Las claves del debate sobre delito político

Las claves del debate sobre delito político

La discusión jurídica sobre ampliar el espectro a otros delitos está saldada por fallos de la Corte.

Las claves del debate sobre delito político
6 de diciembre de 2014, 11:07 pm

Sin que haya llegado el punto de partida establecido por el Marco Jurídico para la Paz –la firma del acuerdo final con las Farc–, en el país empezó la discusión de una de las ‘papas calientes’ de todo el proceso: ¿podrán participar en política activa miembros de esa guerrilla responsables de delitos tan graves como el narcotráfico o incluso el terrorismo?

Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos revivió el debate, que ya había sido planteado en noviembre pasado por el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. El Presidente dijo que era necesario ampliar “el concepto de delito político y, sobre todo, los delitos conexos”, y mencionó entre ellos el narcotráfico o “beneficio del narcotráfico”. Y desde ese momento no para la tormenta.

El procurador Alejandro Ordóñez consideró que lo que se busca es “blindar contra la extradición” a los que llamó “capos de la cocaína de las Farc” y “darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”. Varios sectores que señalan la herencia de muerte y corrupción que la droga le ha dejado al país comparten esa posición. (Lea también: 'Sí es viable que el narcotráfico sea delito conexo').

También dicen que un paso semejante podría poner a Colombia en líos con la comunidad internacional y, principalmente, con Estados Unidos, que tiene pedidos en extradición a 50 mandos de la guerrilla, incluidos ocho de las fichas de las Farc en las negociaciones de Cuba, y que considera a ese grupo armado como un cartel más de la droga. Y otros más advierten que se podría estar enviando un mensaje equivocado a los capos de las bandas criminales, que durante años han intentado venderse como grupos supuestamente políticos para lavar sus líos de narcotráfico. (Se abre debate por conexión de narcotráfico y delito político de Farc).

El punto de discusión

El delito político es el que cometen las personas o grupos que se levantan contra el Estado. Aunque se trata de una figura en decadencia en las legislaciones del mundo, históricamente ha recibido beneficios como indultos (suspensión de condenas) y amnistías (olvido de delitos y cierre de procesos penales), así como la posibilidad de llegar a cargos públicos tras procesos que pongan fin a la violencia. (Lea también: Narcotráfico: ¿un delito político? / Análisis).

Y aunque se trata de un delito que podría tener supuestos fines altruistas (rebelarse contra dictaduras, por ejemplo), usualmente está ligado a conductas mucho menos presentables como terrorismo, asesinatos y reclutamiento de menores. Esa entre otras razones esa es la explicación de por qué la Corte Constitucional restringió tanto la figura de los delitos conexos.

La polémica, que finalmente tendrá que saldarse en el Congreso cuando se reglamente el Marco para la paz, parte de dos realidades: una que se vive en las selvas del país y otra, la del mundo jurídico.

La del campo de batalla muestra que, como lo hicieron los ‘paras’ y también el Eln, el narcotráfico ha sido una de las principales fuentes de ingreso de las Farc. En casi todas las guerras irregulares, los grupos ilegales recurren a lo que los expertos en conflictos llaman ‘valores fácilmente negociables’: en África fueron los ‘diamantes de sangre’ y en Colombia, la coca y, últimamente, el oro.

Aunque la manera como se relacionaron con el negocio no fue la misma –los capos de las Auc tenían grandes fortunas personales, mientras los de las Farc parecen haber sido más funcionales para la organización– el hecho es que unos y otros terminaron en la lista de los más buscados por EE. UU. por los cargamentos de coca que llegan a ese país.

Para lograr la paz, Colombia tendrá que tragarse varios ‘sapos’ y lo que dicen quienes conocen las negociaciones es que no tendría futuro un proceso que busque sacar a un grupo como las Farc de la guerra si no se abre una posibilidad real para que cambien armas por política.

La realidad jurídica tiene dos facetas. Por un lado, las decisiones de la Corte Constitucional en los 90, que limitaron el delito político a las conductas de rebelión, sedición y asonada prácticamente sin conexión alguna. La Carta del 91 señala que salvo delitos políticos o culposos, nadie que haya sido condenado penalmente puede ser elegido por voto.

A esa prohibición se le abrió un boquete en aras de la paz. El Marco Jurídico le dio facultades al Legislativo para que reglamente “cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

Las únicas conductas excluidas de entrada son “los crímenes de lesa humanidad y el genocidio cometidos de manera sistemática”, y el Congreso, a través de una ley estatutaria tiene carta blanca para meter, o para no hacerlo, bajo el paraguas del delito político otros delitos perpetrados en el conflicto, incluidos narcotráfico y crímenes de guerra (el uso de cilindros bomba o el reclutamiento de niños, por ejemplo).

La Corte Constitucional ya le dio la bendición a esa reforma y consideró que entregarle al Congreso la facultad de reglamentar el delito político “amplía el espíritu de participación democrática” de la Carta del 91. Pero cuando se expida la ley volverá a examinar si lo aprobado por el legislativo está de acuerdo con el espíritu de la Carta.

“En el contexto específico de las negociaciones de paz, el narcotráfico podría ser considerado una forma de financiación que se vincula directamente con el conflicto. Pero esto no quiere decir que el Estado esté obligado a perdonar todo tipo de acto que tenga que ver con narcotráfico”, dice el exmagistrado Juan Carlos Henao, rector del Externado.

