El delito político y el proceso de paz

El delito político y el proceso de paz

Las cosas en este proceso de paz deben ser dichas por su nombre, reconociendo sus límites.

El delito político y el proceso de paz
27 de noviembre de 2014, 11:13 pm

El proceso de paz está en vilo. No por el secuestro del general Rubén Darío Álzate y sus compañeros de cautiverio o por los asesinatos de los indígenas nasas en Toribío (Cauca), sino por la propuesta de ampliación del delito político del negociador en La Habana, Humberto de la Calle, y del presidente Juan Manuel Santos.

En Colombia, el delito político se ha referido a las acciones que pretenden derrocar al Gobierno Nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional. Estas acciones se han incorporado al Código Penal bajo la figura de la rebelión, la sedición o la asonada. La existencia de estas normas justificaría al Estado para indultar o amnistiar a las Farc, lo cual es pertinente frente a un proceso de paz.

Sin embargo, el asunto se complica cuando el negociador Humberto de la Calle pretende utilizar el ambiguo y etéreo Marco Jurídico para la Paz para ampliar el delito político, planteando ciertas conexidades generales con otros delitos. Las conexidades en caso de que existan tienen que darse de forma específica, pero no de forma general. En este sentido, los delitos de lesa humanidad y guerra que se hayan cometido en el proceso tienen que implicar alguna sanción, no necesariamente intramural, pero sanción al fin y al cabo. Las discusiones sobre el delito político deberán venir de las partes en el ámbito de las discusiones de justicia que tendrá la negociación.

En segundo término, los delitos comunes, como desaparición forzada de personas, narcotráfico, homicidio, torturas, extorsión, secuestros, desplazamientos forzados de población, entre otros, y delitos contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, como la esclavitud sexual, los tratos inhumanos, crueles y degradantes en persona protegida, el reclutamiento de menores, por citar algunos, no pueden ser validados de forma general y constituirse en un pilar principal del acuerdo para ponerle punto final al conflicto. Ampliarlo de forma general, llevaría a que actores diversos a las Farc pretendan entrar en el acuerdo. Debe aclararse que la posible ampliación del delito político es para y por la negociación. Del mismo modo, deben ser referidos de forma exclusiva al sempiterno conflicto armado colombiano entre gobierno y las Farc.

Enviar un mensaje a la ciudadanía en torno a la idea de que los delitos comunes, que no tengan que ver directamente con la guerra, puedan ser vinculados a los delitos políticos podría revivir lo acaecido con algunos narcotraficantes que quisieron ser vinculados a la desmovilización de los paramilitares en la década pasada, utilizando la Ley de Justicia y Paz.

El Gobierno tiene que precisar el camino final del proceso. Ni amnistías, ni indultos, ni autoamnistías serían opcionales por su proscripción en el derecho internacional. Sin embargo una salida en el marco del margen nacional de apreciación y en aplicación de los principios de la justicia transicional podría ser posible. Es necesario que el Gobierno manifieste claramente su posición para que los ciudadanos no sigamos con eufemismos.

Un acto de honestidad del Gobierno nos permitirá conocer si el proceso va por buen camino. Las cosas en este proceso de paz deben ser dichas por su nombre reconociendo sus límites.

 

Francisco Barbosa
PhD en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), historiador y profesor universitario.
Twitter: @frbarbosa74
margencultural.blogspot.com