sabe del paradero de Luis Alfonso Hoyos).

La hipótesis de la Fiscalía es que Sepúlveda interceptó a los negociadores de paz por instrucciones de algunos integrantes de la campaña uribista.

El Fiscal también anunció el llamado a interrogatorio al hijo de Zuluaga, David, que trabajó en la campaña de su padre.
Vale la pena anotar que el llamado a interrogatorio no significa que estén sindicados de algún delito, pues se trata de una instancia de la justicia antes de determinar si hay indicios para pasar a imputar cargos.

En todo caso, la noticia provocó una inmediata reacción de los partidos, especialmente del Centro Democrático, en el que, incluso, toda la bancada de congresistas denunciaron una “persecución” contra esa organización política, a través de un comunicado.

“Los integrantes del Centro Democrático son perseguidos políticos del Gobierno y de la Fiscalía”, aseguraron.
De igual manera, señalaron que esta citación es “una muestra clara de la politización de la justicia que se ejerce” el ente acusador.

En el mismo sentido del pronunciamiento del uribismo, el senador José Obdulio Gaviria dijo que este es un caso en el cual “un enemigo político, vestido de funciones judiciales, persigue a otro enemigo político”. Su colega y copartidario Alfredo Rangel afirmó que la justicia en Colombia se está “chavizando” y que el Fiscal General “está dedicado a perseguir a la oposición democrática y absolver a los criminales”.

Desde la orilla de la coalición, el codirector del Partido Liberal Horacio Serpa pidió esperar a que la justicia actúe y negó que haya una persecución, como lo denuncian los uribistas.

“El Partido Liberal confía en la sabiduría y seriedad de la administración de justicia; si hubo una responsabilidad penal, como se comenta públicamente, que se sancione a los responsables”, afirmó Serpa. El copresidente del partido de ‘la U’ José David Name también pidió confiar en la justicia y esperar a ver cómo se desenvuelve el interrogatorio de Zuluaga.
“La justicia es para todos los colombianos, no hay ninguno que no deba acudir a ella, pero él tiene derecho a su defensa y esperemos que pueda dar sus explicaciones”, afirmó Name.

Germán Varón, senador de Cambio Radical, dijo que confía “plenamente” en las decisiones de la Fiscalía y que esta citación a Zuluaga debe estar fundamentada en elementos “sólidos” que la soporten.

Por los lados del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda afirmó que todos los colombianos, “sin distingos de rango”, deben acudir a la justicia.

“Entiendo que es una declaración que apunta a que él se pueda defender y a darle las garantías suficientes”, afirmó Cepeda.

La presidenta del Polo, Clara López, dijo que “todo ciudadano” debe estar “dispuesto a rendir las declaraciones” que le pidan organismos de control.

La forma como se desenvuelva este proceso podría determinar algún giro en los futuros pasos del uribismo frente al Gobierno.

Video con ‘hacker’, clave en proceso

El famoso video en el que Óscar Iván Zuluaga aparece con el hacker Andrés Sepúlveda hablando de varios temas –entre ellos, de ‘Romaña’, uno de los jefes de las Farc,– será pieza central en el interrogatorio que la Fiscalía le hará al excandidato presidencial del Centro Democrático el próximo 30 de enero.

Fuentes cercanas al caso señalaron que tanto el político como su hijo David deberán explicar cuántas veces se reunieron con el hacker y cuáles fueron las instrucciones que le dieron en medio de su relación laboral con la campaña del uribismo.

También, si tenían conocimiento de que plata de la campaña habría sido destinada a la compra de una base de datos de desmovilizados, como lo asegura el hacker.

La Fiscalía quiere saber si a Óscar Iván Zuluaga no le pareció sospechoso que en la reunión que quedó grabada en el video Sepúlveda hubiera hablado de su supuesto acceso a información de inteligencia de los Estados Unidos y otros temas de seguridad.

La defensa de Zuluaga presentó esta semana una tutela contra el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, por negarse a entregar el video original para que sea examinado por peritos particulares. El video completo fue revelado el año pasado por ELTIEMPO.COM y, salvo su duración, es idéntico al que en su momento reveló la revista Semana y que, según la campaña uribista habría sido alterado.

Ayer el abogado Jaime Granados, que representa a Zuluaga, se quejó de una supuesta falta de garantías en el proceso y dijo que acudirá hasta instancias internacio- nales para garantizar la defensa. También afirmó que Zuluaga era víctima en el caso. Sobre la posibilidad de que su cliente decidiera salir del país, el abogado dijo: “Todo está contemplado”.

Hoyos, a explicar pagos a familiar de Sepúlveda

Asesor de zuluaga está fuera del país

Por supuestas inconsistencias en la contabilidad de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga encontradas a finales del año pasado, el exasesor espiritual de la campaña, exsenador y exembajador Luis Alfonso Hoyos deberá responder por segunda vez ante la Fiscalía.

En mayo de 2014, Hoyos estuvo en la Fiscalía dando su versión sobre cómo se contactó con el ‘hacker’ Andrés Sepúlveda, a quien incluso llevó a un medio de comunicación para hablar sobre las Farc.

En inspecciones judiciales realizadas a la contabilidad de la campaña, la Fiscalía halló pagos que habrían sido autorizados por Hoyos y que no aparecen registrados en las cuentas entregadas al Consejo Nacional Electoral.

Un pago por más de 200 millones se hizo a favor de Luis Alberto Sepúlveda, hermano del ‘hacker’ que trabajó como publicista de esa empresa política.

Lo que se buscará determinar, según fuentes de la Fiscalía, es si pagos no registrados terminaron financiando las actividades ilegales de Andrés Sepúlveda, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y ha reconocido que atacó la seguridad de las comunicaciones electrónicas de personas cercanas al proceso de paz.

Hoyos está citado el 28 de febrero para responder por los interrogantes y, en este momento, no tiene medida alguna en su contra. Tras la diligencia se definirá si dicha situación se mantiene.

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