La Casa de Nariño sabe que aunque tiene las mayorías en el Congreso, se encontrará con una fuerte oposición cuando llegue el momento de presentar las leyes reglamentarias.

Por eso, el propio Santos fue claro en advertir que la reconfiguración no entra en el campo penal, no afectará los derechos de las víctimas y no generará impunidad.

“La discusión sobre la ampliación de los delitos conexos a los delitos políticos se circunscribe específicamente a que se tenga en cuenta para el día en que miembros de las Farc quieran participar en política”, precisó el Jefe de Estado. Esto se traduce en los crímenes cometidos por esa guerrilla serán investigados y juzgados a la luz de la justicia transicional, según los fallos de la Corte Constitucional.

Así, por ejemplo, en la decisión sobre la eventual ampliación del delito político no se excluyeron los crímenes de guerra, que en el primer fallo de la Corte sí se suman a genocidio y delitos de lesa humanidad, por los que los ‘máximos responsables’ de las Farc deberán ser juzgados y condenados.

El cumplimiento de la pena alternativa, en el caso de los crímenes de guerra, será requisito para poder aspirar.

El frente externo

El presidente Santos y su equipo han señalado que la polémica ‘cirugía’ apunta esencialmente a abrirle espacios a la guerrilla para que cambie las armas por la política, en el entendido de que “la paz es el derecho preponderante entre todos los derechos”.

En los casos en los que el narcotráfico haya sido funcional al conflicto armado, sus máximos jefes quedarían a salvo de la extradición, pero no necesariamente de la persecución de Washington. Y no sería la primera vez que la paz se antepone a la entrega de pedidos por narcotráfico. En su momento, el expresidente Álvaro Uribe congeló las extradiciones de los principales capos de las Auc, que finalmente terminaron en EE. UU. porque siguieron delinquiendo tras desmovilizarse.

Santos ya ha dado puntadas en el exterior, abriendo debates sobre la necesidad de replantear la lucha contra las drogas y buscando fortalecer el respaldo internacional al proceso de paz.

Frente a las eventuales repercusiones internacionales, el fiscal Eduardo Montealegre recordó el viernes que en los tratados “no existe ninguna norma que prohíba la participación en política de excombatientes que hayan cometido violaciones a los derechos humanos”, y que lo propio vale para el narcotráfico.

Incluso, dijo que no hay lugar a polémicas a la hora de aplicar penas alternativas: “No me cabe duda de que el narcotráfico, cuando ha sido herramienta en la lucha armada, puede entrar en la justicia transicional para efectos penales. Aquí armamos tempestades en un vaso de agua discutiendo lo que ya está definido”

‘Ya hay antecedentes’: Serpa

Horacio Serpa, senador del Partido Liberal, dice que “el narcotráfico ni es ni podrá ser nunca un delito político” y que lo que se ha planteado es una discusión sobre conductas penales que son conexas: “En otras oportunidades, acá y en otras latitudes, se ha estimado que conductas igualmente abominables como el homicidio o el secuestro puedan ser consideradas conexas”.

Serpa dice que hay que extremar controles para evitar que se cuelen narcos ‘purasangre’. “No pude ocurrir que, bajo el amparo de la paz, ‘traquetos’ y mafiosos vayan a ser exculpados de sus delitos. A ellos hay que perseguirlos con toda autoridad”, señala.

Y afirma que no debe haber escándalo por una eventual afectación de la extradición en este tema.

‘Busca proteger a capos de Farc’: Rangel

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel dice que, en términos jurídicos, el narcotráfico es un delito autónomo que debe ser juzgado y castigado independientemente de los motivos que tenga. “Si se llega a establecer su conexidad con el delito político, prácticamente se acabaría la narcopolítica”, afirma.

Para el senador, ese riesgo existe porque el narcotráfico ha permeado la política de diversas maneras, lo que abriría un boquete, para amnistías e indultos, “ocasionando una desmoralización de la opinión pública”.

Rangel sostiene que con esta propuesta “el Gobierno busca proteger a los jefes de las Farc contra la extradición”.

En Justicia y Paz se juzgó narcotráfico

Jefes paramilitares como alias ‘Julián Bolívar’ y ‘Diego Vecino’, reconocidos capos, pagan los mismos ocho años de pena alternativa por narcotráfico y otros crímenes en las Auc y hasta ahora se han salvado de extradición, aunque EE. UU. los sigue rondando. En el 2007, la Corte Suprema de Justicia tumbó uno de los puntos claves de la negociación del gobierno de Álvaro Uribe y los ‘paras’. El alto tribunal señaló que el concierto para delinquir, el delito base del paramilitarismo, no podía ser asimilado al delito político porque las Auc no se habían levantado contra el Estado. La decisión fue duramente atacada por el Gobierno de la época. Expertos consultados por EL TIEMPO señalaron que el narcotráfico, como delito político o conexo, poco ha sido desarrollado en otras latitudes. “Como delitos conexos al político en otros procesos se han incluido actividades como el robo de bancos, el secuestro y la extorsión”, aseguró Javier Ciurlizza, del International Crisis Group. En esta misma postura está Diego Cediel, catedrático de la Universidad de La Sabana, quien advirtió que “nadie se mete en el narcotráfico por estar inconforme con el sistema político, por lo que no se le ha dado connotación política”.

JUSTICIA
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