Se abre debate por conexión de narcotráfico y delito político de Farc

Se abre debate por conexión de narcotráfico y delito político de Farc

Juristas y sectores políticos tienen opiniones divididas frente a posibilidad planteada por Santos.

Se abre debate por conexión de narcotráfico y delito político de Farc
3 de diciembre de 2014, 02:52 am

La posibilidad de que el narcotráfico o los beneficios de este entren en la ampliación del delito político, planteada este martes por el presidente Juan Manuel Santos durante una entrevista con 'RCN Radio', ya provoca debate sobre las facultades del país para hacer esto y la compatibilidad de una medida así con leyes y compromisos internacionales.

Algunos juristas ven difícil que esto sea aceptado por fuera, pero otros consideran viable que el país lo haga porque se trata de resolver un conflicto de 50 años con la guerrilla. (Análisis: Narcotráfico: ¿un delito político?)

También hay división entre los sectores políticos frente al tema. Algunos ven lógico que ante al proceso de paz con las Farc se incluya el narcotráfico como conexo al delito político y otros no respaldan la idea. (Lea también: 'Disfrazar de políticos a narcos beneficiará a las mafias': Procurador)

En referencia al proceso de paz con esta guerrilla y la flexibilidad que este demanda, Santos dijo que es necesario ampliar el “concepto de delito político y, sobre todo, los delitos conexos”, que “pueden ser narcotráfico o beneficio del narcotráfico”. (Lea también: 'Saldrá el oficial que dé la más mínima expresión de deslealtad': Santos)

El Presidente anotó que este paso es necesario para “perdonar o legalizar a los miles de combatientes de las Farc”.
Esta guerrilla ha estado involucrada con el narcotráfico y tanto los beneficios jurídicos como las facultades de sus miembros para hacer política, si se llega a un acuerdo final de paz, dependerían en buena medida de la ampliación de los delitos conexos al político.

Además, lo que buscaría la inclusión del narcotráfico es blindar de la extradición a Estados Unidos a los guerrilleros comprometidos en tráfico de droga a ese país.

Algunos juristas sostienen que, aunque la discusión es interesante, convertir el narcotráfico en delito conexo al delito político no sería tan fácil.

Por ejemplo, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago afirma que “al Gobierno no le quedaría fácil explicar en el exterior que va a dar beneficios a personas vinculadas al narcotráfico, delito que es perseguido en el resto del mundo”.

Incluso cree que una decisión de Colombia en ese sentido “no obligaría a las demás naciones a aceptar los beneficios entregados a los vinculados al tráfico de drogas”.

También el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez sostiene que “ no es posible” incluir el narcotráfico como conexo del delito político. Dice que “el país tiene un orden constitucional que establece qué es un delito conexo y este no se puede inventar. Se podría decir que la droga fue una fuente de financiación, pero entonces habría que decir que también el secuestro y la extorsión son conexos porque también se financiaron de esos delitos”, agrega.

Este seguramente será uno de los debates más fuertes hacia adelante.

Pero hay juristas como el exmagistrado Alfredo Beltrán que consideran que la propuesta del presidente Santos es viable. Recuerda que el Marco Jurídico para la Paz, que ya pasó el control constitucional, fijó normas.

Concretamente contempla en uno de sus artículos que el Congreso tramite una ley estatutaria (tiene control previo de la Corte Constitucional) para determinar cuáles son los delitos conexos al delito político.

Así mismo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-577 del 2014, con la que declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz, dijo que “no podrán ser considerados delitos conexos a los delitos políticos acciones que constituyan crímenes de lesa humanidad o genocidio”.

Con esta tesis, el procurador Alejandro Ordóñez se ha opuesto a que el narcotráfico entre en la órbita del delito político.
Pero el exmagistrado Beltrán afirma que es posible reglamentar el tema y acudir a tesis aplicadas en el pasado. “Cuando la guerrilla se tomaba un banco para robar dinero, se planteó la tesis de que siendo un delito común podría ser conexo porque ese dinero le permitía su financiamiento. Lo claro es que el delito común debe estar atado a un propósito”, agrega el exmagistrado.

También recuerda que el Presidente de la República tiene la facultad de autorizar o no las extradiciones y con ello podría evitar que quienes participen en un proceso de paz terminen en cortes internacionales por delitos como el tráfico.

Partidos fijan posiciones

Dentro de los partidos también hay distintas posiciones.

El senador de ‘la U’ Armando Benedetti, anticipando el respaldo de la Unidad Nacional a la tesis de Santos, dice que si a alguien le conviene que el narcotráfico sea conexo al delito político es a Estados Unidos. “Porque las Farc son las que cultivan y conocen las rutas, y el día que firmen la paz tendrán que dar toda esa información, lo que podría beneficiar a ese país”, anota.

También el senador conservador Efraín Cepeda respaldó el debate y aseguró que “es un tema difícil y complejo, pero es sano abrir la discusión”.

Por el lado del Partido Liberal, Viviane Morales dijo que “si a los grupos ilegales se les va a imputar delito político, debe haber conexidad con el delito que les ha dado la gasolina y sus finanzas para funcionar”.

De otro lado, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, anunció que se opondrá con su bancada a esa posibilidad. “Santos: el narcotráfico ha sido conexo con el terrorismo, no con fines políticos altruistas”, dijo Uribe en Twitter.

Por su parte, Claudia López, del Partido Verde, quien ha respaldado el proceso de paz, no apoyó en este tema a Santos. Advirtió que “reconocer legalmente la conexidad entre el conflicto armado y narcotráfico es colgarle al delito político algo ajeno a su naturaleza”.

Pasó ley que blinda a negociadores de paz

La plenaria del Senado aprobó este martes la prórroga de la Ley 418 o de Orden Público, clave para avanzar en las negociaciones con las Farc.

La norma permite que la Fiscalía suspenda las órdenes de captura a los jefes de la guerrilla que están sentados en la mesa con los negociadores del Gobierno.

Además establece que “las personas que participen en los acercamientos, diálogos o negociaciones” no “incurrirán en responsabilidad penal ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos”.

Este es un blindaje para los negociadores del Gobierno, quienes no podrán ser procesados ni penal ni disciplinariamente con ocasión de su trabajo. El fiscal Eduardo Montealegre aclaró que la ley prorrogada no es para avanzar en la justicia transicional para las Farc.

Otro campanazo de la Corte Penal Internacional

En su informe del 2014, la Corte Penal Internacional (CPI), que persigue a los responsables de graves violaciones al DIH y los derechos humanos en el mundo, advierte que el proceso de paz de La Habana no puede generar impunidad frente a los graves crímenes.

“Cualquier acuerdo de paz al que se llegue, así como el marco jurídico para la paz, debe ser compatible con el Estatuto de Roma”, dice la fiscal Fatou Bensouda en su reporte, conocido por este diario.

EL TIEMPO