17 ONG internacionales, contra el fuero militar

17 ONG internacionales, contra el fuero militar

Consideran que su ampliación da pie a la impunidad por abusos de derechos humanos.

24 de noviembre de 2014, 09:47 pm

17 organizaciones de derechos humanos estadounidenses, europeas y de otras latitudes sumaron fuerzas este lunes para expresar su profunda preocupación por los esfuerzos del gobierno colombiano para hacer aprobar en el Congreso leyes que ampliarían el llamado fuero militar.

“Vemos con profunda preocupación los renovados esfuerzos legislativos del gobierno colombiano que podrían negar la justicia por los abusos de derechos humanos –incluyendo las ejecuciones extrajudiciales– cometidos por miembros de la fuerza pública”, dicen las ONG entre las que figuran Amnistía Internacional, Wola, el Centro Robert Kennedy para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo para Latino América (LAWG).

Los firmantes se refieren en particular a los proyectos de ley 085 y 022, que actualmente están en trámite en Cámara y Senado.

El primero, dicen las ONG, ordena que un homicidio presuntamente cometido por un miembro de la fuerza pública deba ser juzgado por un tribunal militar.

“Dado que casos de ejecuciones extrajudiciales –incluyendo esos conocidos como “falsos positivos”– han sido imputados como homicidios en el pasado, la adopción de este proyecto de ley hace que sea probable que tales crímenes sean juzgados por un tribunal militar, los cuales han fracasado con frecuencia para entregar justicia por abusos de derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública”, sostienen en su comunicado.

Añaden que ya la ONU había advertido en el pasado que la adopción de tal reforma representaría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por Colombia para cumplir con las obligaciones contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El segundo (proyecto de ley 022 de 2014 del Senado) busca modificar la Constitución para que “infracciones” al derecho internacional humanitario y crímenes cometidos por miembros en servicio activo sean juzgados por tribunales militares, con la excepción de crímenes de lesa humanidad, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.

“Las ejecuciones extrajudiciales y otras de estas excepciones no son los términos usados en el código penal colombiano para tipificar estos crímenes, dejando abierta la posibilidad que tales crímenes sean procesados por los tribunales militares”, sostiene las ONG.

Además, añaden estas, “el proyecto de ley está redactado de tal forma que parece permitir que cualquier violación de derechos humanos no incluida en la lista de excepciones –tales como detenciones arbitrarias, trato cruel, secuestro o interceptaciones ilegales– sea automáticamente juzgada en tribunales militares, sin hacer mención de tortura, desaparición forzada y crímenes de violencia sexual, los cuales pueden equivaler a crímenes de guerra y, por lo tanto, también sean sujetos a la competencia de los tribunales militares”.

Las ONG también cuestionan un tercer proyecto, el 129 de la Cámara, que según estas busca aplicar el derecho internacional humanitario como el marco legal para juzgar los abusos cometidos por miembros de la fuerza pública en lugar de permitir que se aplique la ley de derechos humanos cuando sea apropiada.

“Este proyecto de ley estipula, de acuerdo al nuevo marco legal que establecería, un período de seis meses para revisar y transferir todos los casos en contra de miembros de las fuerzas armadas y la policía actualmente bajo la jurisdicción de los tribunales civiles a los tribunales militares, lo cual implica que todos los casos bajo disputa pasarían directamente al sistema penal militar una vez se acabe el periodo de revisión”, dicen los firmantes.

En su comunicado las ONG sostienen que las leyes, de ser aprobadas, socavarían los compromisos de no impunidad que guían las conversaciones de paz con las Farc al igual que las obligaciones internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario contraídas por el estado colombiano.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington